Primera declaración de una víctima de la dictadura franquista ante un juez en España

Una víctima de torturas de la dictadura declaró este viernes ante un juez español por primera vez desde que muriera Francisco Franco en 1975, tras lo cual mostró esperanza de que acabe la “impunidad” y se haga “justicia”.

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La víctima, Julio Pacheco Yepes, testificó durante una hora ante una jueza en un tribunal en Madrid, el primero que admitió a trámite una querella de este tipo.

Hasta ahora, pese a los pedidos de Naciones Unidas, la justicia española había rechazado todas las denuncias de víctimas de la dictadura (1939-1975), alegando la prescripción de delitos y, sobre todo, la Ley de Amnistía de 1977, que perdonó los delitos de los opositores políticos pero también de los agentes del orden público.

Al salir del tribunal madrileño, Pacheco Yepes y su esposa Rosa María García Alcón, quien declaró como testigo, recibieron aplausos y gritos de “reparación, verdad, justicia” de una treintena de personas que les mostraron su apoyo.

“La primera vez que un juez te hace caso y te oye, significa que puede haber más (querellas admitidas) y que (...) podemos obtener por fin justicia, yo tengo esa esperanza”, dijo el hombre de 67 años a periodistas.

Para todas las víctimas significa “empezar ya a romper el muro de silencio y de impunidad que tenemos con el franquismo”, agregó, visiblemente emocionado.

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Denuncia contra cuatro torturadores

La jueza Ana María Iguácel admitió a trámite en mayo la querella al constatar “la posible existencia” de “crímenes de lesa humanidad y torturas”, según el auto.

Ahora, la jueza debe tomar declaración a los acusados y entonces decidir si abre juicio o archiva el dosier.

En la audiencia de este viernes, según el abogado de Pacheco Yepes, Jacinto Lara, estuvo presente una fiscal de la flamante Fiscalía de Derechos Humanos y Memoria Democrática.

Esta institución fue creada por la Ley de Memoria Democrática, una legislación insignia del gobierno del socialista Pedro Sánchez para resarcir a las víctimas del franquismo, aprobada en octubre de 2022.

Miembro de una organización estudiantil antifranquista, Julio Pacheco Yepes tenía 19 años cuando fue arrestado por la policía secreta en agosto de 1975, apenas tres meses antes del fallecimiento de Franco.

Fue llevado a la temida Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol en el centro de Madrid, donde fue torturado durante días, según su testimonio, para luego ser encarcelado bajo acusación de terrorismo.

Pacheco Yepes presentó en febrero la querella contra sus cuatro torturadores, uno de ellos José Manuel Villarejo, una oscura figura implicada en numerosos escándalos relacionados con la élite económica y política y condenado en junio pasado a 19 años de cárcel por espionaje.

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La querella argentina

Las organizaciones de víctimas del franquismo esperan que el caso de Pacheco Yepes signifique “un cambio de criterio definitivo” en la justicia “tras 6 años de lucha en los juzgados españoles y 100 querellas presentadas” anteriormente sin ningún resultado, según señalaron en un reciente comunicado.

Hasta ahora, la Ley de Amnistía de 1977 había sido un muro infranqueable.

El conocido juez Baltasar Garzón llegó a ser procesado, y finalmente absuelto, por intentar abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo amnistiados por la ley.

Para gran desesperación de las víctimas, algunos torturadores murieron sin ser procesados, como el policía Juan Antonio González Pacheco, apodado Billy el Niño, fallecido en 2020.

Una de las personas que presentó una querella contra Billy el Niño fue la esposa de Pacheco Yepes, quien fue detenida por igual en 1975, pero un tribunal la inadmitió.

García Alcón, de 66 años, declaró este viernes en calidad de testigo, ya que como parte de las torturas a Pacheco Yepes le mostraron cómo era torturada la mujer.

Ante los obstáculos judiciales en España, las asociaciones de víctimas recurrieron a Argentina, donde la magistrada María Servini invocó el principio de justicia universal para iniciar una investigación en 2010, todavía abierta, por genocidio y crímenes contra la humanidad durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista.

En 2014, la justicia española negó la extradición solicitada por Servini de una veintena de antiguos ministros, jueces y policías del régimen por supuestos crímenes de lesa humanidad.