La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia de Nicaragua informó este martes que la encarcelada opositora Nidia Barbosa, de 66 años, se encuentra internada en un hospital con padecimientos de la presión y del corazón.
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“Después de su arresto, doña Nidia Barbosa tuvo que ser hospitalizada porque sufre de hipertensión y cardiopatía. Se encuentra internada en un hospital de Masaya” en el sureste del país, afirmó la Alianza Cívica.
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Barbosa además “presenta problemas osteomusculares y articulares”, agregó la Alianza Cívica, que fue la contraparte del Gobierno del presidente Daniel Ortega en una fallida mesa de negociación con la que se buscaba una salida pacífica a la crisis que vive el país desde abril de 2018.
Según la Alianza Cívica, Barbosa, que es una de sus miembros, fue enviada al hospital el sábado pasado después de que le celebraran la “audiencia de juicio, acusada bajo la Ley Especial de Ciberdelitos, con testigos falsos y sin la presencia de un abogado defensor”.
La Ley Especial de Ciberdelitos, promovida por los sandinistas y en vigor desde el 30 de diciembre de 2020, establece penas de 1 a 10 años de cárcel a los ciudadanos que se les imputen los ciberdelitos que vayan contra la “seguridad del Estado”.
La norma, compuesta por 48 artículos, plantea castigar con cárcel la propagación de noticias falsas y/o tergiversadas que produzcan alarma, temor, zozobra en la población o a un grupo o sector de ella o a una familia.
La Alianza Cívica indicó que, tras la captura de Barbosa, un día antes de las elecciones generales del pasado 7 de noviembre, “los agentes del régimen allanaron su casa sin encontrar pruebas que la incriminaran”.
“Exigimos la inmediata liberación y el respeto a la integridad física y psíquica de nuestra integrante”, demandó ese organismo.
Al igual que Barbosa, otros 41 líderes opositores, empresarios, campesinos, estudiantes, exguerrilleros sandinistas disidentes, periodistas, y profesionales independientes, han sido arrestados en el contexto de las elecciones del pasado día 7, en las que el presidente Daniel Ortega se impuso en medio de cuestionamientos de su legitimidad.
Los denominados “presos políticos” en Nicaragua, un total de 159 de acuerdo con organismos humanitarios, están encarcelados bajo condiciones que violan sus derechos humanos, sin atención médica especializada, y sin recibir procesos legales justos, según han denunciado sus familiares.
Nicaragua vive una crisis sociopolítica desde abril de 2018, que se ha agravado con las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre pasado.
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