La represión violenta de las protestas dejó un saldo de dos jóvenes muertos y decenas de heridos. (Foto: Giancarlo Ávila/ GEC)
La represión violenta de las protestas dejó un saldo de dos jóvenes muertos y decenas de heridos. (Foto: Giancarlo Ávila/ GEC)
Lourdes Fernández Calvo


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La organización concluyó en su informe sobre lo acontecido en el país en noviembre pasado, que sí hubo graves abusos contra los manifestantes que protestaron contra la destitución del entonces presidente Martín Vizcarra y la designación de Manuel Merino.

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En el informe, al cual tuvo acceso El Comercio, se pide al presidente Francisco Sagasti, al Congreso y a la Comandancia General de la PNP promover reformas dentro de la institución para “garantizar que los agentes respeten el derecho a la reunión pacífica”. Al respecto, señalan que el Ministerio del Interior ha iniciado un proceso disciplinario contra un teniente general, un general y un coronel que ocupaban puestos clave durante las protestas.

“Hemos obtenido evidencias que indican que la policía empleó la fuerza de forma excesiva y negligente contra manifestantes que protestaban contra la altamente cuestionable destitución del presidente Vizcarra”, señala José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, en el reporte.

Para realizar el informe, la organización entrevistó a 76 personas, de manera presencial y por teléfono, entre ellos, víctimas, sus familiares, abogados, testigos y defensores de derechos humanos. Además, hubo reuniones con representantes del ministro del Interior, la Fiscal de la Nación y el actual comandante general de la PNP, general César Cervantes.

En base a las evidencias encontradas, HRW señala que la policía empleó, de manera reiterada, “una fuerza de excesiva contra los manifestantes”. Además, indican que luego de observar los videos en donde se ve a policías disparando directamente a la multitud, “se puede concluir que los agentes emplearon armas antidisturbios de forma irresponsable y peligrosa”.

Añaden que las evidencian indican de manera sólida y creíble que la policía usó escopetas calibre 12 para disparar perdigones de plomo y canicas de vidrio directamente contra manifestantes, en violación de sus propios protocolos, que prohíben el uso de esas municiones.

El informe señala: “Al parecer, serían proyectiles individuales, los cuales podrían ser canicas, puesto que reflejan la luz y no parecen dispersarse como lo harían los perdigones. Asimismo, los médicos recuperaron de los cuerpos de las víctimas canicas y fragmentos de metal que parecen ser plomo, según dijo a Human Rights Watch el fiscal superior coordinador del subsistema de derechos humanos y terrorismo de la Fiscalía de la Nación”.

La organización también señala que la Fiscalía les informó que la policía no confiscó ningún arma a los manifestantes. Además, ninguno de los 39 manifestantes y testigos que entrevistaron dijo haber visto armas en manos de otros manifestantes y en ninguno de los 200 videos que analizaron se ve a manifestantes armados.

HRW señala también que, pese a que el general Cervantes indicó el 26 de noviembre que se había solicitado un análisis de balística para determinar si se pueden disparar canicas de vidrio y perdigones de plomo con las escopetas calibre 12 de la policía, los resultados no se dieron a conocer hasta ahora.

Uno de los casos que registró HRW fue el del fotógrafo de El Comercio, Alonso Chero, a quien un grupo de policías le disparó cuando cubría la marcha del pasado 12 de noviembre. A Chero lo tuvieron que operar y le extrajeron una canica de vidrio.

Esta canica fue la que tuvieron  que extraer de la espalda del fotógrafo Alonso Chero.
Esta canica fue la que tuvieron que extraer de la espalda del fotógrafo Alonso Chero.

Además, Human Rights Watch documentó nueve casos de víctimas presuntamente impactadas por perdigones de plomo. En algunos casos, la multiplicidad de heridas apunta a que los perdigones fueron disparados a corta distancia.

Las recomendaciones

Entre sus recomendaciones al Estado peruano, están el asegurar una rendición de cuentas a través de procesos penales y disciplinarios por los abusos policiales ocurridos durante las marchas; reformar el sistema disciplinario de la policía; así como revisar los protocolos, las prácticas, los equipos y la capacitación de la policía en las marchas.

Además, sugieren que se prohíba la presencia de policías vestidos de civil para infiltrar las protestas y detener a manifestantes, conocidos como agentes Terna.

HRW también recomendó otorgar reparaciones a las víctimas de violencia estatal durante las protestas de las marchas de noviembre.

Al gobierno del presidente Sagasti:

• Presentar proyectos de ley al Congreso para: (1) reformar el sistema disciplinario policial a fin de asegurar su independencia y transparencia; y (2) derogar leyes que protejan las actividades policiales abusivas, incluyendo la “Ley de Protección Policial” de 2020 y la reforma de 2014 al Código Penal que establece una inmunidad legal para los policías que maten o lesionen personas en “cumplimiento de su deber”.

• Otorgar reparaciones a las víctimas de violencia estatal durante las protestas de noviembre.

• El Ministerio del Interior y la Inspectoría General de la Policía deben asegurar investigaciones disciplinarias exhaustivas para que rindan cuentas los policías que hayan cometido abusos durante las protestas de noviembre y los comandantes que puedan haber ordenado los abusos o que puedan tener responsabilidad, en virtud del derecho peruano, por no haber adoptado medidas adecuadas para prevenir delitos o asegurarse de que los responsables sean llevados ante la justicia.

• El Ministerio del Interior y la comandancia de la Policía deberían crear un programa piloto en el cual los policías autorizados a emplear armas menos letales o letales utilicen cámaras corporales que graben y almacenen transmisiones de audio y video junto con sus coordenadas de GPS. Las autoridades deben desarrollar normas claras sobre el uso de esas cámaras, que eviten que los policías alteren las grabaciones y los datos y permitan que las imágenes sean puestas a disposición de los órganos investigativos y los afectados, asegurando la protección de la privacidad de las personas que sean objeto de las grabaciones, en particular de las víctimas de violencia y los niños y niñas.

A la Fiscal de la Nación:

• Los fiscales deben garantizar la rendición de cuentas en el ámbito penal por los abusos policiales cometidos durante las protestas de noviembre de 2020; entre otras medidas, priorizando las dos investigaciones en curso sobre el rol que tuvieron las autoridades civiles y policías en las violaciones de derechos humanos. Los fiscales deben investigar a los policías directamente involucrados en estos abusos, así como a los comandantes de las unidades y a los comandantes a cargo de los operativos que puedan haber ordenado los abusos o que puedan tener responsabilidad, conforme al derecho peruano, por no haber adoptado medidas adecuadas para prevenir delitos o asegurarse de que los responsables sean llevados ante la justicia.

• La Fiscal de la Nación debe asegurarse de que, cuando se prevean grandes manifestaciones, los fiscales inspeccionen los equipos y las municiones de la policía antes del despliegue de los agentes; que los fiscales estén presentes en las comisarías para garantizar que las detenciones se lleven a cabo conforme a derecho y, si hay personas heridas, que los fiscales también estén presentes en los hospitales.

A la comandancia general de la policía:

• El comandante general de la policía debe retirar de las calles a los comandantes de unidades que se hayan visto implicados de forma creíble en abusos, así como a los policías que utilizaron escopetas de perdigones en las áreas donde manifestantes resultaron heridos por municiones prohibidas y a los agentes acusados de disparar armas de gases lacrimógenos directamente contra los manifestantes.

• El comandante general debe prohibir el despliegue de policías vestidos de civil para que se infiltren en las protestas y arresten a manifestantes. La policía debe usar placas identificatorias más grandes durante operativos en manifestaciones y garantizar que estas sean claramente visibles y no se encuentren tapadas por los protectores corporales.

• La policía debe comenzar a grabar las llamadas de índole laboral que se entablen entre los agentes durante operativos en manifestaciones. Esas grabaciones deben ponerse a disposición de los fiscales y los investigadores del sistema disciplinario de la policía.

• La policía debe revisar sus protocolos y procedimientos a fin de controlar mejor las municiones utilizadas por cada agente.

El informe completo aquí

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