Un día como hoy, pero en el 2017, Stephen Paddock abrió fuego contra las 22 mil personas que celebraban el Route 91 Harvest, festival de música country en Las Vegas. Eran un poco más de las 10 de la noche cuando empezó a disparar desde el piso 32 del Mandalay Bay Hotel. El saldo: 58 muertos y 867 heridos.
Se trató del “mayor tiroteo múltiple en la historia de Estados Unidos”. Y no deja de ser curioso que el hombre de 67 años no tuviera motivos políticos o religiosos.
El FBI reconstruyó su camino de muerte. Su expareja, Marilou Danley, reveló que ambos ya se habían alojado antes en ese hotel. Según cuenta Infobae, en esos viajes anteriores, “Paddock pasó buena parte del tiempo mirando por las ventanas hacia el predio donde se realizó el festival. Había estado estudiando su objetivo sin que nadie se percatara”.
No era la primera vez que lo hacía. Antes estuvo en Boston y Chicago, justamente para observar y analizar las mejores opciones. Las Vegas fue su apuesta final.
Una masacre de 11 minutos
“El País” recuerda que a las 10:05 p.m. del 1 de octubre del 2017, Stephen Paddock rompió una de las ventanas de su suite -dispuesta, por lo general, para los apostadores de sumas grandes- y disparó con “cargadores enteros de fusiles de asalto equipados con un artefacto que les permitía el fuego automático”. La masacre duró 11 minutos.
Luego, Paddock se suicidio y jamás se supieron sus razones.
Lo que siguió fue una demanda en contra de la cadena del hotel, MGM Resorts. ¿Por qué? Las investigaciones determinaron que el asesino llevó “decenas de armas” a su cuarto y que, en ningún momento, los responsables lo advirtieron. La denuncia, por lo tanto, se basaba en que las “heridas físicas y psicológicas” se pudieron evitar si el establecimiento hubiese “protegido adecuadamente al público”.
Sin embargo, la primera reacción de MGM Resorts fue demandar a las víctimas, a pesar de sostener que no tenían intención de “recibir ninguna compensación monetaria”.
Explica France 24:
“La compañía se resguarda en la ley federal de Seguridad (en inglés: ‘Safety Act’), que ‘proporciona protecciones y recursos para las víctimas de actos de terrorismo o tiroteos masivos’ donde, como es en este caso, se proporcionaron servicios de seguridad certificados por el Departamento de Seguridad Nacional”.
Finalmente, las familias y la cadena llegaron a un acuerdo económico de US$ 800 millones a favor de las familias.
“Aunque nada podrá devolver las vidas perdidas o reparar los horrores que tantos sufrieron ese día, este acuerdo proporcionará una compensación justa a miles de víctimas y a sus familias”, sostuvo Robert Eglet, abogado de las víctimas.
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