Tres hombres condenados por “terrorismo” fueron ahorcados hoy en Irak, unas ejecuciones que confirman los temores de los defensores de derechos humanos tras las promesas de la presidencia después del atentado en Bagdad que dejó 32 muertos.
El domingo, un responsable de la presidencia reafirmó que se habían ratificado “más de 340 órdenes de ejecución (...) por actos criminales o de terrorismo”, pero que no habían sido aplicadas hasta entonces.
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Y este lunes, una fuente de los servicios de seguridad indicó a la AFP que tres iraquíes declarados culpables de “terrorismo” habían sido ahorcados en la cárcel de Nasiriya (sur), donde son enviados todos los condenados a muerte del país.
Para proceder a una ejecución, la administración penitenciaria necesita obtener una orden ratificada por la presidencia.
La mayoría de estos 340 documentos fueron firmados por presidentes anteriores.
Irak llevó a cabo en 2019 una de cada siete ejecuciones en el mundo --unos 100 condenados ahorcados en un año-- y suele acelerar las penas capitales tras un atentado que haya conmocionado a la opinión pública
El ex primer ministro Haider al Abadi hizo ejecutar en junio de 2018 a 13 yihadistas y publicó por primera vez las fotos de su ahorcamiento, para acallar las críticas por su falta de firmeza tras el asesinato de ocho civiles por el grupo Estado islámico (EI).
- “Arma política” -
El atentado del jueves, reivindicado por el EI, causó 32 muertos en un mercado muy frecuentado de Bagdad, provocando una enorme conmoción en una población acostumbrada a una relativa tranquilidad desde la derrota militar a fines de 2017 en Irak de este grupo yihadista.
Tras el mortífero atentando, el anuncio de la presidencia es, según Belkis Wille de Human Rights Watch, una nueva prueba de que “la pena de muerte es un arma política”.
“Los dirigentes usan este tipo de anuncios para decir a la gente que actúan por ellos, sin tener en consideración el hecho de que los procesos están viciados”, afirma a la AFP.
Desde este atentado, el presidente Saleh es acusado en las redes sociales de “no aplicar las sentencias” contra prisioneros yihadistas “que prometen asaltos en la prisiones”.
Una manifestación fue convocada para el martes en Nasiriya, para reclamar “la muerte de los yihadistas y la venganza tras los atentados”.
Irak, atrapado entre una opinión pública que exige venganza y los aparatos político, judicial y de seguridad incapaces de frenar la ola yihadista, “tiene opciones limitadas”, justifica a la AFP Ali Bayati, miembro de la comisión gubernamental de derechos humanos.
“La pena de muerte es legal, y no tenemos centros de desradicalización, entonces algunos yihadistas transforman las prisiones en centros de reclutamiento”, asegura Bayati.
Además, “no tenemos garantías claras y transparentes en el proceso de investigación (...) y las organizaciones de derechos humanos no están autorizadas a desempeñar su papel”, agrega.
Para la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, hay en Irak “frecuentes violaciones de los derechos a un proceso justo, una representación jurídica ineficaz (...) y numerosas acusaciones de tortura y malos tratos”.
Por tanto, la aplicación de la pena de muerte puede ser considerada en Irak como una “privación arbitraria de la vida por parte del Estado”, aseguró Bachelet a fines de 2020.
- ¿Calendario acelerado? -
La comunidad internacional llevó a cabo una campaña en noviembre tras la ejecución de 21 condenados, casi todos por “terrorismo”, y cuando circulaban informaciones sobre un posible calendario acelerado de ejecuciones en Irak.
Ninguna ejecución ha sido señalada desde entonces pero no todas son anunciadas oficialmente.
En 2020, la AFP tuvo conocimiento de unas 30 ejecuciones. Irak es el cuarto país en ejecutar a más condenados, por detrás de China, Irán y Arabia Saudita, según Amnistía Internacional.
Hasta ahora, ninguno de los extranjeros del EI condenados a muerte han sido ahorcado, pero 11 franceses y un belga esperan actualmente su ejecución en Irak.
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