El Salvador, que se encuentra en régimen de excepción para combatir a las pandillas, registra un hacinamiento carcelario de un 247,6 %, de acuerdo con un informe del Observatorio Universitario de Derechos Humanos (OUDH) de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) presentado este miércoles.
Danilo Flores, coordinador general del OUDH, indicó que, de acuerdo con los cálculos y las estimaciones que han hecho, el hacinamiento carcelario rondaría en un 247,6 % a la fecha.
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Señaló, durante la presentación a la prensa del documento denominado “100 Días de Régimen de Excepción en El Salvador”, que el dato se obtuvo “sacando la relación a partir del último dato público” que tuvieron a “disposición, que fue de diciembre de 2020, respecto a la capacidad del sistema penitenciario en ese momento”.
Flores detalló que la capacidad de las cárceles salvadoreñas a diciembre de 2020 era de 30.864 personas y que antes del régimen de excepción, decretado a finales de marzo pasado, “ya había una situación de sobrepoblación carcelaria alrededor de un 119 %, ya que la población de privados de libertad era de 36.663″.
En este contexto del régimen de excepción, de acuerdo con datos del órgano Judicial sobre detenciones provisionales, se decretaron detenciones provisionales a 39.752 personas, lo que da una población total de 76.415 a julio del año en curso.
Más de 49.000 supuestos miembros de pandillas han sido capturados en El Salvador durante cuatro meses de régimen de excepción, medida implementada en El Salvador desde finales de marzo para combatir a esos grupos delincuenciales, según reveló el lunes el titular del Ministerio de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro.
El funcionario catalogó a todas las personas capturadas como miembros de pandillas y no brindó el detalles de cuántas de las capturas corresponden a personas vinculadas a dicha estructuras.
La cifra de detenidos es de la poca información que las autoridades de las diversas instancias gubernamentales revelan sobre las acciones en este régimen, del que se han negado a oficializar la cifra de personas fallecidas bajo custodia estatal.
El Salvador se encuentra en estado de excepción desde finales de marzo tras una ola de asesinatos el último fin de semana de marzo que dejó 87 víctimas. En respuesta, la Asamblea Legislativa aprobó la suspensión de garantías constitucionales para darle poderes especiales al Ejecutivo.
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Entre las organizaciones humanitarias y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) registran más de 3.000 denuncias de atropellos, entre ellas por detenciones arbitrarias y tortura.
Las pandillas, que son consideradas en El Salvador como una herencia de la guerra civil (1980-1992) y que se fortaleció con la deportación de pandilleros de Estados Unidos, han resistido a los planes de seguridad implementados en las últimas cuatro Administraciones.
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