La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales (SBN) informó que en el primer trimestre de este e 2021 recuperaron más de 2 millones de metros cuadrados de terrenos del Estado. Estos 7 predios ubicados en Lima, Ica, Áncash y Piura son parte de los más de 2 mil posesiones que administra la entidad adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que se encarga de gestionar, supervisar y registrar los predios públicos.
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En entrevista con El Comercio, el superintendente de la SBN, Armando Subauste Bracesco., detalla cómo viene trabajando la entidad para velar por los intereses del Estado y hacerle frente el tráfico de terrenos y la ocupación ilegal de estos espacios que sirven para construir colegios, hospitales, carreteras, etc.
-¿Qué estrategias emplea la SBN para recuperar los predios del Estado?
La SBN toma, en principio, la posibilidad legal que tiene para poder hacer recuperaciones extrajudiciales. La ley 30230 [que data del 2014] regula la recuperación extrajudicial de los bienes estatales y permite ejecutar acciones inmediatas para salvaguardar el patrimonio nacional. Una vez que se acredita la propiedad del bien, se coordina con la Policía Nacional para limpiar la zona invadida.
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-¿Cuáles son las metas de recuperación?
Cada año nos proponemos a recuperar un aproximado de entre 65 y 75 predios, esto lo hemos venido haciendo en los últimos tres años. En el 2020, inclusive con la lamentable pandemia, pudimos recuperar 71 predios, y este 2021 ya tenemos recuperados 7 que suman más de 2 millones de metros cuadrados. Para este año, la proyección es recuperar cerca de 4 millones de m2.
-Además de la PNP, ¿con qué otras instituciones se coordinan y en qué consiste el trabajo multisectorial?
Si son predios bajo la administración de la SBN somos nosotros, a través de nuestra procuraduría pública y la PNP, no interviene ninguna otra entidad.
-Aproximadamente, ¿cuántos predios maneja la institución?
Tenemos, en estos momentos, un portafolio de más de 2.500 predios públicos que son los que están bajo nuestra administración y que se encuentran inscritos. Perú tiene un gran porcentaje de predios sin inscribir y la ficción legal es que todo aquello que no esté inscrito y que no tiene propietario se reporta del Estado y nosotros también vamos en defensa de esos predios. Es labor de la entidad, inmatricular (inscribir la propiedad) esos predios y pasarlos al domino del Estado, comprobando que no haya un titular privado sobre él.
-Usted mencionó que todavía hay una gran parte de predios que no tienen registro, cómo se está trabajando en eso...
Nosotros hacemos por año varias campañas de inmatriculación. Lamentablemente, el presupuesto no es el suficiente para hacer todo en un mismo momento, pero vamos avanzando. Por ejemplo, en estos tres últimos años hemos ido a sanear gran parte de Moquegua, Lima, Trujillo, Piura y vamos expandiendo, digamos, la posibilidad de inmatriculación.
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-¿Cuál es la política de la SBN para compartir información sobre estos terrenos?
El Portafolio de Predios del Estado (PPE), es un servicio público y gratuito. Allí los usuarios ven un mapa en el que encuentran los predios del Estado, inscritos y libres. El PPE se hizo público porque en nuestra visión el hecho de tener ocultos los terrenos del Estado genera corrupción y genera más tentación de invasión, el traficante de tierras, en principio, está bajo el supuesto que nadie protege los predio, que nadie lo tiene a la vista. Nosotros cambiamos la filosofía y usamos la estrategia de exhibir para proteger.
Vale indicar que el PPE es un servicio que cruza información con la Reniec, ya que para acceder al sistema el usuario debe colocar su número de DNI y como contraseña, el distrito asignado en su documento de identidad. Actualmente, se contabilizan 2.611 predios administrados por la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales.
-¿Cómo se maneja el tema de las invasiones?
Estos predios nos pertenecen a todos los peruanos y a quien invade un predio, lamentablemente, hay que desalojarlo. La forma de obtener vivienda no es tomar un predio del Estado de esta manera, hay otros mecanismos. Hay brechas, sí, y el sector Vivienda se viene encargando de reducirlas. El delito de usurpación agravada que tiene una pena de entre 5 y 12 años.
-¿Ustedes como entidad adscrita al Ministerio de Vivienda son parte de las mesas de diálogo, procesos de reubicación?
Normalmente en los predios que nosotros desalojamos no hay circunstancias que manifiestan lo ocurrido en el Morro Solar (Chorrillos) o en Lomo de Corvina (VES) en los que hay un supuesto de necesidad. Cuando nosotros recuperamos los predios, normalmente se hace por tráfico de terrenos y encontramos gente que ya cuenta con una vivienda o que son engañados para comprar esos terrenos.
-Entonces, el tema de fondo es enfrentar a las mafias...
La procuraduría pública de la SBN tiene vasta experiencia en ese tema. No se pueden compartir las estrategias, pero sí estamos encima de ellos [de los traficantes] y trabajamos muy de cerca con la Policía Nacional. Creo que lo estamos haciendo bien, no sé si sea lo extraordinario, pero hemos recuperado terrenos y estamos combatiendo a estas mafias, sí lo hacemos.
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