Durante la pandemia del coronavirus, fueron miles quienes perdieron la vida en los Estados Unidos producto de esta mortal enfermedad, pero en medio de la tragedia Danielle Miller se las ingenió para suplantar identidades y conseguir apoyo del gobierno como afectada por este mal. La mujer recibió importantes sumas de dinero con las cuales no solo se dio la gran vida, sino las lució en redes sociales haciéndose influencer hasta que fue descubierta y su historia dio la vuelta al mundo.
Hoy sabemos que Miller robó un total de 10 identidades para acceder al apoyo del gobierno y cuando fue descubierta y arrestada confesó en los tribunales que le sacó al gobierno un total de 1.5 millones de dólares, los cuales despilfarró en una vida ostentosa como si de una millonaria se tratara.
El New York Magazine la entrevistó y confesó que lo que hizo fue conseguir préstamos devenidos del programa de ayuda a personas que quedaron sin empleo producto del azote de la COVID-19: “honestamente, me considero más una estafadora que nada”, dijo con mucha soltura.
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El “método” de Danielle
Su método era “simple”: robar 10 identidades para luego abrir cuentas bancarias con sus nombres, para luego inscribirse al registro de personas afectadas por la pandemia y acceder a los préstamos orientados para pequeñas empresas.
El New York Post estimó que lo robado superaba con creces el millón de dólares. Pero ¿en qué usó el dinero Danielle Miller? Simple, lo gastó comprando artículos de lujo, entre los que destacan zapatos Dior, bolsos Louis Vuitton, relojes Rolex, pero también irse de viaje a destinos paradisiacos, pero instaladas en los lugares más exclusivos.
Aceptó todos los cargos
Pronto, se dio cuenta que su estilo de vida lujoso atraía muchos seguidores, por lo que Instagram fue la plataforma escogida para mostrarse al mundo de la forma la ruidosa posible, lo cual le valió sumar en su momento más de 30 mil seguidores.
Al ser descubierta, Miller no dudó en declararse culpable de todos los delitos de los que fue acusada, por lo que fue condenada a seis años de cárcel, además del compromiso de devolver 1.3 millones de dólares que el gobierno de los Estados Unidos pudo recuperar.
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