La disolución del histórico Grupo Helsinki es otro golpe a los derechos humanos en Rusia

En otro zarpazo más de Vladimir Putin contra las voces críticas al régimen, la Justicia de Rusia disolvió el Grupo Helsinki de Moscú, la organización de derechos humanos más antigua del país y una de las más prestigiosas y emblemáticas.

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Lejanos quedaron los tiempos en que el propio Putin visitó en el 2017 a la exdirectora de la organización, Lyudmila Alexeyeva, en su 90 cumpleaños e incluso le llevó flores: “Estoy muy agradecido por todo lo que has hecho por un gran número de personas en nuestro país durante tantos años”, le dijo aquella vez.

La ONG, fundada en 1976, había sido acusada en diciembre de emprender actividades fuera de Moscú, algo que no lo tenía permitido debido a su estatus regional, una acusación que fue considerada “absurda” por sus miembros durante el juicio exprés llevado a cabo el miércoles.

“No negamos su existencia, pero no consideramos que sean infracciones graves, ya que esa es la práctica habitual de las organizaciones de derechos humanos”, señaló a EFE la actual directora del grupo, Svetlana Astrajántseva, quien agregó que no tienen filiales en otras ciudades, sino que las actividades fuera de Moscú consistieron en el control de la transparencia de algunos procesos judiciales, que forma parte inherente del trabajo del Grupo Helsinki.

Pese a que los activistas apelarán la decisión, saben que, mientras Putin o sus allegados sigan en el poder, las esperanzas de ganar son casi nulas y es muy probable que también se confisque la oficina que tienen en la capital rusa, tal como ocurrió con Memorial, otra organización de derechos humanos disuelta en el 2021 y que ganó el año pasado el Premio Nobel de la Paz.

Así como estos dos grupos, el Kremlin, bajo Vladimir Putin, ha perseguido cualquier tipo de disidencia -el encarcelamiento del opositor Alexei Navalny es un ejemplo- y desde la guerra en Ucrania ha implementado leyes que restringen cualquier atisbo de crítica contra el Ejército.

El año pasado cerró otras ONG e incluso el Sindicato de Periodistas y Trabajadores de Medios de comunicación, además de decenas de periódicos que ha obligado a cientos de periodistas a huir del país.

Ley contra “agentes extranjeros”

A finales de junio del 2021, la Duma (Cámara Baja del Parlamento Ruso) aprobó una nueva ley que ampliaba las restricciones impuestas por la normativa contra agentes extranjeros.

Esta ley fue creada en el 2012 en Rusia para sancionar a entidades que obtengan apoyo financiero, técnico o de organización proveniente de fuera del país. En el 2020, la legislatura fue ampliada para incluir a individuos que realicen alguna actividad política y con la última actualización -que rige desde diciembre- se considera bajo este concepto a cualquier persona que las autoridades consideren que está bajo “influencia extranjera”.

En la década que la ley lleva vigente, el gobierno ha sancionado y prohibido las operaciones de diferentes organizaciones que defienden los derechos humanos y medios de comunicación incómodos para el Kremlin. Para ello ha sido fundamental la definición poco precisa detrás de la denominación de “agente extranjero”.

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Los opositores al gobierno de Vladimir Putin califican la medida como una forma de acallar a la disidencia, mientras que la última actualización estaría orientada a silenciar a quienes se oponen a la invasión de Ucrania.

El 29 de agosto, el subsecretario del Consejo de Seguridad ruso, Alexandr Grebenkin, detalló durante una entrevista con el diario “Rossískaya Gazeta” que en lo que va del año “fueron liquidadas 18 oficinas y representaciones de organizaciones no gubernamentales extranjeras e internacionales, y se declararon indeseables con posterior prohibición las actividades de 13 organizaciones de Estados Unidos, el Reino Unido, Polonia, Ucrania y otros países”.

Además, siete organizaciones sin ánimo de lucro, 13 personas jurídicas y 48 individuales fueron declarados “agentes extranjeros”, agregó.

Helsinki, una organización histórica

El Grupo Helsinki Moscú se fundó en 1976, en la época soviética, de la mano de Andréi Sájarov, el creador de la bomba de hidrógeno y uno de los más renombrados luchadores por los derechos humanos.

Su primer objetivo fue promover la aplicación en la URSS de los Acuerdos de Helsinki (o Acta Final de Helsinki), un pacto alcanzado en 1975 entre Oriente y Occidente para rebajar las tensiones en plena Guerra Fría. También se dedicó a defender los derechos civiles y la democracia y desde su creación el grupo elaboró informes anuales sobre la situación de los derechos humanos en Rusia.

Sin embargo, poco después de su fundación mucho de sus miembros fueron encarcelados, perseguidos e incluso expulsados del país, por lo que el grupo tuvo que suspender sus operaciones en 1982.

Cuando empezó la perestroika, a fines de los años 80 e inicios de los 90, volvió a trabajar gracias a la liberación de varios presos políticos y el regreso al país de muchos activistas de derechos humanos, como Ludmila Alexéyeva, considerada la “Conciencia de Rusia”, que volvió a Moscú tras la caída de la Unión Soviética para encabezar dicha organización.

Aunque participó en numerosas protestas opositoras contra el Kremlin, Alexéyeva era una de las pocas activistas que era recibida por el presidente ruso, Vladímir Putin. Su muerte en el 2018 no sólo dejó huérfano al movimiento de derechos humanos, sino al grupo, uno de los pocos que nunca fue considerado agente extranjero, ya que Alexéyeva renunció hace diez años a la financiación foránea.