“Me sentí como un ataúd andante”: las mujeres obligadas a cargar con embarazos inviables en Estados Unidos

Cuando saliera de aquella consulta, empezarían para Marlena Stell dos semanas “devastadoras” con los restos de un embarazo inviable el útero.

Pero eso ella aún no lo sabía.

Era el 15 de septiembre de 2021 y, embarazada de algo más de nueve semanas y media, acababa de llegar a una clínica del centro de Houston, en Texas, a hacerse la segunda ecografía de una gestación de alto riesgo.

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“Ilusionadísima”, sacó el celular para captarlo todo y hacer un FaceTime con su marido, quien por restricciones relacionadas con la covid había tenido que quedarse fuera.

“Estábamos muy contentos y esperanzados, porque queríamos darle un hermano o hermana a nuestra hija de 2 años y el anterior ultrasonido, dos semanas antes, había ido bien”, le cuenta la mujer de 42 años a BBC Mundo.

Pero esta vez la imagen del monitor no auguró nada bueno. “Allí solo se veía la cavidad, como una tumba negra hueca”, dice. “Mi ginecóloga se quedó en silencio y entendí que algo malo pasaba”.

La especialista le dijo que aquello parecía un embarazo anembrionario, también llamado huevo huero, que ocurre cuando el embrión nunca se desarrolla o deja de desarrollarse, es reabsorbido y deja un saco gestacional vacío. Es, en otras palabras, un embarazo sin bebé.

Suele estar relacionado con alteraciones genéticas y es la principal causa del aborto espontáneo, de acuerdo al Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG, por sus siglas en inglés).

Stell esperaba que a continuación hablarían de sus opciones. Pero en lugar de eso —dice— le advirtieron que, “debido a la ley del latido que acababa de entrar en vigor en Texas”, antes de que pudieran ofrecerle cualquier tratamiento o intervención debía presentar una segunda ecografía como prueba de que su gestación no era viable.

La norma en cuestión se hizo efectiva en Texas el 1 de septiembre de 2021, apenas dos semanas antes de su ecografía y cuando aún faltaban nueve meses para que la Corte Suprema de Justicia eliminara el derecho constitucional al aborto en EE.UU. y dejara en manos de los estados legislar sobre el tema.

Se le conoce como “la ley del latido” porque prohíbe interrumpir la gestación si el médico puede detectar actividad cardíaca fetal, lo que ocurre usualmente a partir de la sexta semana, un punto en el que muchas mujeres aún no saben que están embarazadas.

Stell recuerda la escena y sigue sin poder dar crédito. “No es que no se le oyera latir, ¡es que no había rastro del bebé!”.

La clínica que la atendió, tras aclarar que no pueden hablar sobre casos concretos porque la ley que protege la confidencialidad de los pacientes no lo permite, le confirmó a BBC Mundo que “cumplen con la ley del latido” y suelen pedir una segunda ecografía para confirmar que lo observado en la primera es correcto y no “un falso negativo”.

Y cuando se corrobora que es un embarazo inviable, siguen “el estándar de atención”.

Stell sostiene que allí comenzó su odisea particular para conseguir que le eliminaran el contenido del útero con un procedimiento quirúrgico y así evitar cualquier posible infección.

Lo que ella pedía era una dilatación y legrado o curetaje (dilation and curettage, D&C, en inglés), que consiste en dilatar el cuello uterino e introducir un instrumento para retirar cualquier tejido del embarazo que quede en la matriz.

Es uno de los tratamientos principales para completar abortos tempranos, aquellos que ocurren antes de la semana 13.

Otros métodos comunes son el manejo expectante (dejar que el cuerpo expulse el tejido por sí mismo), acelerar el proceso con medicación, y la eliminación por aspiración.

“Una persona que experimente un aborto espontáneo debe poder elegir, en consulta con un proveedor médico, cuál es el tratamiento adecuado para ella”, le subraya a BBC Mundo la representante del Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) Jennifer Villavicencio. Así lo indica también el manual del ACOG.

Sin embargo, tras hacerles llegar la segunda ecografía que confirmó el embarazo anembrionario, Stell asegura que la instaron a esperar a que su cuerpo expulsara el contenido del útero y le ofrecieron una receta de misoprostol, un fármaco para acelerar el proceso.

“Pero por mi experiencia anterior —su cuerpo no expulsaba el tejido uterino y el dolor no le dejaba caminar— no me sentía segura con esa alternativa de hacerlo yo sola en mi casa y prefería que me lo practicara un médico en el hospital”. Así que no usó las pastillas y siguió buscando quien le hiciera el legrado.

Lo consiguió el 28 de septiembre en una clínica abortiva.

“En esas dos semanas me sentí como un ataúd andante”, describe Stell, “llevando de un lado a otro lo que había deseado que fuera un bebé pero nunca fue”.

El cambio del paisaje legal en lo referente al aborto también está afectando el tratamiento de aquellas mujeres que, como Stell, se enfrentan a gestaciones deseadas pero no viables.

Los pacientes, médicos y organizaciones entrevistados por BBC Mundo para este reportaje apuntan a que la atención de abortos espontáneos incompletos, embarazos ectópicos —que se desarrollan fuera del útero y son considerados peligrosos— y otras complicaciones comunes se está viendo pospuesta, cuestionada e incluso negada.

“Lo que realmente ha cambiado es quién está manejando el cuidado médico, porque (en algunos casos) los doctores lo hemos dejado de hacer por temor a juicios, multas y posibles condenas de cárcel”, le dice a BBC Mundo Amanda Horton, especialista en medicina materno-fetal y obstetra de casos de alto riesgo que atiende en Texas desde 2014.

La ley de ese estado permite a los ciudadanos demandar por la vía civil a cualquiera que practique o ayude a practicar un aborto más allá de la semana seis de embarazo. Y las penas por realizar abortos aumentarán con otra ley que se espera se vuelva efectiva en cuestión de semanas.

Uno de los casos más comunes que los especialistas tratan distinto con el cambio del panorama legal es el de la “ruptura prematura de membranas”, dice Horton.

“Ocurre cuando una persona rompe aguas y aún no lleva embarazada el tiempo suficiente para que el feto pueda sobrevivir fuera del útero”, explica. En general el límite de la viabilidad fetal se establece en torno a las 23-24 semanas de embarazo, aunque no hay un consenso universal.

Cuando sucede, lo más probable es que en cuestión de días o una semana empiecen las labores de parto, aunque no es así en todos los casos, apunta la experta. Y sin líquido amniótico, “aumenta el riesgo de infección, sangrado e incluso de muerte fetal, la que ocurre cuando el bebé muere dentro de la madre”.

Antes de la ley del latido, “Texas tenía ciertas regulaciones sobre a quiénes podíamos ofrecer o no esa opción y había un proceso que seguir —incluida una espera obligatoria de 24 horas —, pero si era un embarazo lo suficientemente temprano y la paciente deseaba interrumpirlo, podía”, cuenta Horton.

“Pero ahora, a menos de que haya señales de infección o de inicio de labores de parto, no se les puede ofrecer porque su vida no está en ese momento en riesgo”. La ley del latido hace excepciones en el caso de que haya peligro de muerte de la madre.

Eso le tuvo que decir en junio a la mujer embarazada de 17 semanas que llegó, tras romper aguas, a la pequeña clínica de la zona rural de Texas en la que se atiende.

Como el feto tenía aún actividad cardíaca, después de un periodo en observación y la constatación de que su vida no corría peligro en aquel momento a falta de signos de infección, el hospital la envió a casa a esperar a que los hubiera o empezaran las labores de parto.

“Ella terminó tomando el asunto en sus propias manos y salió del estado para poner fin a su gestación”, cuenta.

Médicos especializados en gestaciones de alto riesgo comparan la forma en la que se abordan dichos casos —retrasando cualquier intervención — en estados con leyes del aborto altamente restrictivas con hacer a las mujeres trepar hasta la azotea de un rascacielos, empujarlas hasta el borde y agarrarlas justo antes de que se precipiten al vacío.

“Es una forma muy peligrosa de practicar la medicina. Todos sabemos que alguna va a morir”, apunta un doctor de Texas que pide el anonimato.

Mientras, organizaciones llamadas provida rechazan la idea de que las leyes contra el aborto estén afectando la atención a la salud materna más allá y aseguran que el verdadero problema es la “desinformación” de los medios y los activistas a favor del derecho a elegir.

“Como alguien que ha experimentado embarazos complicados, hay una gran diferencia entre los esfuerzos médicos para tratar de salvar a todos —embarazada y feto— y trabajar activamente para provocar la muerte de una persona”, le dice a BBC Mundo Kristi Hamrick, de Students for Life, una de las mayores organizaciones antiaborto de EE.UU.

Elizabeth Weller, de 26 años y residente en la ciudad texana de Houston, es una de las que se vio obligada a trepar a lo alto del hipotético edificio que decía aquel médico, observó con vértigo hacia abajo y tuvo la suerte de no caer.

El 10 de mayo, tras haber salido a caminar como le habían recomendado, sintió “un cambio de presión en el útero”, le cuenta a BBC Mundo. Cuando se agachó, recuerda que le salió “un chorro”.

La ecografía que le hicieron en urgencias del hospital Woodlands le confirmó ruptura prematura de membranas. Estaba en su semana 18 de gestación y ahí empezó lo que ella llama su “pesadilla distópica”.

“Apenas hay líquido amniótico y eso no es bueno. Así que te queda rezar y esperar que las cosas vayan bien”, recuerda que le dijo el médico que estaba en la sala.

Luego su ginecóloga le explicaría con detalle la situación (similar al descrito antes por la doctora Horton) y le plantearía dos opciones, dice: quedarse ingresada en el hospital hasta alcanzar la viabilidad fetal o la “terminación por razones médicas”.

“Al escuchar esas palabras mi corazón se hundió. Sabía que era una posibilidad pero fue muy triste y frustrante”, recuerda.

La decisión la tomó junto a su marido durante la noche, que pasaron llorando y despidiéndose de su hija. Y cuando a la mañana siguiente le comunicaron a la ginecóloga que querían poner fin a la gestación, esta les contestó que iba a solicitar la autorización y que ese mismo día pondrían en marcha el proceso, cuenta.

“Mi doctora se pasó las siguientes cinco o seis horas discutiendo con la administración (del hospital), tratando de que le autorizaran el procedimiento”; en su caso, una inducción, seguida del parto.

“Pero cuando regresó al cuarto me dijo que el hospital había decidido que no me iban a tocar”. Y les dejó claro que tenía que ver con la ley del latido y el posible fin de Roe vs. Wade.

Así que ese mismo día los Weller regresaron a casa a esperar que el feto dejara de tener actividad cardíaca o se desarrollara una infección. Estos eran los síntomas que debía tener para que pudieran considerar que su vida estaba en peligro y la pudieran intervenir, le dijeron: “Fiebre (100.4 F), escalofríos y un flujo amarillento y maloliente”.

“De camino, compramos un termómetro”, recuerda Weller. “James me tomó la temperatura cada hora, cada día, con la esperanza de que me enfermara para que nuestro sufrimiento terminara”.

No ocurriría hasta tres angustiosos días después.

El viernes se despertó preguntándose si seguiría embarazada o no. “Técnicamente lo estaba, pero mi bebé iba a morir. ¿Dónde me deja eso? Estaba teniendo una crisis existencial”, recuerda.

Sumergida en esa conversación consigo misma, escuchó un ruido en su abdomen. Era un gas, pero lo que en aquel momento y aquellas circunstancias le pasó por la cabeza fue que era el grito de su hija a punto de morir. “Me asusté mucho y llamé al hospital para que volvieran a mirar si tenía latido”.

Allí constataron que seguía habiendo actividad cardíaca fetal.

Pero a su regreso a casa vio cómo el flujo que manchaba su ropa interior era ya de un color oscuro y muy maloliente. La infección había comenzado.

Esa misma tarde le indujeron el parto. “Mi hija murió inmediatamente después. No hubo nada que pudieran hacer. Pero pude tenerla en mis brazos”.

BBC Mundo se puso en contacto con el hospital Woodlands, parte del sistema hospitalario Houston Methodist, para conocer su versión, pero hasta el momento de la publicación de este artículo no ha tenido respuesta.

Sin embargo, el caso de Weller coincide con otros relatados por médicos a este medio, en su estado y en otros con similares restricciones al aborto.

“Antes, a las pacientes con anomalías fetales letales — malformaciones cardíacas, renales o cerebrales importantes debido a las cuales el bebé nunca sobreviviría fuera del útero—y especialmente si tenían afecciones médicas de alto riesgo como la presión arterial alta, enfermedad renal o cáncer, solíamos ofrecerles la opción del aborto”, le cuenta a BBC Mundo Mae Winchester, quien trabaja en un centro académico de Cleveland, Ohio, como especialista en medicina materno-fetal.

Son casos en los que “no importa lo que hagamos, el bebé no va a salir vivo, y es insondablemente cruel pedirles a las madres que sigan con el embarazo hasta los nueve meses arriesgando sus propias vidas”.

Si bien la mayoría de las prohibiciones estatales al aborto contemplan excepciones cuando la vida de la mujer peligra, la falta de claridad sobre dónde se establece esa línea y el miedo a enfrentar demandas está llevando a algunos obstetras a consultar con abogados y comités de ética de hospitales sobre las decisiones relacionadas con la atención de rutina.

La primera vez que Winchester buscó consejo legal antes de atender a una paciente fue inmediatamente después del cambio del panorama legal en el estado.

“Yo sabía lo que tenía que hacer a nivel médico. Llegó al hospital con sangrado, dolor, el nivel de células blancas alto, señal de que había infección, y con la frecuencia cardíaca muy alta, síntomas todos compatibles con la septicemia”, potencialmente mortal.

“Ante ese cuadro el estándar de cuidado es el aborto. Lo ha sido durante décadas. Pero necesitaba orientación en términos de una logística legal con la que no estaba familiarizada: ¿había formularios que debía firmar?, ¿debía buscar la aprobación de alguien más?… Quería asegurarme de que protegía a la paciente, a mí misma y a la institución, para que pudiera seguir proveyendo la misma atención en el futuro”.

Es un procedimiento que ahora sigue con cada caso. “Tengo que obtener la aprobación de nuestros abogados antes de hacer nada. Y no puedo hacer lo que no me permiten hacer”.

“Antes era muy natural ofrecer un amplio abanico de opciones reproductivas, pero ahora no podemos ayudar a las pacientes de esa manera —y hablo por mí y también por los otros médicos con los que he hablado — por miedo a que nos multen o encarcelen”, reconoce Horton, obstetra en Texas. “Tengo una familia en la que pensar y que no quiero sacrificar”.

La doctora Winchester también habla de preocupación y miedo, y no solo de médicos, sino también de enfermeras, anestesistas...

Preguntadas si han considerado dejar de practicar en sus estados, las doctoras reconocen que les pasa a veces por la cabeza, pero se mantienen firmes.

“Al final del día, que no haya obstetras en Texas solo perjudica a las mujeres”, dice Horton.

Winchester coincide y va más allá: “Todo el mundo está muy asustado. Nadie más que las pacientes”.

“Nos preocupa que el futuro de la ginecología y obstetricia en este estado (Ohio), porque si no formamos a la siguiente generación para que pueda llevar a cabo procedimientos para salvar, ¿cómo será esto para las pacientes en 20 años, en 40 años?”.