A principios de 2010, Canal 8 de Nicaragua, una estación de televisión independiente, cambió de dueño. Los detalles del trato, como la identidad del comprador o el precio de la operación o la fecha exacta de la transacción, permanecieron en secreto. El vendedor murió de cáncer poco después.
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Pero un rostro familiar pronto se hizo cargo del canal: el hijo del presidente nicaragüense Daniel Ortega. El líder izquierdista, quien saltó a la fama a fines de la Guerra Fría como cabeza de los revolucionarios sandinistas, había logrado la presidencia tres años antes.
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Canal 8 fue conocido durante mucho tiempo por escudriñar a las administraciones tanto de izquierda como de derecha. Pero el nuevo presidente ejecutivo, Juan Carlos Ortega Murillo, entonces de 28 años, rápidamente impuso órdenes de “buenas noticias” sobre el gobierno de su padre, según varios exempleados de la emisora.
Muchos nicaragüenses concluyeron rápidamente que el nombramiento del joven Ortega significaba que la familia presidencial o sus aliados estaban detrás de la adquisición.
Según documentos tributarios no revelados de principios de 2020, Canal 8 es propiedad de Yadira Leets, esposa de Rafael Ortega, otro hijo del mandatario.
No está claro si estuvo implicada en la compra de 2010, pero los documentos la identifican ahora como la propietaria mayoritaria. Leets no respondió a las solicitudes de comentarios de Reuters.
La toma de control de Canal 8 por parte del clan Ortega fue el primer paso de una estrategia mediática que durante la última década ha saturado las ondas, los quioscos y las pantallas de los teléfonos inteligentes del país centroamericano con cobertura progubernamental.
La estrategia fue insinuada por la esposa de Ortega, Rosario Murillo, en un comunicado público que emitió como jefa de comunicación del presidente poco después de que comenzó su segunda administración en 2007. El objetivo: no sólo asegurar una cobertura positiva, sino también el control absoluto de la propiedad de los medios por parte de Ortega y sus aliados.
En los años transcurridos desde entonces, el gobernante, su familia y socios cercanos han obtenido la propiedad o la gestión administrativa de al menos una docena de canales de televisión, estaciones de radio y sitios de noticias en línea.
Algunas de las adquisiciones, incluido el trato de Canal 8, fueron financiadas, al menos en parte, con fondos proporcionados por el gobierno socialista de Venezuela, dijeron tres empleados actuales y anteriores, así como personas familiarizadas con las operaciones.
La propia familia Ortega, según los documentos tributarios y de registro corporativo de 2020 revisados por Reuters, controla la propiedad de Canal 8 y la emisora Radio Ya.
Amigos y aliados cercanos, según los documentos, poseen tres canales de televisión adicionales: Canal 4, Canal 13 y Canal 22, todos administrados por hijos de Ortega. Una cuarta estación, Canal 2, también es propiedad de un socio, según personas familiarizadas con el medio, y los Ortega manejan su área de noticias.
A través de la propiedad estatal, los Ortega controlan la emisora de televisión Canal 6, la cadena nacional Radio Nicaragua y portales de noticias en línea como El 19 Digital. Los socios de la familia presidencial poseen al menos otras tres estaciones de radio, todas abiertamente afines al Gobierno.
Los nicaragüenses han especulado durante años sobre el alcance del control de los Ortega sobre el panorama mediático de su país. Pero la familia nunca ha revelado oficialmente qué activos posee u opera a través de inversionistas aliados.
Reuters entrevistó a empleados actuales y anteriores de medios controlados por la familia, así como a docenas de funcionarios del Gobierno, personas de medios rivales y expertos legales y fiscales de Nicaragua.
Los entrevistados proporcionan la descripción más completa hasta ahora de cómo Canal 8 quedó bajo el control de los Ortega y cómo la familia usó las leyes tributarias y presupuestarias para exprimir a los medios antagonistas y reforzar su posición al poder.
La oficina de la Presidencia no devolvió llamadas o correos electrónicos de Reuters en busca de comentarios. Murillo, quien ahora es vicepresidenta además de portavoz del Gobierno, no respondió a otras solicitudes de comentarios.
Juan Carlos, Rafael y otro familiar de Ortega mencionado en esta historia tampoco contestaron. Lo mismo que Canal 8 y otros medios de comunicación administrados por la familia.
El imperio mediático del clan ha desplazado a las voces que se oponen a Ortega. “Canal 8 fue un espacio donde el periodismo independiente, con distintas posibilidades, fue posible”, dijo Carlos Fernando Chamorro, un destacado periodista que abandonó la emisora por la adquisición. “Fue una de varias acciones claves para concentrar el control de medios de comunicación”.
A medida que el imperio de los medios apuntala el poder del presidente, su gobierno está dirigiendo grandes sumas de dinero estatal a las propiedades controladas por su familia y aliados, dicen críticos.
“Han creado un sistema en el que el dinero sale del presupuesto nacional, pasa por sus posesiones y todo se queda en sus bolsillos”, opinó Alfonso Malespín, especialista en medios de la Universidad de Ciencias Comerciales en Managua.
El esfuerzo mediático es un asunto de familia. Ortega ha contado con la ayuda de su esposa, Murillo. La alguna vez poetisa es en general considerada la arquitecta de la estrategia mediática. Sus hijos desempeñan papeles clave: además de Juan Carlos y Rafael, otros cuatro vástagos del matrimonio dirigen empresas de medios o tienen intereses en ellas.
Las actividades mediáticas de la familia parecen violar varias leyes nicaragüenses, según abogados locales consultados por Reuters. Al canalizar fondos estatales a propiedades controladas por la familia, Ortega incumple la legislación que rige el comportamiento y las compras de los servidores públicos, dijeron los letrados.
Debido a que algunas de las adquisiciones supuestamente se realizaron en parte a través de una empresa conjunta controlada por la petrolera estatal venezolana PDVSA, los abogados dijeron que las compras violaron una ley que prohíbe la propiedad extranjera de los medios de comunicación nicaragüenses.
Y al no pagar impuestos, dijeron los abogados, Canal 8 podría estar violando las leyes fiscales de Nicaragua, normas que Ortega ha usado para confiscar activos de medios rivales.
“Si se respetara el Estado de Derecho, aquí habría acusaciones penales y demandas civiles, con personas arrestadas y empresas cerradas o confiscadas”, dijo a Reuters Alberto Novoa, exprocurador general que revisó los documentos fiscales.
Opositores políticos, activistas de derechos humanos y potencias extranjeras, que incluyen a Estados Unidos y la Unión Europea, dicen que el poder de los medios de Ortega puede haber hecho que Nicaragua sea más autocrática.
La propaganda estatal, argumentan, fue fundamental para ayudar a Ortega a asegurar dos reelecciones, en 2011 y 2016, y a capear una ola de protestas antigubernamentales en 2018.
En un comunicado de principios de 2020, el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, dijo que los ataques, “incluido el uso de cargos por ingresos falsos para cerrar estudios y confiscar equipos, demuestran que Ortega, junto con la vicepresidenta Rosario Murillo, solo están interesados en prolongar su gobierno”.
La estrategia mediática ha sido citada por Estados Unidos entre los abusos por los que ha sancionado a familiares y asociados, entre ellos Murillo, Juan Carlos y Rafael, el esposo de Leets, la dueña del Canal 8.
En un comunicado de junio, el Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones contra Juan Carlos por difundir “propaganda del régimen”. El año pasado, acusó a Rafael de usar varias empresas para lavar dinero y ocultar bienes familiares.
“Rafael Ortega es el administrador de dinero clave detrás de los esquemas financieros ilícitos de la familia Ortega”, dijo en un comunicado.
El gobierno de Nicaragua parece impune. La Asamblea Nacional, que tiene mayoría oficialista, aprobó recientemente leyes que presionan aún más a los medios contrarios al gobierno.
Los nicaragüenses, que volverán a las urnas a fines del próximo año, tendrán un número cada vez menor de fuentes independientes para informarse del estado de su país, uno de los más pobres de América.
“Es lo opuesto a la realidad”, sostuvo Gioconda Belli, una novelista y poetisa que alguna vez fue cercana a Murillo. “Es totalmente orwelliano”.
“NUEVAS Y MEJORES FORMAS DE COMUNICAR”
Ortega, ahora de 75 años, fue alguna vez un ícono para los revolucionarios de izquierda en todo el mundo y un símbolo de esperanza para una sociedad nicaragüense desgarrada durante mucho tiempo por la desigualdad.
Los nicaragüenses eligieron presidente a Ortega en 1984. Sin embargo, su gestión estuvo plagada de problemas económicos y sociales, y los votantes le negaron un segundo mandato cinco años después. Durante la mayor parte de su primera gestión, su esposa, Murillo, se mantuvo oculta.
La primera dama, de 69 años, que habla inglés y francés con fluidez, en ese momento era conocida principalmente por sus escritos místicos y su vestuario caleidoscópico. “Rosario no tuvo influencias en la década de los 80 y 90”, comentó Víctor Hugo Tinoco, un exsandinista que se desempeñó como embajador en Naciones Unidas y vicecanciller en el primer mandato de Ortega.
Más recientemente, Ortega ha apelado a las habilidades comunicativas de Murillo. Su conocimiento de los medios, dijeron personas familiarizadas con la pareja, le ayudó a rehacer su imagen.
Ortega alguna vez lució uniformes militares como los de Fidel Castro -su amigo y mentor-, pero aquel look dio paso a jeans y camisas. La pareja limó asperezas con la Iglesia católica y los empresarios con los que su partido una vez se enemistó.
En 2006, la transformación llevó a Ortega a la victoria. Tras su toma de posesión en enero de 2007, Ortega nombró a Murillo su directora de comunicación. Ella planteó a sus asistentes que el Gobierno debería encontrar formas de publicar noticias “incontaminadas” por los medios críticos, según varias personas familiarizadas con las discusiones.
En una declaración sobre la política comunicacional aquel mes de febrero, Murillo criticó que las agencias gubernamentales y las empresas estatales colocaran anuncios en los principales medios amigos. La administración de Ortega, escribió, buscaría “nuevas y mejores formas de comunicarse”.
De inmediato, el Gobierno comenzó a tener sus propios favoritos, según periodistas y ejecutivos de medios. Publicó anuncios en periódicos y emisoras de radio de izquierda y evitó los medios que consideraba críticos.
Murillo centralizó los presupuestos publicitarios de todos los ministerios y tomó el control de sus comunicaciones, según exfuncionarios involucrados en los cambios. Puso a Daniel Edmundo Ortega, otro de los nueve hijos de la pareja, a cargo de Canal 4, propiedad de aliados sandinistas.
El regreso de Ortega se produjo en la cúspide de la llamada “marea rosa”, una ola de victorias de izquierda en América Latina a partir del cambio de siglo.
En la vanguardia del movimiento estaba Hugo Chávez, el fallecido expresidente venezolano, cuyo carisma y diplomacia aceitada por sus millonarios ingresos petroleros inspiraron y financiaron a líderes de ideas afines en toda la región.
En julio de 2007, los dos países anunciaron la creación de una empresa conjunta, Alba de Nicaragua, que utilizaría fondos petroleros venezolanos para pagar infraestructura y proyectos sociales en Nicaragua.
La empresa, conocida localmente como Albanisa, debía empezar con 250 millones de dólares en financiamiento para una refinería que nunca comenzó, a pesar del ingreso de efectivo venezolano.
El Fondo Monetario Internacional (FMI), en un informe de 2017, estimó que Nicaragua recibió hasta 3,200 millones de dólares de Venezuela antes de que la economía del país sudamericano se derrumbara en los últimos años.
El propio banco central de Nicaragua ha dicho que la cifra llegó a los 5,000 millones de dólares. Pero el Gobierno no ha entregado nunca una contabilidad completa del financiamiento ni de cómo gastó Ortega el dinero, que equivale a un tercio de la producción económica anual de Nicaragua.
Ni portavoces de PDVSA ni del Ministerio para la Comunicación de Venezuela respondieron a las solicitudes de comentarios de Reuters.
Para 2008, la familia de Ortega y colaboradores cercanos habían comenzado a construir lo que hoy es un imperio empresarial con activos en energía, seguridad y otros sectores. Juan Carlos lanzó ese año Difuso Comunicaciones, una agencia de publicidad.
La empresa atrajo rápidamente a clientes deseosos de hacer negocios con los que estaban en el poder. Personas familiarizadas con sus operaciones dicen que sirve como conducto para gran parte de la publicidad del Gobierno.
Difuso produce comerciales para el turismo estatal, la agencia de puertos, la autoridad de electricidad y otras dependencias estatales, dicen estas personas, y coloca los anuncios en canales controlados por la familia.
Los documentos del Gobierno revisados por Reuters muestran que entre los propietarios de Difuso se encuentra María Luisa Mejía, a quien se hace referencia regularmente en Nicaragua como una de las abogadas de la primera dama Murillo. Otro propietario de Difuso es Néstor Moncada, asesor del presidente Ortega.
En 2018, Estados Unidos sancionó a Moncada por presuntamente pagar a los contramanifestantes para que se enfrentaran con los participantes en las marchas de ese año y por sobornar a otros nicaragüenses para evitar que se opusieran al Gobierno.
Mejía nunca se ha referido públicamente a su supuesta función como abogada de Murillo. No respondió a las solicitudes de comentarios para esta historia. Moncada, aunque es ampliamente considerado un colaborador cercano de Ortega, nunca ha concedido una entrevista. Reuters no pudo localizarlo.
Cuando Juan Carlos tomó las riendas de Canal 8, los trabajadores se sorprendieron por lo que de repente pareció un presupuesto sin fondo, según cinco exempleados del canal. Compró moderno equipamiento de estudio, relataron, y cortejó a periodistas rivales con buenos salarios.
Envió iPad y otros obsequios a los directores de agencias de publicidad de las que esperaba obtener negocios.
Las preguntas sobre el origen del dinero en la billetera recién abultada de Canal 8 comenzaron a circular en el país. Rafael Paniagua, el venezolano entonces a cargo de Albanisa, dijo a un periódico de Managua en 2010 que Canal 8 fue comprado por aproximadamente 10 millones de dólares por Albanisa.
Paniagua dejó el país centroamericana abruptamente después y nunca regresó. Reuters no pudo determinar cómo fue transferida la propiedad del canal de Albanisa a Leets. Paniagua no pudo ser contactado para hacer comentarios.
Rodrigo Obregón, otro exejecutivo de Albanisa que se jubiló en 2014, apoyó recientemente la afirmación de Paniagua. La adquisición de Canal 8, explicó Obregón a Reuters en una entrevista, era parte de un plan de Ortega para replicar la estrategia de Chávez de poner a los medios de comunicación bajo control estatal para “adoctrinar” a la gente.
“Ellos estaban interesados en ser dueños de toda la cantidad de radiodifusoras que podrían comprar, así como de las televisoras que operan en Nicaragua y más allá”, dijo Obregón.
“IGNORAR TODO”
Durante el segundo y tercer mandato de Ortega, su familia tomó el control de más emisoras, a menudo con asociados cercanos como propietarios.
La generosa compensación hizo que los trabajos en estos medios fueran atractivos para algunos periodistas. Los beneficios incluían viviendas con descuento en desarrollos inmobiliarios subsidiados, según cuatro personas familiarizadas con los beneficios. A cambio, Murillo esperaba que los reporteros siguieran la línea sandinista.
En 2011, Noel Miranda, reportero de Radio Ya, una estación de Managua, le preguntó a Murillo en una rueda de prensa sobre las acusaciones de académicos de que el Gobierno se estaba volviendo autocrático. Radio Ya es propiedad de Entretenimiento Digital SA, controlada por Rafael Ortega, según documentos de propiedad no divulgados previamente revisados ??por Reuters.
Murillo revisó la identificación del reportero que colgaba de su cuello, lo miró fijamente e ignoró la pregunta. Al día siguiente, relató Miranda, no se le permitió regresar a la estación, que no renovó el contrato de seis meses que tenía. Ahora, Miranda es reportera de un sitio de noticias en línea.
“Sabíamos que teníamos límites”, confesó Miranda a Reuters.
El relato de Miranda fue corroborado por varios excolegas. Los ejecutivos de Radio Ya y Entretenimiento Digital no respondieron a los correos electrónicos ni a las llamadas telefónicas de Reuters en busca de comentarios.
Ese mismo año, los Ortega lanzaron una nueva estación de televisión, Canal 13, administrada por otros tres hijos del matrimonio Ortega-Murillo: Camila, Maurice y Luciana. Uno de los propietarios del canal, según documentos gubernamentales revisados ??por Reuters, es Mejía, el abogado que también es copropietario de Difuso, la agencia de publicidad.
Tres años después, en 2014, Maurice Ortega también comenzó a administrar las operaciones de noticias del Canal 2, otra importante estación propiedad de aliados de Ortega.
Con más plataformas en manos de la familia, el gobierno de Ortega aumentó más de diez veces el gasto estatal en publicidad, según datos recopilados por Media Gurú, una consultora publicitaria.
Los datos, revisados de forma independiente por Reuters, se basan en las tarifas del mercado para la publicidad en canales de todo el país. Media Gurú, que tiene oficinas en Managua y en otros lugares de Centroamérica, declinó hacer comentarios.
Entre 2000 y 2010, según una persona familiarizada con los datos, el gobierno de Nicaragua gastó aproximadamente 2,6 millones de dólares al año en publicidad. Para 2019, muestran los datos, la cifra se había disparado a un estimado de 29 millones de dólares anuales.
El año pasado, todos, excepto aproximadamente 128.000 dólares, o el 0.44% de los 29 millones de dólares, se destinaron a publicidad en los medios relacionados con Ortega, según un cálculo de Reuters basado en las cifras. Los anuncios son comprados por agencias gubernamentales y por empresas estatales como la cadena de gasolineras controlada por Rafael Ortega. Solo en Canal 8, la publicidad colocada por el Estado saltó de aproximadamente 400.000 dólares en 2009 a un promedio anual estimado de más de 6 millones de dólares durante la última década, según una persona familiarizada con los datos. El año pasado, el Gobierno colocó anuncios por un valor estimado de 16,8 millones de dólares en el canal, muestran las cifras.
En comparación, Canal 10, la estación más popular de Nicaragua y un canal no controlado por los Ortega, recibió en 2019 menos de 9.000 dólares en publicidad estatal, según las cifras. Los ejecutivos de Canal 10 no respondieron a las solicitudes de comentarios.
La persona familiarizada con los datos de Media Gurú confirmó las cifras de gasto reportadas. Por separado, tres ejecutivos de publicidad en Nicaragua dijeron a Reuters que las estimaciones son realistas.
Con un alcance inigualable, los mensajes de la familia Ortega impregnaron en el país.
Murillo se hizo especialmente visible, apareciendo en canales familiares, a menudo a diario, y emitiendo órdenes sobre la cobertura y las prioridades editoriales a través de sus hijos al frente de las emisoras.
“Ella es como la cabeza de un pulpo, sus hijos los tentáculos”, dijo un periodista que trabajó anteriormente en una de las emisoras.
En 2014, los legisladores sandinistas eliminaron los límites de los mandatos presidenciales. Dos años después, Ortega ganó un cuarto mandato con Murillo como su compañera de fórmula a la vicepresidencia. Ortega excluyó a los observadores internacionales de las elecciones.
En 2018, un plan de Ortega para aumentar las contribuciones a la seguridad social y reducir los pagos de pensiones provocó manifestaciones. Al principio, Murillo les dijo a los medios estatales y aliados que no cubrieran los disturbios.
“La orden era ignorar todo lo que estaba pasando con las protestas”, recordó Carlos Mikel Espinosa, entonces editor de El 19 Digital, un portal de noticias en línea controlado por el Estado. Espinosa renunció cuando se intensificó la agitación y la respuesta del Gobierno se volvió violenta.
Gobiernos extranjeros, Naciones Unidas y grupos de derechos humanos denunciaron a Ortega y sus aliados sandinistas por los informes de asesinatos, detenciones y torturas de muchos manifestantes.
La policía allanó las redacciones de los medios de la oposición y se apoderó de equipos y suministros necesarios para la publicación. Detuvieron a Miguel Mora, fundador de 100% Noticias, una estación de televisión de Managua, y cerraron sus transmisiones.
El Gobierno, dijo Mora a Reuters, afirmó que el canal adeuda impuestos no pagados, algo que negó. “El ataque era brutal para que nosotros cambiáramos la línea editorial o el negocio cayera en bancarrota”, sostuvo Mora, quien fue liberado, pero desde entonces dejó el negocio de los medios.
Mientras tanto, algunos medios controlados por los Ortega están evadiendo impuestos, encontró Reuters.
Documentos revisados por Reuters de la Dirección General de Ingresos (DGI), la agencia tributaria de Nicaragua, muestran que Canal 8 no ha pagado impuestos e intereses por unos cuatro millones de dólares desde 2010, año en que Juan Carlos asumió el cargo.
Canal 4, el canal sandinista administrado por Daniel Edmundo Ortega, debe alrededor de 380.000 dólares en impuestos atrasados, según muestran los documentos.
La DGI no respondió a las solicitudes de comentarios.
No está claro por qué los impuestos no se han pagado o si el Gobierno ha tratado de cobrarlos. Los especialistas en impuestos que revisaron los documentos aseguraron a Reuters que ambas estaciones violan claramente la ley tributaria nicaragüense.
“Cualquier otra empresa ya habría sido incautada”, dijo uno de los expertos que puso como ejemplo el Canal 12, una televisora privada propiedad del empresario Mariano Valle.
El ejecutivo ha buscado mantener su canal independiente, y sus periodistas e invitados al aire han criticado las políticas de Ortega. En septiembre, el Gobierno aseguró que el canal debe alrededor de 800.000 dólares en impuestos impagos.
Un juez, pendiente de un litigio en curso, autorizó al Estado a confiscar las oficinas y los automóviles de la estación y la casa de Valle, y retenerlos si el canal pierde en los tribunales.
En un comunicado, Canal 12 calificó los movimientos como “arbitrarios e ilegales”. En septiembre, Valle le dijo a una estación de radio local, “no debemos nada”. Él empresario no respondió a las solicitudes de comentarios.
Eduardo Enríquez, editor de La Prensa, el último gran periódico independiente que aún opera en Nicaragua, contó a Reuters que durante las protestas, las autoridades fiscales usaron su poder para bloquear las importaciones de papel y tinta.
El alcance asfixiante de la propaganda a favor de Ortega, dijo Enríquez, significa que La Prensa y los otros pocos medios independientes están operando en un “desierto de noticias”. Si los Ortega permanecen en el poder, predijo, “los medios independientes no sobrevivirán”.
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