Cuando Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos en 2017, la política migratoria se convirtió en uno de los temas más controvertidos de su administración. Conocido por su postura severa respecto a la inmigración, Trump prometió durante su campaña de 2024 implementar medidas aún más estrictas para frenar la llegada de inmigrantes indocumentados, especialmente desde México y Centroamérica. Su enfoque ha incluido desde la construcción de un muro fronterizo hasta el uso del ejército para ejecutar deportaciones masivas. A tan solo un mes de asumir su segundo mandato, la incertidumbre sobre el futuro de millones sigue siendo una preocupación central.
Una de las promesas más destacadas de Trump para su segundo gobierno es la intensificación de las deportaciones, una medida que no solo afecta a inmigrantes de México y Centroamérica, sino también a aquellos provenientes de otras regiones. En su campaña, el presidente electo insistió en que la seguridad nacional y la seguridad pública serían sus principales prioridades, y que los inmigrantes indocumentados que representaran una amenaza serían deportados de inmediato. No obstante, expertos en migración advierten que la ejecución de estas políticas no será sencilla y dependerá de varios factores, entre ellos los recursos económicos y humanos con los que cuente su administración.
¿CUÁNTOS MEXICANOS Y CENTROAMERICANOS INDOCUMENTADOS SERÍAN DEPORTADOS?
Según Manuel Orozco, director del programa de Migración, Remesas y Desarrollo de la organización Diálogo Interamericano, se espera que, en su segundo mandato, Donald Trump lleve a cabo deportaciones masivas que afectarán a alrededor de 150,000 personas de México y Centroamérica. Esta cifra, revelada durante un foro en el que participó Orozco, incluye a 65,000 mexicanos, quienes representan la mayor parte de los deportados en relación con el total de inmigrantes de estas regiones que viven en situación irregular en Estados Unidos. Orozco, además, señaló que estas deportaciones forman parte de una estrategia más amplia, pero también subrayó que la forma en que se ejecutarán dependerá de los recursos y de la disposición política para hacerlo.
El experto aclaró que, aunque la deportación masiva fue uno de los pilares de la campaña de Trump, una vez en el poder, su administración adoptará una postura más pragmática respecto a la ejecución de sus promesas. Orozco destacó que el principal reto no radica en la probabilidad de que se cumpla con su promesa, sino en la manera en que se llevará a cabo. En este sentido, precisó que la implementación de deportaciones será compleja debido a los desafíos burocráticos y a la enorme carga de trabajo que implicará gestionar una ola migratoria que ha alcanzado cifras históricas en los últimos años.
Otro factor relevante que Orozco mencionó es la postura del llamado “zar de la frontera”, Tom Homan, quien ha indicado que las deportaciones se concentrarán en aquellos inmigrantes indocumentados que sean considerados una amenaza para la seguridad nacional o pública. Sin embargo, Homan no ofreció detalles sobre los criterios específicos que se usarán para determinar quiénes serán deportados y en qué orden. Esta ambigüedad ha generado preocupación tanto en los inmigrantes como en las autoridades de los países de origen, ya que aún no se sabe con certeza cuántas personas serán afectadas y cómo se llevará a cabo el proceso.
Por otro lado, el vicepresidente entrante, JD Vance, mencionó que las deportaciones podrían comenzar con un millón de personas, aunque tampoco dio detalles específicos sobre cómo se implementará esta medida. Las declaraciones aumentaron la incertidumbre, ya que implican que el número de deportados podría ser mucho mayor al estimado por Orozco, lo que tendría un impacto significativo tanto en las comunidades migrantes como en las relaciones internacionales de Estados Unidos con México y los países centroamericanos.
Además, Orozco señaló que el equipo que rodea a Trump en su segundo mandato es “bastante heterogéneo”, pero existe consenso en su perspectiva de castigar la irregularidad. Este enfoque se traduciría en un endurecimiento de las políticas migratorias, con un mayor control sobre las fronteras y la expulsión de aquellos que se encuentren en el país de manera ilegal. A su vez, el experto indicó que este enfoque podría generar una “gran presión sobre el sistema burocrático”, debido a que la administración de Joe Biden enfrentó en los últimos cuatro años la mayor ola migratoria registrada en la historia reciente, con casi 12 millones de personas que ingresaron de manera irregular a Estados Unidos, incluyendo migrantes de diversas nacionalidades como Cuba, Venezuela, Haití, Ucrania, Rusia y China.
A pesar de las promesas de Trump y la clara intención de aumentar las deportaciones, los expertos coinciden en que la ejecución de estas políticas no será sencilla. La cantidad de recursos necesarios, el desafío logístico y la necesidad de justificar las deportaciones ante la opinión pública y la comunidad internacional podrían frenar en cierta medida la magnitud de las deportaciones proyectadas. Sin embargo, las acciones que se tomen en los primeros meses de su segundo mandato serán cruciales para entender el alcance real de las deportaciones y las implicaciones para millones de migrantes que actualmente viven en Estados Unidos sin estatus legal.
