Por Mayté Ciriaco
A más de cuatro meses de haberse destapado el Caso ‘Vacunagate’, donde se reveló que más de 470 personas recibieron dosis de Sinopharm de manera irregular a finales del 2020, no se han dado las sanciones a la mayoría de involucrados. En el informe realizado por una comisión investigadora liderada por Fernando Carbone, se recomienda que cada entidad e institución aplicara las sanciones correspondientes, pero no todas cumplieron.
La Unidad de Periodismo de Datos de El Comercio detectó que, al menos 120 involucrados aún no reciben las sanciones recomendadas. Unos 40 de estos involucrados sin sanción incluso se volvieron a vacunar, como Hugo García Lescano, investigador del Instituto de Ciencias Neurológicas, quien ha recibido cinco dosis de vacunas; y los funcionarios María Solis Castro y Rommell Gonzalez Seminario, quienes se encuentran realizando una especialidad en la Dirección Nacional de Epidemiología del Minsa y han recibido cuatro dosis de vacuna cada uno.
¿Próximos resultados?
En el Ministerio de Salud (Minsa), de los más de 50 implicados, los funcionarios de confianza fueron separados de sus cargos, pero al menos 14 funcionarios con otro tipo de vínculo laboral continúan, pese a que “infringieron sus deberes”, según el informe Carbone.
“Este grupo de 14 son aquellos a quienes tienen que hacerse procesos administrativos disciplinarios como parte del debido proceso, dado que se trata de personal con vínculo laboral de naturaleza permanente, nombrados y personal CAS a plazo indeterminado”, explicaron desde el Minsa a este Diario.
Tanto los funcionarios separados como el personal que aún mantiene su vínculo laboral se encuentran en un proceso de investigación que acaba de culminar en una etapa preliminar y que se elevará, durante los próximos días, a la autoridades y funcionarios correspondientes. Ellos tienen la misión de revisar la investigación y determinar el grado de responsabilidad de cada una de las personas implicadas y sus respectivas sanciones. Los resultados deberían conocerse en los próximos días.
“En el supuesto que se determinaran presuntas responsabilidades, se tendrá aproximadamente 3 meses de duración para emitir una resolución final”, especificaron. Las sanciones pueden ir desde la suspensión, que puede variar entre un día y 365 días, hasta la inhabilitación para ejercer o servir en función pública durante cinco años.
La carrera diplomática
A esto se suman los siete funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores quienes tampoco tienen sanción. Si bien presentaron su carta de renuncia tras el escándalo, continúan en la carrera diplomática.
“Todos los funcionarios implicados (diplomáticos y administrativos) fueron relevados de los cargos que ostentaban. Sin embargo, continúan en actividad, por lo que siguen percibiendo las remuneraciones que les corresponden”, explicó dicho ministerio.
A pesar de que en el informe Carbone se anexan material y elementos probatorios para iniciar un proceso administrativo, la mayoría de entidades e instituciones iniciaron investigaciones preliminares para encontrar más pruebas. Recién el 13 de mayo de 2021, 79 días después de que la comisión Carbone entregara su informe, la Comisión Disciplinaria del Ministerio de Relaciones Exteriores inició los procesos administrativos disciplinarios (PAD) correspondientes contra los funcionarios diplomáticos involucrados en el caso.
Según informó este ministerio, la comisión aún se encuentra realizando los respectivos procesos. Su normativa establece que el plazo de investigación es de 70 días hábiles desde el inicio del PAD. Es decir, recién en 34 días hábiles, el 23 de agosto, se cumple el plazo para resolver las sanciones de estos funcionarios. Desde el ministerio aseguraron que “dada la trascendencia del caso, se espera que la Comisión Disciplinaria presente sus informes antes de dicho plazo”.
La Cancillería también explicó que se les iniciaron los respectivos procesos administrativos considerando que las “supuestas” faltas son graves. Por ello, de hallarse responsabilidad, las probables sanciones podrían ir desde la suspensión hasta la destitución, dependiendo del grado de responsabilidad que determine la Comisión Disciplinaria. “En el caso de la servidora administrativa, el informe de precalificación halló presunta responsabilidad por faltas funcionales cuya sanción podría ir desde una amonestación escrita a una suspensión”, afirmaron.
Los involucrados del Colegio Médico
Por su lado, los colegios profesionales también iniciaron procesos administrativos contra el personal médico tras el destape del Vacungate. En el caso del Colegio Médico, se identificaron 115 médicos involucrados. El Consejo Regional de Lima ha sido el encargado de realizar las investigaciones para determinar quiénes serán procesados y finalmente sancionados. No obstante, estas aún no concluyen. El doctor Pedro Ruiz, Decano Encargado del Consejo Regional de Lima y miembro del Comité de Ética, explicó que debido a que aún se encuentran investigando no es posible brindar declaraciones al respecto. “La información se encuentra en reserva”, aseguró.
En una entrevista brindada a este diario a fines de febrero, el doctor Miguel Palacios, Decano del Colegio Médico explicó que en la etapa sancionatoria existen dos instancias y la resolución dada en la primera puede ser apelada en la segunda, por lo que el proceso puede tardar. Algunos casos grandes se han demorado en resolverse ocho meses e incluso un año. No obstante, aseguró que todo el equipo de asesoría jurídica está apoyando el caso para tener una resolución en tiempo razonable.
Mientras tanto, los médicos involucrados siguen ejerciendo y siendo parte del Colegio, e incluso algunos de ellos recibieron nuevas dosis de vacunas de Sinopharm en el proceso regular. Uno de los casos más resaltantes es el del Vicedecano Ciro Maguiña quien continúa en su cargo y hasta la fecha ha recibido tres dosis de vacuna de Sinopharm: una en el proceso irregular y dos en el regular.
Hasta la fecha, los únicos con sanciones aplicadas han sido el expresidente Martín Vizcarra, y las exministras Pilar Mazzetti y Elizabeth Astete, quienes fueron inhabilitados por el Congreso. Aunque eso no impidió que Vizcarra se volviera a vacunar.
Los otros 99 involucrados sin sanción son parte del personal médico de colegios profesionales (Médico, de veterinarios, de enfermeras, entre otros) que no eran funcionarios del Minsa, pero sí figuraban como personal de estudio o consultores en la lista del ‘Vacunagate’.
Los que ya no están en sus cargos
Algunos de los inhabilitados o de aquellos que renunciaron a sus cargos también fueron nuevamente vacunados o se encontraban en el padrón del Ministerio de Salud: el exviceministro de Salud, Luis Suarez, quien recibió cuatro dosis; el exdirector General de la Oficina General de Cooperación Técnica Internacional del Minsa, Víctor Cuba, quien ya tiene cinco dosis de vacuna; y el ex director del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), quien hasta la fecha tiene tres dosis de vacunas.
El epidemiólogo e Investigador principal del Centro de Excelencia de Estudios Económicos y Sociales en Salud de la Universidad San Ignacio de Loyola, Edward Mezones Holguin, explicó que el caso de las personas que volvieron a inocularse es un problema multifactorial. En primer lugar, hasta ahora no existe evidencia científica que sustente la necesidad de una dosis de refuerzo en las vacunas de COVID-19. El tiempo que ha transcurrido no permite tenerla.
En segundo lugar, el cronograma aprobado por el Minsa se desarrolló para personas no vacunadas. No existe un cronograma o un protocolo específico para aquellos que recibieron una vacunación antes, no hay un protocolo que establezca si van a recibir una nueva dosis o nuevas dosis. El investigador aseguró que se está jugando sin tener evidencia o sobre suposiciones que muchas veces no son ciertas.
Finalmente, existe un tema de seguridad que se debe evaluar y es necesario esperar la evidencia. “Hay personas que han recibido tres, cuatro y hasta cinco dosis de vacunas. Hasta cierto modo, están experimentando con ellos mismos. Ahí hay un tema de responsabilidad y de ética”, declara Mezones, quien explica que en medio de un proceso de vacunación, en países con escasez como el Perú debería primar la solidaridad. Sin embargo, el investigador afirma que “lamentablemente, aquí hay mucho egoísmo, probablemente sustentado en temores, miedos y desconocimiento. Y hay un problema ético enorme”.
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