Un año ha transcurrido desde que las autoridades peruanas lograron detener el envío de siete lingotes de oro que valen S/6,9 millones y tenían como destino la India.
Las primeras tres barras se inmovilizaron el 9 de setiembre del 2019, en los almacenes aduaneros de Talma. Pesaban más de 28 kilos y valían S/3,4 millones. Aparentemente, con todas las de la ley, Exportaciones Rosas y Ruiz del Perú EIRL pretendía enviar el oro a su comprador en el extranjero, la empresa Perth Internacional DMCC.
Diez días después, el 19 de setiembre de 2019, las autoridades fiscales y policiales regresaron a los almacenes de Talma por otros cuatro lingotes que Exportaciones Rosas y Ruiz del Sur EIRL estaba enviando a PP & SONS PTE. LTD. El oro pesaba más de 29 kilos y valía S/3,5 millones.
El nombre no era lo único parecido que tenían estas dos supuestas empresas mineras. También las conectaba la estrategia que aplicaron para intentar sacar este millonario cargamento.
En sus declaraciones juradas de procedencia del material aurífero, ambas señalaron que el oro provenía de la concesión minera Virgen del Carmen 2005A, ubicada en Acari, uno de los distritos de la provincia arequipeña de Caravelí.
Cleiver Evelio Ruiz Saavedra (titular de Exportaciones Rosas y Ruiz del Perú) y Mary Carmen Lucero Rosas Rodríguez (titular de Exportaciones Rosas y Ruiz del Sur) dijeron ser propietarios de esta concesión.
Era falso. El dueño –como fue acreditado en la investigación fiscal– es el Grupo Minero Fénix SAC. La titularidad de esta concesión le corresponde a esta empresa desde el 10 de octubre del 2006.
Con esta evidencia, las supuestas mineras cambiaron su versión diciendo que contaban con un contrato de explotación, que se concretó en una notaría de Chorrillos el 4 de diciembre del 2019. El Grupo Minero Fénix SAC lo negó y también lo hizo la notaria Gisella Patricia Jara Briceño, quien dijo que su firma y sello fueron falsificados.
Adicional a estas declaraciones falsas y contratos adulterados, los representantes del Grupo Minero Fénix SAC, en calidad de testigos, explicaron que la concesión Virgen del Carmen 2005A es de cobre. Entonces, ¿de dónde salió el oro?
Para la 3° Fiscalía Provincial Penal Transitoria de Extinción de Dominio de Lima, a cargo del fiscal Jesús Aguirre, todas las evidencias acopiadas durante la investigación apuntan a que ambas empresas tienen nexos con la minería ilegal.
Las sospechas incrementaron porque una de estas empresas cambió su domicilio fiscal al tercer piso de un edificio en la urbanización Pando, en el distrito limeño de San Miguel. Ese también es el domicilio fiscal de Exportadora Helarr EIRL, una empresa que también es investigada en el Ministerio Público por sospechosas exportaciones de material aurífero.
-UNA FORTUNA BRILLANTE-
Antes de la inmovilización de los siete lingotes, las empresas investigadas habían logrado enviar al extranjero en pocos meses más de US$15,2 millones en oro.
Según los informes periciales, los envíos Exportaciones Rosas y Ruiz del Perú entre marzo y abril del 2019 fueron de menos a más. Habían arrancado con un cargamento de 10 kilos.
Al parecer, con el éxito de esta primera exportación ganaron confianza y se aventuraron a incrementar el volumen de exportación a 17 kg, 20 kg y a cerca 30 kg de oro. Los envíos eran semanales. En esos dos meses, Exportaciones Rosas y Ruiz del Perú sacó del país US$ 8 millones en oro. En el caso de Exportaciones Rosas y Ruiz del Sur EIRL, los envíos en esos mismos meses sobrepasaron los US$ 7,2 millones.
Según el fiscal Jesús Aguirre, a cargo del caso, todos estos envíos concretados tuvieron como destinatarios también Perth Internacional DMCC y PP & SONS PTE. LTD, en la India. Son empresas procesadoras de oro. Sus joyas se venden en los mercados más exclusivos de Asia.
Ambas empresas, que fueron creadas con un capital de S/2.500, consiguieron exportaciones millonarias que, según la investigación fiscal, no se justifican por lo que además del delito de minería ilegal existen fuertes indicios de enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
“Sin duda alguna, las siete barras provienen de la minería ilegal, pero hasta ahora no se sabe con exactitud de dónde se extrajo el oro. Las empresas no lo han confesado”, explica el fiscal Jesús Aguirre y cree que es muy sospechoso que ni las empresas ni sus representantes registren bienes o propiedades inscritas.
En los últimos días, el Juzgado Especializado en Extinción de Dominio del Callao ha sentenciado a favor del pedido fiscal para extinguir los derechos de propiedad que ostentaban las empresas investigadas sobre las siete barra de oro. No llegaron a la India. Se quedaron en el distrito de San Isidro, dentro de una bóveda del Banco de la Nación.
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