Hoy se cumplen tres años de la deflagración de gas que dejó 34 fallecidos, once heridos graves y decenas de damnificados en el distrito de Villa El Salvador. Aproximadamente a las 6:45 de la madrugada, un camión-cisterna de Gas Licuado del Petróleo (GLP) golpeó un desnivel en el cruce de las avenidas Villa del Mar y Mariano Pastor Sevilla. En tan solo minutos, la nube de gas rodeó al vehículo y cubrió hasta 200 metros de la Av. Villa del Mar.
La tragedia fue casi inmediata. El fuego arrasó con todo lo que vio a su paso, desde el extremo más lejano de la cisterna. Las llamas calcinaron casas por completo y dejaron a varios heridos con quemaduras graves en casi todo el cuerpo. A pesar de la gravedad, y de la rápida respuesta de las entidades competentes que iniciaron las investigaciones, las diligencias parecen haber quedado en el olvido.
El Comercio conversó con sobrevivientes y deudos de la deflagración, quienes revelaron su cansancio al no encontrar justicia para sus familiares fallecidos, además de no contar con el apoyo esperado para la adquisición de medicinas y la realización de las operaciones restantes de los que resultaron gravemente heridos. Temen que el caso sea finalmente archivado.
Una investigación a la deriva
Eran las 9:40 a.m. del mismo 23 de enero del 2020 cuando funcionarios del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) iniciaron las investigaciones del accidente ocurrido horas antes. Los inspectores llegaron al lugar para inspeccionar el camión-cisterna y conocer lo sucedido.
Para la 1:15 p.m., el chofer del camión-cisterna, Luis Guzmán Palomino, ya se había entregado a las autoridades. Tras eso, reveló que su vehículo impactó contra un desnivel en el cruce donde inmediatamente empezó a fugar el GLP.
Los entrevistados revelaron a este Diario que, en un inicio, las diligencias avanzaron a paso constante. A raíz de lo sucedido, el Ministerio Público abrió dos carpetas fiscales. La primera correspondía a los delitos de daños, omisión de actos funcionales y peligro común. La segunda se basa en los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas.
En diciembre del 2021, casi dos años después del siniestro, la primera carpeta fiscal (n° 315-2020) fue archivada por el Segundo Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Villa El Salvador. La decisión se tomó al no encontrar los elementos de convicción suficientes para determinar que los acusados hayan actuado de manera deliberada.
Los involucrados
El accidente revela una serie de falencias por parte de diferentes actores. En primer lugar, está presente la empresa Transgas LG, administrada por Luis Guzmán Escriba, dueña del camión-cisterna accidentado. Este, que originalmente era un furgón de carga, fue modificado para abarcar un contenedor de hasta 2.500 litros de GLP. El vehículo no cumplía con los requisitos establecidos por el reglamento de seguridad para la instalación y transporte del GLP.
Otra entidad involucrada en las investigaciones es la Municipalidad de Villa El Salvador. El desnivel con el cual chocó el camión-cisterna ya había sido alertado por los vecinos, luego de ver cómo múltiples vehículos golpeaban su chasis contra este.
Otro actor identificado por los vecinos es Osinergmin, entidad que debió regular las operaciones de la unidad de Transgas LG, empresa que ya había sido clausurada previamente el 2018, pero continuó operando de manera clandestina.
El chofer del vehículo, padre del dueño y gerente general de Transgas LG, sumaba hasta 83 infracciones de tránsito, incluyendo faltas graves y muy graves, según denunció un reportaje del portal de investigación Convoca.
El olvido de las víctimas
Los afectados revelaron a El Comercio que, con la llegada de la pandemia, el proceso se paralizó por completo. “Yo creo que lo que buscan es aburrirnos”, comentó José Asto, uno de los sobrevivientes que perdió a su esposa e hijo, luego de contar que el proceso legal se ha visto trabado constantemente.
Según indican los entrevistados, en junio de este año se resolverá si se archiva la segunda carpeta fiscal, la cual incluye al conductor del camión-cisterna, a Transgas LG y a la Municipalidad de Villa El Salvador.
Ellos temen que el caso sea archivado, sin que los responsables sean identificados. Por mientras, son ellos mismos quienes deben asumir los costos de las medicinas y de vivir con las cicatrices, físicas y mentales, que les dejó aquel accidente. El pedido en común, a tres años de la deflagración, es uno: que se haga justicia.
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