Prensa de Nicaragua suprime temas políticos tras amenazas del Gobierno

Al menos tres medios de comunicación tradicionales de Nicaragua han suprimido o disminuido la cantidad de temas políticos de su agenda tras ser “amenazados” por el Gobierno del presidente Daniel Ortega con cerrarlos definitivamente, denunció este lunes la red regional Voces del Sur.

“El Gobierno de Nicaragua realizó amenazas directas de cierre definitivo en contra de tres medios de comunicación tradicionales, obligándoles a sacar de sus agendas noticiosas los temas políticos”, señaló Voces del Sur en un informe sobre la situación de la libertad de prensa y de expresión en el país centroamericano.

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Voces del Sur, creada en 2017, es una red regional de organizaciones de la sociedad civil de América Latina que trabajan en coordinación con el fin de promover y defender la libertad de prensa y de expresión, el acceso a la información y la seguridad y protección de periodistas.

La red sostuvo que, para corroborar la denuncia sobre esos tres medios, que no identificó, monitorearon durante una semana completa los noticieros “y constatamos que dos medios de comunicación de gran alcance excluyeron los temas políticos de forma total, mientras que uno de ellos lo está haciendo de forma gradual”.

MEDIOS CERRADOS EN JUNIO

En junio, Voces del Sur también registró el allanamiento a las instalaciones del medio Trinchera de la Noticia por parte de agentes policiales, y “en días posteriores se conoció de una cédula judicial que obligaba su cierre definitivo”.

Por otro lado, los medios católicos TV Merced, propiedad de la diócesis de Matagalpa, y Canal Católico San José, propiedad de la diócesis de Estelí, ambas en el norte de Nicaragua, “fueron sacados de la frecuencia de televisión por cable por órdenes del Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones (Telcor)”, precisó.

“Con estos dos últimos casos, (y recordando en mayo el caso del Canal Católico de Nicaragua, Canal 51) en lo que va del año ya suman tres medios católicos sacados de la parrilla de televisión por cable en el país”, continuó.

A eso se suma un medio escrito, el periódico Voz Católica que fue “cerrado como consecuencia de la cancelación de la personalidad jurídica de la entidad que lo producía”, agregó.

Esa red regional también reportó que la emisora Radio Estéreo Libre, con 28 años de estar en el aire, “se vio obligada a cerrar operaciones luego que la Asamblea Nacional cancelara la personalidad jurídica de la Asociación Infantil Tuktan Sirpi-Jinotega, entidad que administraba este medio de comunicación”.

PERIODISTAS SE SIGUEN EXILIANDO

En total, en junio, Voces del Sur documentó 67 casos de violaciones a la libertad de prensa: 64 fueron perpetrados contra medios de comunicación y tres fueron cometidos contra personas naturales.

Esa red mencionó el caso del periodista Jacdiel Rivera, del canal 10 de la televisión local, que “fue víctima de obstrucción de su trabajo periodístico en dos oportunidades” en el departamento de Madriz (norte), la primera mientras se disponía a cubrir una incautación millonaria de dólares y la segunda intentando grabar imágenes sobre un accidente de tránsito, sin ser temas políticos..

Otra de las violaciones registradas en junio fue contra dos periodistas que “fueron impedidos de salir del país por órdenes del Gobierno de Nicaragua, a través de la Dirección de Migración y Extranjería”, según el informe.

Esa organización regional también informó que cinco periodistas nicaragüenses se vieron obligados a irse al exilio en junio.

“Esta migración masiva de comunicadores, que inició con la crisis sociopolítica del 2018, ya supera la exorbitante cifra de 120 personas ligadas a los medios de comunicación, que han visto el exilio forzado como única alternativa para escapar de la violencia estatal impuesta por el Gobierno de Daniel Ortega”, alertó.

Los ataques contra periodistas y medios independientes se han incrementado luego de las manifestaciones callejeras contra el presidente Ortega en abril de 2018.

Desde entonces Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.