El Congreso de El Salvador ha prorrogado 14 veces el estado de excepción en el país desde el 22 de marzo del 2022. La última vez fue el pasado 16 de mayo, el mismo día en el que el presidente Nayib Bukele anunciaba un nuevo cerco militar en torno a una ciudad, esta vez en Nueva Concepción, en el departamento de Chalatenango.
La decisión de Bukele se dio luego del asesinato de un policía a manos de presuntos pandilleros. El crimen ocurrió el 15 de mayo.
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“Desde la madrugada, establecimos un cerco de seguridad alrededor del municipio de Nueva Concepción, con más de 5.000 elementos de las Fuerzas Armadas y 500 de la policía en búsqueda de los responsables del homicidio y toda la estructura de pandilleros y colaboradores que aún se esconden en ese lugar”, anunció el presidente.
“Pagarán caro por el asesinato de nuestro héroe”, agregó.
Bukele también señaló que su Gobierno va a “arrasar” con los pandilleros. Además, arremetió contra las organizaciones de defensa de los derechos humanos que cuestionan su estrategia para luchar contra las pandillas, entre ellas el cerco en torno a las ciudades, pues aseguran que muchos inocentes terminan siendo arrestados.
“Que sepan todas las ONG de derechos humanos, que vamos a arrasar con estos malditos asesinos y sus colaboradores, los meteremos en prisión y no saldrán jamás”, dijo Bukele.
Tras la orden de Bukele, militares vestidos con traje de combate y provistos de fusiles de asalto empezaron a recorrer Nueva Concepción.
Los militares registraban viviendas y pedían los documentos de identificación a los transeúntes y conductores de vehículos y motos, según los medios locales.
En noviembre del año pasado, Bukele anunció por primera vez la estrategia de cercar ciudades para extraer a pandilleros.
Entre el 24 y el 27 de marzo del 2022,
92 personas fueron asesinadas en El Salvador, presuntamente por pandillas. Los asesinatos, que representaron la mayor ola de homicidios en la historia reciente del país, dieron lugar a la adopción de un régimen de excepción que se ha prolongado por más de un año.
Fue durante el lanzamiento de la fase cinco del Plan Control Territorial. Para esta nueva fase se destinó a unos 14.000 efectivos militares.
“La fase cinco es la fase de la extracción de los criminales que aún quedan en esas comunidades. Aún quedan pandilleros y tenemos que ir y extraerlos”, manifestó aquella vez Bukele.
Los cuestionamientos
Desde el primer estado de excepción dictado en marzo del 2022 han sido detenidos en El Salvador unos 68.720 presuntos pandilleros. De estos, unas 5.000 personas han sido liberadas por no estar vinculadas a estas bandas, de acuerdo con cifras del Gobierno.
Tras el lanzamiento de la estrategia del presidente, la tasa de homicidios bajó notoriamente hasta cerrar en 7,8 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2022, según datos oficiales. Cabe precisar que el 2021 el país cerró con 16,4 homicidios por cada 100.000 habitantes y en el 2019 hubo 36 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Además…
Derechos que se pierden bajo el estado de excepción en El Salvador
- Quedó suspendido el artículo de la Constitución de El Salvador que garantiza el derecho a asociarse libremente. Las excepciones son servicios religiosos, eventos deportivos, comercio y estudios.
- Se suspendió el derecho que tiene una persona detenida a ser debidamente informada de sus derechos y razones del arresto, así como a la asistencia de un abogado en el proceso.
- Se suspendió la garantía de que una persona solo pase detenida las 72 horas establecidas en la ley, por lo cual los detenidos pueden pasar incluso hasta 15 días sin que el caso sea presentado ante un juez.
- Las autoridades tienen luz verde para intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.
Pero de acuerdo con Human Rights Watch, las políticas de seguridad adoptadas por el gobierno de Bukele han resultado en violaciones generalizadas de los derechos humanos. La ONG sostiene que muchos salvadoreños sin vínculos con las pandillas han sido detenidos, especialmente en comunidades de bajos recursos.
“Nuestras investigaciones revelan que algunas personas detenidas han sido torturadas, decenas han muerto bajo custodia y miles han sido sometidos a procedimientos penales abusivos sin debido proceso y han permanecido incomunicadas. Las autoridades han provocado un enorme sufrimiento a los familiares de los detenidos al negarles información sobre sus paraderos, lo cual constituye una desaparición forzada conforme al derecho internacional”, dijo en enero de este año Human Rights Watch en su informe sobre lo ocurrido en El Salvador en el 2022.
Entrevista
El régimen de excepción ha llevado a gravísimas violaciones a los derechos humanos
Tamara Taraciuk Broner, directora del Programa sobre Estado de Derecho del Diálogo Interamericano, en Washington, DC
-¿Cuál es su opinión sobre estos cercos militares que aplica el Gobierno de Bukele contra ciertos municipios, por qué es cuestionable esta estrategia?
En términos generales, la militarización de la seguridad pública no ha servido en la región. Hay muchos ejemplos de eso, que hace que nos sea una buena idea usar a los militares para tareas de seguridad pública porque, en teoría, están entrenados para la guerra y no para cuidar a la gente.
Más allá de esta cuestión en general, el problema en El Salvador es que producto de las medidas que adoptó Bukele para concentrar el poder, ha logrado adoptar el régimen de excepción, que ha permitido que se cometan todo tipo de abusos. Hay más de 68.000 personas detenidas, muchas de ellas sin tener vínculos claros con delitos en particular, sino que son detenciones por el aspecto físico, porque están en determinado lugar cuando se hace una redada, y no hay ninguna garantía de que esta gente haya cometido algún delito justamente porque estamos en un contexto donde la justicia no es independiente.
-El presidente Bukele dice que gracias a su estrategia hay cero homicidios en El Salvador, ¿A qué costo ha conseguido bajar la tasa de homicidios?
Hay ciertas dudas sobre cómo se contabilizan los homicidios, pero no hay ninguna duda de que han bajado. También han bajado los índices de extorsión. Ambos delitos han representado preocupaciones muy grandes y legítimas entre la población salvadoreña durante muchísimos años, y es entendible que cuando la gente tiene miedo esté dispuesta a sacrificar ciertas libertades. La preocupación es que este tipo de situaciones abre la puerta para que los abusos se cometan contra cualquiera, porque la realidad es que cuando no hay instituciones democráticas o Estado de derecho funcionando, se le puede aplicar estas mismas reglas a cualquier persona. Y esto es lo que mucha gente no ve en El Salvador hoy en día porque están razonablemente cegados por el miedo que tuvieron durante tantos años. Pero creo que es importante poner sobre la mesa que este régimen de excepción ha llevado a gravísimas violaciones a los derechos humanos de mucha gente. Y al no haber ninguna institución independiente en pie que pueda poner freno a los abusos del Poder Ejecutivo, estamos en un contexto en el cual cualquiera puede terminar siendo víctima de los abusos.
-¿Lo que pasa en El Salvador en qué medida empieza a ser replicado en la región?
Bukele ha invertido mucho dinero en propaganda, tanto dentro de El Salvador como en redes sociales, tratando de exportar su modelo de seguridad. El modelo de Bukele no es trasladable automáticamente a otros lugares de la región. Sin embargo, el problema de la inseguridad es muy grave en toda América Latina, que por supuesto tiene distintos matices, y se da en un contexto en el cual la gente requiere respuestas de manera urgente. Bukele es quien está poniendo sobre la mesa una narrativa que presenta como exitosa. Entonces, el peligro es que se exporte este modelo de seguridad pública a costa de la democracia y de las garantías fundamentales en la región, en un escenario en el cual hay muchas democracias frágiles que están en jaque.
Eduardo Escobar es un abogado salvadoreño y director de la ONG Acción Ciudadana. En diálogo con El Comercio, señala que lo que busca Bukele con medidas como los cercos a las ciudades es espectacularidad en el tema de la seguridad pública. Alega que el mandatario quiere mostrarle a la gente que está haciendo algo, aunque considera que la estrategia no es efectiva para la detención de las personas que han cometido delitos.
“El último cerco se dio porque asesinaron a un policía. Entonces, uno se pregunta qué necesidad tenía el Gobierno de tomar esa medida si supuestamente tiene el control del territorio. Los procedimientos indican que debe ser el aparato de inteligencia del Estado el que debe ubicar al responsable y detenerlo. Pero cierran el municipio para mantener en la opinión pública la necesidad del régimen de excepción, infundir terror en la gente, y que de esa manera el Gobierno quede bien parado. Al final se busca sacar beneficio electoral de este tema”, indica Escobar.
Agrega que se termina deteniendo a cualquier persona sin tener una evidencia contundente de su participación en delito. “Entonces, podemos hablar de que se viola el derecho de presunción de inocencia, el de asistencia legal. También puede verse afectado el debido proceso porque estas personas pueden pasar detenidas 15 días sin ser puestas a la orden del juez. Hay una serie de violaciones a garantías judiciales”, precisa.
Escobar reconoce que ha bajado el índice de homicidios en El Salvador, pero sostiene que el costo ha significado sacrificar derechos y garantías ciudadanas. “Estamos sujetos a que en cualquier momento podamos ser detenidos, se nos pueda imputar cualquier delito y no tenemos garantías judiciales que nos ayuden a ser liberados si somos inocentes”.
Refiere que la sociedad salvadoreña está aceptando ese costo. “Lo acepta hasta que le afecte directamente. Lo que dice la gente es, siguiendo el guion gubernamental, ‘el que nada debe nada teme’. La sociedad sostiene que es algo que tiene que pasar con tal de estar seguro. En resumen, El Salvador está dejando de lado el Estado de derecho con tal de tener seguridad”, finaliza.
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