Las fuerzas armadas de Myanmar, los líderes del reciente golpe en el país, están financiadas con gran parte del presupuesto nacional. Pero también obtienen un vasto y secreto ingreso de intereses comerciales en expansión.
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Pero pocos de los que experimentan esta atracción se dan cuenta de que es parte de un enorme imperio empresarial dirigido por los militares y que forma parte del tejido social del país.
Los críticos argumentan que esta lucrativa red hizo posible el golpe de Myanmar y ha dejado al descubierto la responsabilidad de los militares.
Los empresarios civiles lo comparan con los negocios de la mafia en Sicilia, en el sur de Italia, mientras que los activistas denuncian que las reformas democráticas sólo serán posibles cuando “los militares regresen a los cuarteles”.
Desde banca a turismo
El ejército de Myanmar, el Tatmadaw, comenzó a involucrarse en los negocios después del golpe de Ne Win en 1962, que dio paso al periodo socialista del país.
Durante años, fue un requisito que los batallones militares fueran autosuficientes y se les animó a desarrollar participaciones en empresas locales para financiar sus operaciones.
Si bien esta práctica se fue eliminando gradualmente, en la década de 1990, cuando el gobierno comenzó a privatizar las industrias estatales, se establecieron dos conglomerados dirigidos por militares.
Ambas organizaciones, la Corporación Económica de Myanmar (CEM) y el Conglomerado Económico de Myanmar Ltd. (CEML), se han convertido desde entonces en una fuente clave de riqueza para el Tatmadaw, con intereses que abarcan desde la banca y la minería hasta el tabaco y el turismo.
El CEML opera asimismo el fondo de pensiones de los militares.
Varios líderes militares y sus familias también tienen amplios intereses comerciales y han estado sujetos a sanciones en el pasado.
Aung Pyae Sone, hijo del general y líder golpista Min Aung Hliang, es propietario de varias empresas, incluido un balneario, y tiene una participación mayoritaria en el operador nacional de telecomunicaciones Mytel.
Es difícil cuantificar el alcance total de estos intereses comerciales.
Pero los expertos dicen que la influencia comercial de los militares sigue siendo significativa, a pesar de las recientes reformas democráticas, y el golpe podría ser en parte un intento de proteger estos intereses financieros, señalan expertos.
“Aislados de la responsabilidad”
Lo poco que sabemos sobre el alcance financiero de los militares solo ha salido a la luz en los últimos años.
Un informe de la ONU de 2019, impulsado por la represión de Myanmar contra las comunidades rohingya, concluyó que los ingresos comerciales impulsaron la capacidad del ejército para llevar a cabo abusos contra los derechos humanos con impunidad.
A través de un conglomerado de empresas y afiliadas, la ONU dijo que el Tatmadaw había podido “aislarse de la responsabilidad y la supervisión”.
También se revelaron detalles sobre la estructura y las finanzas de CEML en dos informes internos: uno presentado por el conglomerado en enero de 2020 y el otro filtrado por los grupos activistas Justice for Burma y Amnistía Internacional.
Los informes mostraron que el conglomerado está dirigido por los altos mandos del ejército, incluidos varios líderes del actual golpe.
Alrededor de un tercio de todos los accionistas son unidades militares, mientras que el resto pertenece a miembros anteriores y actuales del Tatmadaw.
El informe filtrado decía que, entre 1990 y 2011, el CEML pagó a sus accionistas 108.000 millones de kyats en dividendos, US$16.600 millones de dólares, según los tipos de cambio oficiales de la época.
También sugirió que los militares usan acciones del CEML para recompensar la lealtad y castigar el mal comportamiento.
Una tabla enumera a 35 personas que fueron despojadas de sus dividendos por razones como deserción y encarcelamiento.
El CEML no ha comentado públicamente sobre el informe filtrado.
Llamadas renovadas para sanciones
Tras el golpe, los grupos de defensa han hecho más llamamientos para que se impongan sanciones selectivas contra los militares y su acceso al sistema financiero mundial.
Muchos activistas también quieren ver desmantelados los conglomerados.
En una declaración a la BBC, Justicia para Myanmar acusó al ejército de estar en “un conflicto de intereses ilegal”.
“La riqueza robada por los militares y sus negocios pertenece al pueblo de Myanmar y debe ser devuelta”, agregaron.
Estados Unidos agregó a ambos conglomerados a una lista negra comercial e impuso nuevas sanciones contra figuras militares y gubernamentales, junto con tres compañías mineras.
Canadá, Nueva Zelanda y Reino Unido también han impulsado sus propias medidas específicas, aunque ninguna de ellas se ha centrado directamente en los conglomerados.
Los activistas argumentan que las sanciones, históricamente débiles, han incentivado al Tatmadaw para llevar a cabo el golpe y continuar con los presuntos abusos contra los derechos humanos.
Los expertos le dijeron a la BBC que se está considerando aumentar las sanciones, pero en el momento adecuado.
“El mundo todavía está esperando ver cómo se desarrolla esto”, señala George McLeod, director administrativo de Access Asia, una firma de gestión de riesgos especializada en la región.
“Por lo que he escuchado de la gente de adentro, Noruega está tratando de establecer algún tipo de trabajo preliminar para lograr una solución negociada”.
Mientras tanto, hay un resentimiento creciente entre algunas figuras empresariales locales sobre el poder de los conglomerados.
“Lo describen casi de la misma en la que un empresario de Sicilia hablaría de la mafia”, le dijo McLeod a la BBC.
“Tienes que lidiar con ellos si estás en su radar, aunque no quieras”.
“Quieren ser un actor en el escenario internacional”
El Tatmadaw ya está comenzando a sentir la presión de los inversores extranjeros.
La empresa japonesa de bebidas Kirin canceló dos lucrativos acuerdos con el CEML que le habrían ayudado a dominar el mercado de la cerveza de Myanmar.
El empresario singapurense Lim Kaling también redujo su inversión en una firma tabacalera vinculada al conglomerado.
Mientras tanto, los manifestantes locales han estado boicoteando empresas vinculadas con el nuevo gobierno, incluidas joyerías y marcas de cigarrillos.
Sin embargo, los pedidos de sanciones internacionales no son universales. China y Rusia han rechazado los esfuerzos de otros miembros del Consejo de Seguridad de la ONU para condenar el Tatmadaw.
Los expertos coinciden en que, si bien las sanciones son una pieza importante del rompecabezas, éstas deben aplicarse en conjunto con una presión legal y diplomática y el embargo de armas.
El subjefe del Tatmadaw, Soe Win, le dijo a la ONU que están preparados para enfrentar la presión internacional si es necesario.
Sin una acción multilateral, Myanmar podría volver a convertirse en un estado paria, dice Peter Kucik, ex asesor de sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
“Este grupo de generales en el poder en este momento es más o menos el mismo que estuvo en el poder bajo el régimen del SPDC (una junta militar que gobernó Myanmar de 1997 a 2011), y han demostrado que se sienten perfectamente cómodos viviendo en un país aislado “, le dijo a la BBC.
Y aunque el país podría apoyarse en el comercio con socios como China, figuras empresariales locales no creen en esta posibilidad, agrega Kucik.
“Quieren tratar con empresas japonesas de primer nivel, quieren tratar con empresas occidentales y quieren ser un actor en el escenario internacional de la misma manera que Tailandia”, dice Kucik.
Pase lo que pase ahora, los grupos activistas dicen que poner presión sobre el bolsillo de los militares y reformar sus conglomerados será esencial para la reforma democrática.
“Eso es lo que quiere la gente de Myanmar”, dice Anna Roberts, directora de la organización Burma Campaign UK.
“Quieren que los militares regresen a los cuarteles, y quieren una economía civil y un gobierno federal civil que respete sus deseos”.
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