El Tribunal Supremo de España confirmó este lunes la inhabilitación por desobediencia del presidente catalán, el separatista Quim Torra, una decisión que conllevará su cese del cargo y puede generar turbulencias políticas para el gobierno central de Pedro Sánchez.
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El dirigente catalán, en el cargo desde mayo de 2018, había recurrido a este alto tribunal tras haber sido condenado en primera instancia en Barcelona a un año y medio de inhabilitación por resistirse a retirar una pancarta con lemas separatistas de la sede de su gobierno como había ordenado la Junta Electoral.
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Tras estudiar el caso el pasado 17 de septiembre, el Supremo “ratifica que desobedeció de forma contumaz y obstinada a la Junta Electoral Central, encargada de velar por la neutralidad de los poderes públicos en las elecciones”, indicó el tribunal en un comunicado.
Si bien su sentencia es firme, su aplicación efectiva se puede demorar unos días por trámites administrativos.
Cuando se ejecute, Cataluña se quedará con un gobierno interino con competencias limitadas dirigido por su actual vicepresidente y se abrirá un periodo de algo más de dos meses para escoger un nuevo dirigente o convocar elecciones regionales.
Esta sentencia puede repercutir en el gobierno de izquierdas español de Pedro Sánchez, que busca el apoyo de los separatistas para los presupuestos de 2021, donde deberían incluir las multimillonarias ayudas europeas para reactivar la economía tras la pandemia.
También puede encender los ánimos en Cataluña, donde la condena a cárcel hace un año contra nueve dirigentes por el fallido intento de secesión de 2017 provocó cinco días de fuertes protestas y violentos disturbios en Barcelona.
Justo después de oficializarse la inhabilitación, varias entidades separatistas convocaron manifestaciones para las 19H00 (17H00 GMT) en varias localidades de esta región de 7,5 millones de habitantes en el noreste de España.
Consecuencias para Sánchez
El origen de la inhabilitación de Torra se remonta a marzo de 2019, cuando la Junta Electoral le ordenó quitar una pancarta de la sede del gobierno regional donde reclamaba la libertad para los dirigentes separatistas encarcelados por los hechos de 2017.
Alegando defender su libertad de expresión, el dirigente ignoró en dos ocasiones el plazo otorgado para cumplir la orden, aunque finalmente lo hizo a regañadientes. “Sí, desobedecí”, admitió abiertamente durante el primer juicio celebrado a finales de 2019 en un tribunal de Barcelona.
La próxima destitución abrirá una crisis política en Cataluña, durante la que pueden acentuarse las divisiones nacidas en el movimiento separatista tras el fracasado intento de secesión, especialmente entre los dos socios de gobierno, Juntos por Cataluña e Izquierda Republicana (ERC).
En enero, estas tensiones internas llevaron a Torra a anunciar unas elecciones anticipadas que no llegaron a convocarse por la llegada de la pandemia a España. Ahora, paradójicamente, el gobierno quedará en manos de su vicepresidente Pere Aragonés, de ERC.
Si bien el Parlamento regional, con mayoría independentista, dispone de dos meses para escoger un nuevo presidente, lo más probable es que la región termine celebrando elecciones a comienzos de 2021 en la que las dos grandes formaciones separatistas se disputen la victoria.
Estas turbulencias pueden lastrar los esfuerzos de Sánchez para apaciguar las conflictivas relaciones entre Madrid y Barcelona.
Tras ser investido como jefe de un gobierno de coalición de izquierdas con la ayuda de ERC, el dirigente socialista puso en marcha una mesa de negociación entre ambos gobiernos para encauzar políticamente la crisis generada tras el intento de secesión de 2017.
El diálogo quedó interrumpido por la pandemia y su reactivación es una de las condiciones para que la formación de izquierdas separatista apoye las cuentas del gobierno para 2021, claves para reimpulsar una economía muy maltrecha por la crisis sanitaria.
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