Activistas peruanos y miembros del movimiento ecologista en España se han concentrado hoy frente a la sede madrileña de Repsol en protesta por el derrame de crudo en la refinería de La Pampilla, operada por la petrolera española, que en las últimas semanas ha contaminado el litoral del Perú.
Los cerca de un centenar de ambientalistas integrantes de diferentes colectivos peruanos y españoles —Ecologistas en Acción, Extinction Rebellion y con Fridays for Future, entre otros— denuncian la “falta de una respuesta contundente” por parte de Repsol frente al “ecocidio” del derrame iniciado el 15 de enero, cuando un buque descargaba petróleo en las tuberías de la refinería La Pampilla.
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El barco vertió al mar al menos 6.000 barriles de crudo, que en los días recientes se han esparcido a lo largo de 50 kilómetros en la costa peruana -y de 8 kilómetros en superficie- y han alcanzado a dos reservas naturales.
Consignas como “Repsol hazte cargo” o “la muerte no se paga”, se han escuchado la tarde del jueves frente a las oficinas, donde los activistas, convocados por Colectiva Kunturcanqui, han exigido “una sanción” para la petrolera, a la que reclaman no solo que limpie el crudo, sino que repare también los daños ocasionados en el litoral.
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Pablo Sallabera, de Ecologistas en Acción, ha afirmado que lo prioritario es presionar a la compañía “para que agilice los procesos de contención y limpieza del derrame”.
Desde su organización acusan a la petrolera española de “retrasar los plazos para descontaminar la zona y contener el vertido”, además de “no haber destinado mayor inversión en otros momentos para reforzar la seguridad”, ha señalado Sallabera.
Por su parte, la compañía arguye que “Repsol aplica los máximos estándares internacionales en materia de seguridad en todas sus instalaciones”, ha declarado a Efe y ha insistido en que el derrame fue provocado por “el oleaje y las corrientes anómalas en la tarde del sábado 15 de enero en esa zona de la costa peruana”, a causa de la erupción de un volcán en Tonga que ocasionó la muerte de dos personas en Perú.
Pero también el buque Mare Doricum, que cargaba el crudo procedente de Brasil cuando se produjo el vertido, ha criticado la gestión de la emergencia por parte de Repsol, especialmente la “demora” en actuar después de que el capitán del barco avisara de que cinco minutos antes se habían roto las amarras que lo sujetaban a las boyas del terminal número 2 de la refinería durante la operación de descarga.
Según la reconstrucción de los hechos del capitán, si el aviso se produjo cinco minutos después de la rotura, cuando solicitó la presencia a bordo de un práctico de la refinería para que volviese a posicionar el barco correctamente, este no llegó al buque hasta más de seis horas después.
Este jueves, la Fiscalía de Perú solicitó al Poder Judicial de ese país el impedimento de salida del país por dieciocho meses contra el director ejecutivo de Repsol en el país, Jaime Fernández-Cuesta, y otros tres gerentes por la mayor catástrofe medioambiental de los últimos tiempos en las costas peruanas.
Como informaron las autoridades peruanas en una rueda de prensa, Repsol puede enfrentarse a multas de hasta 18 millones de soles (unos 4,2 millones de euros, unos 4,7 millones de dólares) si incumple las tareas que el Gobierno del país andino le ha impuesto para limpiar el derrame.
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