Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) iniciarán este lunes un trabajo de seis meses de investigación sobre las violentas protestas sociales registradas en Bolivia en 2019, que causaron más de 30 muertos, confirmó el ministro de Justicia, Iván Lima.
“Se van a investigar todos los hechos vinculados a violencia y violación de derechos humanos ocurridos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019. El trabajo se inicia mañana y va durar 6 meses”, declaró Lima a la radio privada Panamericana.
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Tras las anulación de las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019 se desataron protestas en varias regiones del país que comprendieron choques entre civiles y también entre manifestantes y fuerzas combinadas de la policía y el ejército.
Los incidentes más graves tuvieron lugar en Sacaba, un poblado en la región central de Cochabamba, y en Senkata, un barrio de la ciudad de El Alto, vecina de La Paz.
Un informe preliminar de la CIDH, un ente autónomo de la Organización de Estados Americanos, estableció que hubo 35 muertos.
Las autoridades bolivianas dijeron inicialmente que tal investigación se focalizaría en los sucesos de Sacaba y Senkata, pero en un comunicado, la CIDH explicó que “su trabajo no está limitado a hechos específicos y puede alcanzar distintos actos de violencia y violación a los derechos humanos cometidos durante el periodo asignado”.
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) está integrado por Julián Burger, Magdalena Correa, Juan Méndez, Patricia Tappatá Valdez y Marlon Weichert. Asimismo, Jaime Vidal fungirá como secretario ejecutivo.
La CIDH anotó que los investigadores “cuentan con garantías de autonomía e independencia para asegurar el derecho a la verdad e identificar debidamente a los responsables de violaciones de los derechos humanos”.
El ministro Lima remarcó el compromiso gubernamental de que tanto las “Fuerzas Armadas como la Policía y los organismos judiciales entreguen toda la información pertinente” para llegar a la verdad de los hechos.
Los expertos tienen programados encuentros con víctimas y testigos, autoridades, así como con organizaciones de la sociedad civil.
Lima explicó que, si bien los expertos entregarán un informe con recomendaciones, “la palabra final la tendrá la justicia boliviana” que dictará las sentencias correspondientes.
La convulsión social del año pasado precipitó la renuncia del entonces presidente, Evo Morales (2006-2019), quien salió al exilio. El exmandatario volvió a Bolivia este mes tras la asunción en la presidencia de su copartidario Luis Arce.
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