Por qué Japón está redefiniendo el concepto de violación

Advertencia: este artículo contiene detalles que algunos lectores pueden encontrar perturbadores.

Días después de su violación, Megumi Okano ya sabía que el atacante saldría impune.

Megumi, que usa un pronombre no binario, conocía al violador y sabía perfectamente dónde podría localizarlo.

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Pero también sabía que no serviría de mucho, porque era muy poco probable que las autoridades japonesas consideraran lo sucedido como una violación.

Por eso decidió no presentar una denuncia ante la policía.

“No pude buscar justicia de esa manera y aquel hombre pudo continuar su vida libre y fácil. Fue doloroso para mí”, explica Megumi.

Pero ahora parece que las cosas están cambiando en Japón.

El Parlamento japonés se encuentra debatiendo un proyecto de ley histórico para reformar las leyes de agresión sexual del país.

Se trata de apenas la segunda revisión de la ley en un siglo.

El proyecto cubre una serie de cambios, pero el más grande y significativo será la redefinición del concepto de violación, que, según la ley japonesa, es una “relación sexual forzada”, pero que con la reforma pasará a definirse como una “relación sexual no consensuada”.

Esto deja espacio legal para el consentimiento en una sociedad donde el concepto todavía se entiende muy poco.

En la actualidad, la ley japonesa define la violación como una relación sexual o actos indecentes cometidos “por la fuerza” y “mediante agresión o intimidación”, o aprovechando el “estado de inconsciencia de una persona o su incapacidad de resistirse”.

El concepto no coincide con el de muchos otros países que definen el crimen de manera más amplia, como cualquier relación sexual o acto sexual no consentido, donde no significa no.

Los activistas argumentan que la estrecha definición de Japón ha llevado a que fiscales y jueces interpreten la ley aún más estrechamente.

Esto ha puesto la barra extremadamente alta para que se logre justicia y ha fomentado una cultura de escepticismo que disuade a los sobrevivientes de denunciar ataques.

Por ejemplo, en un caso sucedido en Tokio en 2014, un hombre puso contra una pared a una niña de 15 años y tuvo relaciones sexuales con ella mientras ella se resistía.

Fue absuelto de violación ya que el tribunal dictaminó que sus acciones no hicieron “extremadamente difícil” que ella se resistiera.

La adolescente fue tratada como un adulta porque la edad de consentimiento en Japón es de apenas 13 años, la más baja de los países del G7.

“Los procesos y decisiones de los juicios varían: algunos acusados ​​no fueron condenados, incluso cuando se demostró que sus actos no fueron consensuados, ya que no hubo 'agresión o intimidación'”, explica Yuu Tadokoro, portavoz de Spring, un grupo de sobrevivientes de agresión sexual.

Es por eso que Megumi asegura que no acudió a la policía después de la violación perpetuada por un compañero de la universidad.

Megumi cuenta que estaba viendo la televisión con su compañero cuando él comenzó a hacerle insinuaciones sexuales. Y le dijo “no”.

Fue entonces cuando comenzó el ataque. Los dos “lucharon” por un rato, según Megumi, antes de que ella se congelara y dejara de resistir.

Esta es una respuesta bien documentada a un ataque que muchas veces no está cubierta por la ley en la actualidad, según activistas.

En los días posteriores, Megumi, quien estudia derecho, analizó detenidamente el código penal y los precedentes del caso y se dio cuenta de que lo que había sucedido no cumpliría con los estándares judiciales de “agresión e intimidación”.

También habían oído hablar de sobrevivientes que experimentaron culpabilización y “segunda violación”: cuando los sobrevivientes vuelven a traumatizarse tras toparse con la insensibilidad de la policía o el personal del hospital.

“Yo no quería pasar por ese proceso (de investigación) por la poca esperanza que tenía de obtener justicia. Por eso no fui a la policía. Ni siquiera sabía si aceptarían mi denuncia”, dice.

La BBC contactó al centro, pero este se negó a comentar sobre el caso, alegando confidencialidad.

Cuando la investigación concluyó, el atacante ya se había graduado, por lo que hubo pocas consecuencias para él, aparte de la advertencia que recibió, cuenta Megumi.

En cambio, se dirigió a un centro de asesoramiento sobre acoso de su universidad, donde se inició una investigación que dictaminó que el atacante había cometido una violación.

“Sentí mucha decepción tras mi incapacidad de hacer que esta persona se arrepintiera adecuadamente de sus acciones con un procedimiento penal”.

Megumi no es una excepción. En Japón, solo un tercio de los casos reconocidos como violación resultan en procesos legales, un poco menos que la tasa general de enjuiciamiento penal.

Pero ha habido un creciente clamor público por un cambio.

En 2019, la sociedad japonesa se enfureció cuando se revelaron cuatro casos de agresión sexual en un mes: cada uno de ellos resultó en la absolución del presunto atacante.

En un caso en Fukuoka, una ciudad en una isla en el sur del país, un hombre tuvo relaciones sexuales con una mujer ebriaque se había desmayado, lo que podría considerarse como una agresión sexual en otros lugares.

El tribunal escuchó que era la primera vez que la mujer participaba en una sesión regular de bebida en un restaurante.

Según reportes, el hombre dijo que pensó que “los hombres fácilmente podrían tener un comportamiento sexual” en el evento, conocido por su permisividad sexual, y que quienes presenciaron el incidente no lo detuvieron.

También asumió que la mujer dio su consentimiento porque en un momento durante el coito abrió los ojos y “emitió ruidos”.

En otro caso en Nagoya, en el que un padre tuvo relaciones sexuales varias veces con su hija adolescente por muchos años, el tribunal dudó que el padre dominara a su hija “por completo”, porque ella eligió la escuela a la que quería ir, ignorando los deseos de sus padres.

El veredicto se dio a favor del padre, pese a que un psiquiatra testificó que la niña, en general, era psicológicamente incapaz de resistirse a su padre.

Tras la protesta pública, la mayoría de estos casos se volvieron a juzgar y los atacantes fueron declarados culpables.

Los activistas lanzaron entonces una campaña nacional, conocida como Flower Demo, para mostrar solidaridad con los sobrevivientes de agresiones sexuales.

Aseguran que esto, junto con el movimiento #MeToo y la histórica victoria de la periodista Shiori Ito (que ganó un caso contra un conocido reportero de televisión), ayudaron a impulsar la conversación nacional sobre la agresión sexual y una reforma legal.

Como parte de la redefinición de violación, la nueva ley establece explícitamente ocho escenarios en los que es difícil para la víctima “formar, expresar o cumplir una intención de no dar su consentimiento”.

Incluyen situaciones en las que la víctima está intoxicada con alcohol o drogas; o sujeta a violencia o amenazas; o está “asustada o asombrada”.

Otro escenario parece describir un abuso de poder, donde la víctima está “preocupada” de que se enfrentará a consecuencias si no cumple.

La edad de consentimiento también se elevará a 16 años, y el estatuto de limitaciones será extendido.

Algunos grupos de derechos han pedido más claridad sobre los escenarios, diciendo que están redactados de manera demasiado ambigua.

Otros han dicho que el estatuto de limitaciones debería extenderse aún más y que debería haber más protección para los sobrevivientes que son menores de edad.

Sin embargo, si se aprueban, las reformas marcarían una victoria para aquellos que han presionado durante mucho tiempo por el cambio.

“Por el mismo hecho de que están cambiando incluso el título de esta ley, esperamos que la gente inicie esta conversación en Japón sobre: ​​¿Qué es el consentimiento? ¿Qué significa la falta de consentimiento?”. dice Kazuko Ito, vicepresidente de Human Rights Now, con sede en Tokio.

Pero el tiempo se está acabando. La cámara alta de la Dieta, el Parlamento de Japón, debe aprobar la nueva ley antes del 21 de junio, pero actualmente se encuentra envuelta en un debate sobre la inmigración.

No cumplir con ese plazo arrojaría las reformas sobre agresión sexual en la incertidumbre. Los activistas denunciaron la semana pasada la demora como “inaceptable” y pidieron a los legisladores que tomen medidas de inmediato.

Pero las reformas abordan solo una parte del problema, dicen los activistas, cuyo llamado al cambio se extiende mucho más allá de la sala del tribunal.

La agresión sexual sigue siendo un tema tabú en Japón y ha ganado atención nacional solo en los últimos años a raíz de casos de alto perfil como la batalla judicial de la periodista Shiori Ito, las declaraciones públicas de Rina Gonoi, ex miembro de la Fuerza de Autodefensa y sobreviviente de agresión sexual, y las denuncias contra Johnny Kitagawa, un conocido -y ya fallecido- productor de música pop.

Parte del problema, dice Kazuko Ito, es que generaciones de japoneses han crecido con “una idea distorsionada del sexo y el consentimiento sexual”.

Por un lado, la educación sexual suele impartirse modestamente, y apenas se toca el tema del consentimiento.

Sin embargo, según Ito, los niños japoneses tienen fácil acceso a la pornografía, y una categoría demasiado común en el país es el de una mujer que disfruta teniendo sexo en contra de su voluntad.