Los inmigrantes que fueron obligados por el expresidente Donald Trump a esperar en condiciones peligrosas en México mientras intentaban obtener asilo, pronto tendrán la posibilidad de ingresar a Estados Unidos, gracias a que la nueva administración liderada por Joe Biden se ha puesto en la mira acabar con las políticas más polémicas de su predecesor.
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Se espera que esta medida se implemente dentro de las próximas dos semanas y marcaría el comienzo de la promesa del presidente Biden de poner fin a la política “Quédate en México” de la administración Trump, conocida formalmente como Protocolos de Protección Migratoria (MPP).
La política llevó a que decenas de miles de solicitantes de asilo se vieran obligados a permanecer en México mientras esperaban su cita en un tribunal estadounidense. Los defensores de derechos humanos, informaron de casos de inmigrantes secuestrados, violados y torturados.
“Quédate en México”, o ‘Remain in Mexico’, es un programa del gobierno de Estados Unidos por el cual las personas que solicitan asilo en ese país, en la frontera con México, deben esperar la resolución de sus casos en territorio mexicano. Las personas solicitantes de asilo tienen que esperar fuera de Estados Unidos el tiempo que dure su procedimiento de asilo, presentándose a varias audiencias. El proceso puede tardar meses o años.
El 20 de diciembre de 2018, el gobierno mexicano aceptó el programa y el 25 de enero de 2019 se formalizó. A partir de esa fecha y solo en el 2019 se vieron más de 60 mil migrantes latinoamericanos, de los cuales, más de 20 mil eran menores de edad.
Los puestos donde se solicita asilo son San Diego y Calexico, California; y El Paso, Brownsville, Laredo y Eagle Pass, Texas, sin embargo, durante el proceso, las personas en espera son distribuidas a diferentes ciudades de México al azar, entre ellos Mexicali, Matamoros, Nuevo Laredo, Piedras Negras, San Luis Rio Colorado, Ciudad de Juarez y Tijuana, estas dos últimas consideradas por el estudio del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, como una de las cinco ciudades más peligrosas del mundo en el 2020, por la alta tasa de homicidios, violaciones y guerras entre varios cárteles de narcotráfico.
Solo en el 2019, al menos 14 mil menores de edad fueron enviados a dichas peligrosas ciudades, sobreviviendo no solo al peligro de las violentas ciudades, sino también a las estaciones migratorias donde residen por un tiempo mientras duermes en los pisos entres sus pertenencias, para luego ser trasladados a albergues o asociaciones religiosas.
“A todos los que quieran traspasar ilegalmente nuestras fronteras, escuchen esto: no les paguen a los traficantes, no les paguen a los coyotes, no se pongan en riesgo ni arriesguen a sus hijos porque si llegan no se les permitirá entrar, pronto serán retornados a sus países, no se les dejará libres en Estados Unidos. Mientras yo sea el presidente aplicaremos nuestras leyes y protegeremos nuestras fronteras”, fue lo que declaró Trump en 2019 sobre la terrible situación que se vivía en la frontera los migrantes ilegales.
CAMBIO DE AIRES
El nuevo plan de Washington, que comenzará en tres puntos de entrada, apunta a aquellos que fueron empujados al programa “Quédate en México” y aún tienen casos activos en los tribunales de inmigración de Estados Unidos.
Según contó una fuente al medio digital Buzzfeed News, aquellos que califican después de registrarse en línea no deben ir directamente a la frontera, sino esperar instrucciones para comenzar el proceso de ingreso a Estados Unidos.
Mientras se preparan para ingresar a Estados Unidos, los inmigrantes se mantendrán en contacto con las áreas de preparación en México, donde recibirán un examen médico y una prueba de COVID-19. Los que den positivo a la enfermedad se verán obligados a seguir esperando en México mientras porten el virus.
Los funcionarios de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. también evaluarán la capacidad para recibir a los autorizados en el país, ellos creen que pueden procesar hasta 300 personas al día durante las primeras semanas en dos de los puertos de entrada para la fase inicial.
“Este es un esfuerzo que lleva meses en la planificación. Creo que muestra absolutamente que la administración se tomó en serio este compromiso“, señaló la fuente a Buzzfeed News.
Durante el inicio de este nuevo programa se priorizarán a las personas en función de acuerdo a la fecha de apertura de sus casos, sin embargo, se acelerará el proceso para aquellos que son personas vulnerables.
El gobierno de Estados Unidos estima que 25.000 personas en el programa “Quédate en México” todavía están esperando sus audiencias judiciales.
El nuevo plan exige que los solicitantes de asilo puedan ingresar a Estados Unidos sin ser detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), a menos que tengan antecedentes penales graves o sean niños no acompañados, que serán enviados a los funcionarios de Salud y Servicios Humanos.
Una vez en EE.UU., los inmigrantes serán llevados a refugios locales y se les pedirá que se registren con los funcionarios de ICE como parte de una “alternativa a la detención” en la que también podrían ser obligados a usar brazaletes en los tobillos para mantener un monitoreo remoto mientras pasan por sus procedimientos judiciales.
Por otro lado, los funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional no permitirán la entrada de personas cuyos casos de asilo en EE. UU. fueron rescindidos o que ya tienen órdenes de deportación.
Las personas que no sigan el plan de reingreso también serán devueltas, en algunos casos utilizando una ley de salud pública que permite a los funcionarios fronterizos estadounidenses devolver rápidamente a los inmigrantes en la frontera.
La administración Trump implementó el controvertido programa a principios de 2019 en medio de una oleada de familias que cruzan la frontera y solicitan asilo. En los primeros días de la política, la administración veía más de 100.000 cruces fronterizos al mes.
Según los datos compilados por Transactional Records Access Clearinghouse de la Universidad de Syracuse, de las más de 70.000 personas obligadas a pertenecer al programa solo 600 recibieron ayuda. En su mayoría, no tenían abogados y se les emitieron órdenes de deportación.
Incluso algunos funcionarios estadounidenses estaban haciendo todo lo posible para mantener fuera del país a quienes habían recibido asilo mediante la emisión de avisos falsos sobre la fecha de la corte.
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