Con una masiva manifestación en Santiago que reunió a miles de personas, Chile celebró este lunes el segundo aniversario de la histórica crisis social de 2019, una conmemoración que, de forma simbólica, coincidió con el inicio de la redacción de la nueva Constitución.
Al son de “Chile despertó”, un clamor que se popularizó hace dos años, y en la céntrica Plaza Italia de la capital, se celebró en un ambiente festivo el 18 de octubre, fecha que marca el inicio de la ola de protestas que gatilló el actual proceso constituyente y abrió un nuevo capítulo en la historia del país.
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Sin mucha presencia policial ni los habituales carros lanza-agua y lanza-gases, las marabuntas protestaron contra el Gobierno y clamaron por un modelo socioeconómico más justo y por la liberación de los manifestantes que llevan meses detenidos.
Hubo algunas barricadas y enfrentamientos con la Policía, y las autoridades denunciaron algunos intentos de saqueos, pero en general, en las primeras horas de la tarde, la manifestación fue pacífica y transcurrió sin mayores incidentes.
En paralelo, un pequeño grupo trató de ingresar sin éxito a las inmediaciones del céntrico excongreso nacional, donde trabaja la Convención Constituyente, que, tras tres meses discutiendo su reglamento y otras cuestiones técnicas, arrancó la redacción de la nueva carta magna.
“Por primera vez los pueblos de Chile nos hemos sentado en una mesa plural a discutir y pensar en un país donde la dignidad se hará costumbre”, señaló la académica de etnia mapuche Elisa Loncón, presidenta del órgano.
“Esta convención propondrá una nueva Constitución, pero también una nueva práctica política que se construye con ánimo colaborativo”, agregó el constituyente de izquierda Jaime Bassa, el segundo al mando.
Durante la jornada, se celebraron marchas de menor envergadura en otros puntos de la capital, donde se desplegaron más de 5.000 efectivos en total, y se registraron disturbios en otras localidades del país.
ENTERRAR LA CONSTITUCIÓN DE PINOCHET
El órgano, formado por 155 miembros, es el primero paritario del mundo y cuenta con una gran presencia de ciudadanos independientes y ajenos a la política, la mayoría de tendencia progresista.
La nueva Constitución, que deberá estar lista en un máximo de un año y debe ser ratificada en un plebiscito de salida (previsiblemente en 2022), podría servir para dejar atrás la actual, heredada de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) y de marcado corte neoliberal.
Un sector de la sociedad chilena achaca a este texto, reformado incontables veces, las grandes desigualdades del país y la privatización de servicios básicos como las pensiones, el agua o la salud, algunas de las reivindicaciones clave de las manifestaciones.
Durante más de un año se registraron una treintena de muertes, miles de heridos e incontables episodios de violencia con saqueos, incendios, barricadas, y señalamientos hacia las fuerzas de seguridad por una excesiva represión y violaciones a los derechos humanos.
“No queremos más muertes, ni heridos, ni ojos cegados o dañados, ni represión, ni vandalismo. Manifestarse no puede ser sinónimo de peligro”, tuiteó la abogada y constituyente Patricia Politzer.
Marcela Cubillos, uno de los rostros más conocidos de oficialismo en la convención, señaló por su parte que en esta fecha “no hay nada que celebrar”.
“Quienes avalan, promueven o usan la violencia para avanzar en su agenda política deberán hacerse responsables”, agregó.
“DOS AÑOS SIN CAMBIOS”
Chile ha sido dentro de la región uno de los países más estables en términos políticos y económicos, pero en los últimos dos años ha vivido una fuerte crisis política e institucional bajo el halo de un presidente, el conservador Sebastián Piñera, que goza de una muy baja aprobación, menos del 20 % según encuestas recientes.
Gysel Leiva, una joven manifestante, lamentó desde Plaza Italia que Chile lleva “dos años sin cambios” en materia de derechos sociales.
“No tenemos ni mejores pensiones, ni educación gratuita. Esta Constitución tiene que servir para construir un país más justo, no solo para los ricos”, afirmó.
“Aquí no se ha hecho justicia. Tenemos a compañeros en la cárcel desde hace demasiado tiempo y no pararemos hasta que los liberen”, apuntó por su parte Diego Salazar, un dirigente estudiantil que acudió a manifestarse a Plaza Italia.
El tema de los manifestantes presos, que el Ministerio Público cifró en 25, genera mucha controversia, y mientras que el Parlamento discute un proyecto de ley para indultarlos, desde el Gobierno señalan que no hay “presos políticos”.
En paralelo, el independiente Instituto Nacional de Derechos Humanos denunció lentitud en las investigaciones por supuestas violaciones a los derechos humanos e indicó la semana pasada que solo hay 4 condenas a agentes del Estado de las más de 3.000 querellas interpuestas.
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