Río de Janeiro (DPA). La Policía Federal brasileña retiró hoy una serie de documentos de las oficinas del ente estatal Petrobras en Río de Janeiro, en el marco de una acción destinada a investigar sospecha de lavado de dinero por parte de algunos funcionarios.
Según informó la policía, la presidencia de la petrolera colaboró con el operativo y entregó sin resistencia los documentos requeridos con el fin de investigar las denuncias sobre la existencia de una red de lavado de dinero y evasión de divisas que habría movido alrededor de 10.000 millones de reales (unos 4300 millones de dólares).
El ente estatal informó a su vez que el comisario y los tres agentes de la Policía Federal que ejecutaron la acción fueron recibidos por su presidenta, Maria das Graças Foster, quien procedió a cumplir “inmediatamente” la orden de entregar la documentación.
Además de la acción en la sede de Petrobras en Río, la policía ejecutó hoy 23 órdenes de prisión y búsqueda de documentos en las ciudades de Sao Paulo, Río, Campinas, interior de Sao Paulo, y Macaé y Niterói, interior de Río de Janeiro.
La operación, denominada “Lavado a Chorro”, salió a la luz el pasado 17 de marzo, cuando fueron cumplidas órdenes judiciales de detención de sospechosos y búsqueda y aprehensión de documentos en 17 ciudades del estado de Paraná, entre ellas la capital provincial Curitiba, además de en ciudades de otros seis estados.
Según las primeras investigaciones, la red ilegal involucra personas vinculadas al mercado clandestino de cambio de divisas en Brasil.
SOSPECHOSOSEn el marco del operativo fue detenido, entre otros, el ex director de Abastecimiento de Petrobras, Paulo Roberto Costa, de quien se sospecha que actuó perjudicando a la estatal junto al cambista Alberto Youssef, apuntado como uno de los líderes de la maniobra ilegal, quien también está preso.
Entre otros presuntos nexos, se sospecha que Youssef depositó millonarias sumas de dinero en la cuenta bancaria de una de las empresas del ex directivo de Petrobras, la Costa Global.
Otro sospechoso de participar del esquema ilegal es el diputado oficialista André Vargas, quien según la revista semanal “Veja” intermedió para que el Ministerio de Salud firmara un contrato, por unos 443,8 millones de reales (unos 193 millones de dólares) con una empresa ficticia vinculada a Youssef.
Asimismo, el diario “Folha de Sao Paulo” denunció que al menos nueve proveedores de Petrobras depositaron 34,7 millones de reales (unos 15 millones de dólares) en la cuenta de otra empresa de Youssef, la MO Consultoría.
La policía sospecha que el dinero sirvió para pagar sobornos a empleados de Petrobras y políticos.
La catarata de denuncias de irregularidades contra uno de los más importantes entes estatales de Brasil llevó a que se tramite en el Congreso Nacional la creación de una comisión para investigar los hechos.
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