Doce cubanos que participaron en las manifestaciones del 11 de julio de 2021 en la ciudad de Cárdenas, en el occidente de Cuba, fueron condenados a penas de entre 5 y 16 años de cárcel por varios delitos, informó este jueves el Tribunal Supremo.
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En los juicios, celebrados del 8 al 10 de diciembre pasados “en el Tribunal Militar Territorial Central”, fueron juzgados “13 ciudadanos, acusados de cometer y provocar graves disturbios y hechos vandálicos” en Cárdenas, 140 km al este de La Habana, señaló el Tribunal Supremo (TSP), en un comunicado publicado en el portal de noticias Cubadebate.
De los 13 procesados, 12 fueron declarados culpables de delitos de sabotaje, desorden público, atentado, robo con fuerza o violencia e intimidación, y uno quedó absuelto, añadió el TSP, que no precisó la edad de los condenados ni el delito imputado en cada caso.
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La mayor condena recayó sobre Jorge Luis Argüelles Bayate, que recibió 16 años de cárcel, mientras que Leidiana Prohia Guevara, la única mujer del grupo, fue sentenciada a 12 años. El resto de las condenas oscilan entre 5 y 15 años de prisión, y todos podrán apelar sus sentencias ante el Tribunal Supremo.
Según el comunicado, el grupo se concentró el 11 de julio de 2021 en los alrededores de un centro comercial de Cárdenas, contra el que lanzaron piedras y palos de forma violenta, “causando graves daños” materiales, y luego robaron parte de su mercancía. También lanzaron “piedras y cócteles molotov” contra agentes policiales y sus patrullas.
Miles de personas se lanzaron a las calles el 11 y 12 de julio al grito de “Libertad” y “Tenemos hambre”, en cerca de 50 ciudades del país inconformes por la escasez de alimentos y medicinas, así como por los constantes apagones, en el peor momento de la pandemia.
El gobierno informó el 25 de enero que 790 personas, entre ellas 55 menores de 18 años, fueron encausadas por las manifestaciones de julio. Y otras 172 habían sido condenadas hasta ese momento.
La ONG de derechos humanos Cubalex, con sede en Miami, ha dicho que las sentencias impuestas en juicios anteriores a manifestantes del 11 de julio son excesivas y en algunos casos violan las garantías del debido proceso.
La organización ha señalado que las altas penas responden a una política penal que busca dar “sanciones severas como efecto ejemplarizante para que el resto de la sociedad se inhiba”.
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