Los vecinos de San Isidro iniciaron el proceso para la revocatoria del alcalde del distrito, Augusto Cáceres Viñas (Acción Popular), y seis de los nueve regidores del concejo. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya remitió el kit electoral y los promotores de esta medida esperan recibir pronto los planillones y otros documentos previos a la recolección de firmas.
Los concejales incluidos son la teniente alcaldesa, Patricia Lazo, así como los regidores Eduardo Salgado, Úrsula Talavera, Claudia Miraglia, María Inés García Calderón, todos de Acción Popular; y Nancy Vizurraga, del partido Perú Patria Segura.
En la solicitud de revocación, presentada el pasado 16 de octubre, se enumeran cinco motivos:
- Gestión municipal deficiente
- Incumplimiento de promesas de campaña
- Omisión del deber de fiscalización
- Descuido de áreas verdes
- Falta de concertación con los vecinos.
De acuerdo con el padrón electoral de las últimas elecciones municipales y regionales, en San Isidro hay 76.902 votantes. Para que la consulta popular sea convocada se requieren las firmas del 25% de electores; es decir, 19.225 adherentes.
Esta semana, El Comercio solicitó una entrevista con el alcalde de San Isidro a través de la Gerencia de Comunicaciones del distrito, pero al cierre de esta edición no había respuesta.
Quien sí respondió fue la teniente alcaldesa, Patricia Lazo. Ella dijo que Cáceres y el concejo están “trabajando muy bien, con una gestión limpia y honesta” en estos casi dos años de gestión.
“No tengo nada de qué preocuparme. Si hubiera algo que me llamara la atención, sería la primera en protestar”, agregó.
Una posición similar es la de la regidora Úrsula Talavera. “Este es un proceso democrático que deciden los vecinos. No tengo ningún temor, porque hacemos nuestro trabajo de fiscalización, legislación y representación”, expresó.
—Los motivos—
Luis Jaime Leguía Vesgas es residente de San Isidro desde 1975 y uno de los vecinos que firmaron la solicitud. “El principal problema, y te lo pueden decir un montón de vecinos, es que esta gestión hace las cosas sin consultar nada a nadie. No existe ningún tipo de diálogo, además de todas las compras y servicios sobrevaluados”, indicó.
En tanto, Juan Carlos Salazar, representante de la junta vecinal de Orrantia, señaló que se sentían “contrariados y atacados” por la gestión de Cáceres. “Como juntas no tenemos ningún tipo de representatividad, porque no se nos considera ni toma en cuenta para ninguna decisión”, expresó.
Algunos integrantes de las juntas vecinales han referido que desde enero no se ha vuelto a convocar a la sesión de delegados vecinales del distrito, instancia en la que deberían discutirse asuntos locales importantes. “Hace más de dos meses enviamos una solicitud firmada por 16 juntas vecinales, pero no hay respuesta. ¿Cómo vamos a discutir los problemas que afronta San Isidro”, remarcó uno de ellos.
En las últimas semanas, este Diario publicó una serie de reportajes sobre el manejo de áreas verdes en San Isidro, otra de las causales que exponen los vecinos para la revocación de su alcalde.
A inicios de octubre, se denunció el desembolso de S/34.200 que hizo la gestión de Cáceres Viñas para el sospechoso alquiler de 12 cortadoras de césped. Días después, el subgerente de Gestión Ambiental de San Isidro, Henry Túpac, fue destituido por el frustrado arriendo.
Además, El Comercio reveló que el municipio distrital gastó casi S/22 mil en 55 árboles de quina, una especie que no crece en Lima. Cada planta cuesta entre S/20 y S/60, pero la comuna pagó casi S/400. Estas no se exhiben en parques del distrito y tampoco están en el vivero. La gestión de Cáceres no ha respondido sobre este asunto pese a nuestra insistencia.
Antes de ello, en agosto, este Diario mostró que la ciclosenda destinada a conectar el malecón de San Isidro con el de Miraflores presentaba problemas de diseño que podrían ocasionar accidentes de ciclistas y peatones.
Al respecto, el regidor Gustavo Massa (Acción Popular) dijo que, en sesión de concejo, pidió formalmente los documentos que justificaran los mencionados proyectos de obras públicas, pero hasta ahora no ha recibido respuesta.
Cáceres Viñas también ha sido cuestionado por la demolición, en julio, del mercado de San Isidro, que es el único centro de abastos de ese tipo en el distrito. Esta acción generó el rechazo de los comerciantes y una gran controversia en la opinión pública. En tanto, la fiscalía abrió una investigación preliminar al burgomaestre por abuso de autoridad.
Por otro lado, Segundo Prieto, representante titular de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo del municipio San Isidro desde marzo del 2019, cuestionó el manejo que la gestión de Augusto Cáceres ha tenido durante la pandemia.
“Las condiciones de trabajo no han sido las ideales. Por ejemplo, se ofreció entregar mascarillas N95 para los serenos que patrullan las calles, pero casi ninguno las recibió. Ellos han estado trabajando con las [mascarillas] de tela y tampoco se las ha capacitado para protegerse adecuadamente del virus. Y así como este, hay muchas situaciones adversas”, destacó.
—El proceso—
Si los vecinos de San Isidro alcanzan las 19.225 firmas, estas deberán pasar un proceso de depuración en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Según el calendario electoral, la revocación sería en octubre del 2021.
Si Cáceres es destituido, la teniente alcaldesa Patricia Lazo debe reemplazarlo. Si ella también es revocada, el cargo será asumido por un regidor, de acuerdo con un orden ya establecido por la normativa municipal. Las demás plazas en el concejo del distrito se irán completando con los accesitarios.
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