El presidente Gabriel Boric firmó este viernes la adhesión de Chile al Acuerdo de Escazú, un tratado regional de defensa de los ambientalistas y de los derechos medioambientales que el gobierno de Sebastián Piñera rechazó y que aún debe aprobar el Congreso.
Una semana después de asumir el poder, el presidente izquierdista cumplió la promesa de campaña de incorporar al país a este tratado ambiental que introduce disposiciones específicas para proteger los derechos de los defensores de la naturaleza en América Latina y el Caribe, donde ocurre el 60% de los asesinatos de ambientalistas en el mundo.
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“Nos hemos demorado más de la cuenta en firmar este acuerdo (...) pero hoy enmendamos el rumbo”, afirmó el presidente Boric.
El acuerdo entró en vigor en abril de 2021. Hasta la fecha 25 países de la región lo suscribieron, entre ellos Brasil, Guatemala y Colombia, y 12 lo ratificaron, entre ellos Argentina, México, Uruguay y Ecuador.
El nuevo Congreso de Chile inició la legislatura el pasado viernes sin mayorías definidas, por lo cual no hay garantías de que la incorporación de Chile al pacto sea aprobada.
El acuerdo de Escazú, el primero de su tipo, también contempla la protección de la biodiversidad en momentos que países como Chile revisan su modelo de desarrollo, enfrentados a graves problemas como una sequía prolongada y otros desafíos compartidos en una región que ya atraviesa consecuencias por el cambio climático.
Pese a que Chile fue junto a Costa Rica uno de sus impulsores, el acuerdo de Escazú no fue firmado por el gobierno del conservador Piñera, al considerarlo “ambiguo” e “impreciso” en las obligaciones a las que compromete a sus signatarios y es por esa razón que tendrá que ser tramitado en el Congreso chileno, porque ya pasaron los dos años que establecía el tratado para su firma.
Según la administración de Piñera el acuerdo exponía al país a posibles demandas internacionales por razones ambientales, y abría la puerta a que Bolivia, que reclama una salida al mar a Chile, pudiera servirse del tratado para reivindicar este pedido.
La canciller chilena, Antonia Urrejola, recalcó que el tratado señala que las controversias “se resuelven por medio de negociaciones” e incluye herramientas para la resolución de conflictos entre los Estados parte.
“Es un día esperanzador para Chile, pues se inicia el proceso de adhesión a un acuerdo que hará posible alcanzar pactos ambiciosos para tener una sociedad más justa e inclusiva”, agregó Urrejola.
De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en 2019 hubo 210 defensores ambientales asesinados en el mundo, dos tercios de ellos en América Latina.
El convenio busca proteger el medioambiente y la salud de las personas, principalmente los pueblos indígenas, y también promueve la participación pública, el acceso a la información y la justicia en asuntos ambientales.
Asimismo, empodera a las personas y comunidades para que sean informadas y escuchadas en los procesos de toma de decisiones que afecten sus vidas y territorios, según la Cepal.
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