Los ministerios de Interior y de Justicia de la nueva Administración en Chile, que arrancará a andar este fin de semana, anunciaron este jueves que retirarán 139 querellas contra la Ley de Seguridad del Estado presentadas en el marco del estallido social, que en 2019 llevó a cientos de miles de personas a protestar por la desigualdad en las calles del país.
La decisión, anunciada por las futuras ministras, Izkia Siches y Marcela Ríos, supone un gesto de calado, cargado de simbolismo, a escasas horas de que el nuevo presidente del país, Gabriel Boric, un joven salido de los movimientos de protesta estudiantiles y sociales, reciba la banda del libertador O’Higgings y se convierta en el mandatario más joven del país.
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“Luego de un trabajo conjunto, las ministras entrantes Izkia Siches y Marcela Ríos anunciaron como una de las primeras medidas del Gobierno el retiro inmediato de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado (LSE) presentadas en el marco del estallido socia”, explican ambas en un comunicado.
“Esta medida fue una propuesta plasmada en el programa de gobierno del presidente Gabriel Boric y busca que la LSE no sea utilizada para la persecución injusta y desproporcionada”, añade.
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La nota precisa, asimismo, que “se conformará una mesa de reparación para las víctimas de violación de los derechos humanos que estará a cargo de la próxima Subsecretaria Haydee Oberreuter”.
“Por otra parte, desde el Ministerio de Economía se apoyará a micro, pequeños y medianos comerciantes de sectores afectados en el contexto de las manifestaciones del estallido social, quienes sufrieron de forma directa daños severos en sus fuentes de trabajo”, resalta.
En ese plan, y “como parte de la agenda de recuperación inclusiva, se destinarán recursos para reactivar los barrios y espacios afectados, asegurando así que vuelvan a estar disponibles para emprender. Para el Gobierno del Presidente electo Gabriel Boric es importante la voluntad política de reconstruir confianzas y avanzar hacia la paz social”, concluyen.
En marzo de 2020, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) aseguró que 460 personas sufrieron lesiones oculares, 35 de ellos con estallido pérdida irreversible y 425 traumas oculares.
El organismo constató, asimismo, que en los más de cien días de protesta y represión policial más de 2.100 sufrieron heridas por disparos, 51 de ellos de bala, además de miles más que hubieron de ser atendidos por inhalación de gases lacrimógenos.
Según el centro de investigación periodística CIPER, al menos 77 personas siguen aún en prisión.
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