El Senado francés adoptó este domingo de forma definitiva el proyecto de ley que regula el uso del certificado sanitario para acceder a una mayoría de establecimientos públicos y obliga a los sanitarios a vacunarse, tras cuatro días y noches de discusiones parlamentarias.
Tras una primera votación del Senado a favor del texto y con múltiples introducciones, la comisión mixta paritaria, formada por diputados y senadores, alcanzó esta noche un acuerdo con ligeras modificaciones, como la limitación de estas medidas extraordinarias hasta el 15 de noviembre, mientras impere el estado de emergencia.
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El texto final fue aprobado con 195 votos a favor y 129 en contra.
Ya desde el pasado miércoles, el certificado sanitario -de vacunación, de haber pasado la enfermedad en los últimos seis meses o un test negativo de las 48 horas anteriores- se impuso mediante decreto para la entrada en museos, cines, teatros y salas de deporte.
Pero el Ejecutivo quiere también que el documento se extienda en agosto para entrar a bares, restaurantes, cafeterías, centros comerciales y transportes públicos de largo recorrido. El objetivo: acorralar al máximo a los antivacunas.
El proyecto de ley empezó a ser debatido el pasado miércoles en la Asamblea Nacional hasta su aprobación 48 horas más tarde, y tardó casi 24 horas en ser aceptado por el Senado, la pasada madrugada.
Las medidas aprobadas estarán en vigor mientras impere el estado de emergencia, fijado hasta el 15 de noviembre. Cualquier nueva prolongación deberá ser previamente aprobada por la Asamblea Nacional.
En el caso de los centros comerciales, corresponderá al delegado de Gobierno de cada departamento establecer la forma de entrada al sitio, sin vetar el acceso a bienes de primera necesidad.
Finalmente, el certificado será necesario para poder entrar al interior de bares, restaurantes y cafés, pero también en terrazas, que los senadores habían excluido de la obligación en un principio.
VACUNACIÓN ADOLESCENTE Y SANITARIOS
Los menores de entre 12 y 18 años no tendrán que presentarlo hasta el 30 de septiembre y podrán vacunarse con el consentimiento de uno de los dos padres, y entre 16 y 17 años podrán hacerlo sin requerir la autorización paterna.
Finalmente, el aislamiento obligatorio de los contagiados será controlado por la seguridad social, y no por las fuerzas del orden, aunque éstas podrán ser advertidas si se cree que una persona no está respetando la cuarentena.
Además, las sanciones pasan a ser graduales para los establecimientos que deben controlar el certificado: primero habrá multas, luego cierres administrativos de dos semanas y riesgo de cárcel en caso de una tercera reincidencia.
En cuanto a la obligación de la vacunación de los sanitarios, la sanción no será el despido, como preveía el texto inicial, pero sí una suspensión de salario y empleo que se aplicará también a los trabajadores de establecimientos en los que haya que presentar un certificado.
El 15 de septiembre habrán de tener al menos una dosis y el 15 de octubre, ambas.
El debate se cerró al día siguiente de una nueva serie de manifestaciones en el país, con más de 161.000 personas contra la extensión del certificado a partir de agosto.
“Cuando la ciencia da armas, hay que utilizarlas”, dijo este domingo el presidente francés, Emmanuel Macron, que insistió durante una visita oficial a la Polinesia Francesa en que la vacuna es la única protección eficaz de luchar contra el virus”.
La campaña de vacunación se ha acelerado en las últimas dos semanas desde que se hicieron los anuncios sobre el certificado sanitario, pero los datos de inoculación habían mostrado un claro estancamiento, con franjas de la población en las que los porcentajes eran insuficientes.
En el caso de los sanitarios, en hospitales y residencias los primovacunados apenas llegaban al 60 %, y el pasado 18 de julio ni siquiera un 80 % de los mayores de 75 años tenían la pauta completa.
Tras el acuerdo de senadores y diputados, el texto pasa ahora al Consejo Constitucional, a petición del Gobierno, que revisará todas las enmiendas y dará su opinión sobre el proyecto de ley antes de su promulgación como muy tarde a principios de agosto, cuando el Ejecutivo quiere que el dispositivo esté en funcionamiento.
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