Dos coacusados de Trump se entregan a las autoridades en Georgia

Dos coacusados en el caso de interferencia electoral en 2020 al que se enfrenta el expresidente Donald Trump se entregaron este martes a las autoridades en Georgia.

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Se trata de Scott Hall y John Eastman, este último exabogado de campaña de Trump. Han sido fichados en la cárcel del condado de Fulton, según los registros del centro penitenciario.

Se prevé que Trump se entregue en la misma cárcel el jueves. Se le acusa de haber intentado alterar el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 que ganó su rival demócrata Joe Biden.

El juez del Tribunal Superior del condado de Fulton, Scott McAfee, fijó el lunes una fianza de 200.000 dólares para el expresidente de 77 años.

Trump, favorito para la nominación republicana de cara a las elecciones de 2024, y los otros 18 coacusados tienen hasta el mediodía (16H00 GMT) del viernes para entregarse a las autoridades del estado sureño de Georgia.

Eastman, un académico conservador de derecho constitucional, está acusado de elaborar un plan para presentar una lista falsa de electores de Trump al Congreso en lugar de los legítimos de Biden.

En Estados Unidos los ciudadanos no eligen directamente al presidente sino que designan a grandes electores de cada estado, que serán quienes voten por uno u otro candidato.

A Hall se le acusa de asociación ilícita y conspiración para cometer fraude electoral.

La fianza de Eastman se fijó en 100.000 dólares y la de Hall en 10.000.

La semana pasada se acusó a Trump de chantaje y de una serie de delitos electorales en Georgia tras una investigación de dos años sobre los esfuerzos para anular su derrota electoral.

Fani Willis, fiscal de distrito del condado de Fulton, ha pedido al juez que el juicio de Trump y los demás coacusados se celebre el 4 de marzo de 2024.

Es la cuarta acusación penal contra Trump.

El expresidente republicano ha sido inculpado por presuntamente haber intentado alterar el resultado de las presidenciales de 2020 en un caso en Washington, de haber conservado documentos gubernamentales confidenciales tras dejar el cargo y de pagar a una actriz porno para que guardara silencio sobre una supuesta relación extramatrimonial.