Durante más de una década, ha habido un debate acalorado sobre qué es exactamente Julian Assange: informante, periodista o espía.
Esta pregunta tendrá que ser respondida finalmente ahora que Estados Unidos presentó 17 nuevas acusaciones bajo la Ley de Espionaje contra Assange por recibir y publicar información de la ex analista de inteligencia militar Chelsea Manning.
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En total, Assange enfrenta 18 cargos en Estados Unidos.
El gobierno de Donald Trump cruzó la línea que muchos aconsejaban evitar, y puede haber desencadenado el caso de libertad de prensa más importante en Estados Unidos en casi 300 años.
Si bien el rol de Assange ha sido ampliamente debatido, lo que hizo WikiLeaks al publicar información es un componente común del periodismo.
De hecho, las demandas más conocidas de la historia, como los intentos fallidos de detener la publicación de los Documentos del Pentágono (sobre la actuación de Estados Unidos en Vietnam) en 1971, se basaron en el argumento de que se trataba de evidencia clasificada.
Los partidarios de Assange dicen que sus publicaciones revelaron presuntos crímenes de guerra en lugares como Irak y Afganistán que probablemente no hubieran sido expuestos de otra manera.
Si fue un delito que Assange recibiera y publicara dicha información, gran parte del periodismo en Estados Unidos se convertiría en una empresa criminal de facto.
La polémica Ley de Espionaje
En abril, el gobierno de Estados Unidos evitó esta discusión y acusó a Assange solo de conspiración para cometer intrusión en una computadora, al ayudar a Manning a obtener acceso a las computadoras del Departamento de Defensa en el 2010.
Si bien el rol de Assange ha sido ampliamente debatido, sus acciones para publicar información clasificada en WikiLeaks son un componente común del periodismo, dice Jonathan Turley, profesor de Derecho de la Universidad George Washington.
Al presentar este cargo, el Departamento de Justicia se mantuvo al margen de procesarlo por sus publicaciones, sino más bien por intruso. Pero eso fue hasta el jueves.
Los cargos fueron presentados en virtud de la controvertida Ley de Espionaje de 1917. Aprobada después de la Primera Guerra Mundial, se usó para atacar a activistas antibelicistas y disidentes políticos.
La ley ha sido denunciada como inconstitucional debido a que criminaliza el recibir y publicar información clasificada.
No sorprende que el Departamento de Justicia haya tenido que usar esta ley tan ridiculizada para lograr este objetivo innoble.
De las acusaciones contra Assange, nueve se refieren a la publicación de “información de defensa nacional”.
El Departamento de Justicia se esfuerza por argumentar que Assange no es periodista y que los cargos por las publicaciones se refieren a la divulgación no solo de información clasificada, sino de nombres reales de fuentes de inteligencia.
Sin embargo, eso puede demostrar que Assange es un mal periodista, pero un periodista de todos modos.
Si tiene éxito, el Departamento de Justicia tendría la capacidad de procesar e investigar a una amplia gama de periodistas.
Este peligro se agudiza aún más en un gobierno encabezado por un presidente que habitualmente llama a la prensa “el enemigo del pueblo”.
Sin embargo, el peligro no comenzó con Trump. El gobierno de Barack Obama utilizó esta ley para vigilar a varios periodistas, incluido un reconocido reportero de Fox News.
Según reportes de medios, el gobierno de Obama rechazó aplicar la Ley de Espionaje contra Assange por reconocer el peligro para la libertad de prensa.
Ahora, Trump y el fiscal general William Barr han cruzado ese límite.
Tiempos precarios para periodistas
Las acusaciones también llegan en un momento particularmente precario para los periodistas de todo el mundo. Cada vez más reporteros están siendo arrestados y asesinados.
Algunos países como China y Rusia incluso han tomado el discurso de “noticias falsas” de Trump para reprimir a la prensa.
El príncipe heredero de Arabia Saudita está acusado de ordenar el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, aunque ha sufrido pocas consecuencias por parte del gobierno de Trump.
Pero los ataques a la prensa no vienen solo de los “sospechosos habituales”.
Justo esta semana, el gobierno francés empezó a investigar a tres periodistas por revelar supuestas mentiras de funcionarios franceses sobre el papel del país en la guerra en Yemen.
Luego, las autoridades llamaron a Ariane Chemin, del periódico Le Monde, para ser interrogada luego de revelar detalles embarazosos sobre un ex guardaespaldas del presidente Emmanuel Macron.
Ahora, Estados Unidos, alguna vez bastión de la prensa libre, está tratando de mostrar que cualquier periodista puede ser procesado por recibir o publicar información clasificada.
Como el gobierno rutinariamente clasifica una amplia gama de información, pondría a cada periodista en constante riesgo de vigilancia y procesamiento.
El papel de Chelsea Manning
En el pasado, los funcionarios gubernamentales han distinguido entre quienes filtran o roban información clasificada y quienes la publican.
La persona responsable de robar la información en este caso fue castigada severamente.
Manning fue sentenciada a 35 años de prisión en el 2013, la condena más larga por un caso de filtración en la historia de EE.UU.
Pero en enero del 2017, recibió el perdón de Obama.
Ahora, sin embargo, el gobierno de Trump ha encarcelado de nuevo a Manning por negarse a testificar contra Assange.
Además, le impusieron una multa diaria de US$500 mientras permanezca bajo custodia después de 30 días, y de US$1.000 por cada día de detención después de 60 días.
Así que Manning se quedará en la cárcel y en bancarrota hasta que esté preparada para declarar contra Assange.
Todo esto puede legítimamente ser considerado por Reino Unido para decidir si Assange será extraditado a EE.UU.
Con los nuevos cargos, cualquier decisión de extradición puede tener que basarse en la identificación de lo que Assange estaba haciendo cuando publicó la información clasificada.
Si es periodista, su caso podría ser un momento definitorio tanto para Reino Unido como para Estados Unidos.
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