Primero el desencanto los empujó a protestar en Colombia. Luego, los choques con la policía, los muertos. Cuando las calles se silenciaron, una “cacería de brujas” terminó con el arresto de casi 2.000 manifestantes, denuncian organizaciones sociales.
En Paipa y Sogamoso, en el departamento de Boyacá (noroeste), siete jóvenes fueron detenidos el 22 de noviembre.
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“La fiscalía nos presenta como un grupo radical organizado que es peligroso para la sociedad y que tiene un odio irracional hacia la policía”, dice a la AFP la estudiante de derecho Juliana Higuera (21 años).
Ser madre soltera de Salomé (5) le valió la casa por cárcel. Cinco de sus amigos siguen tras las rejas.
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Brigget Supelano (22) corrió la misma suerte que Juliana por su hijo Adrián (4), que presenció el arresto en la madrugada. Decenas de policías golpearon sus puertas cuando dormían. Los capturaron en simultáneo y a algunos los llevaron en camionetas particulares, según denuncian.
“Solo por querer cambiar el país, por pelear por nuestros derechos. No hicimos nada malo”, sostiene la joven conteniendo el llanto.
Sin estudios ni trabajo, Brigget cría a su hijo entre carencias, agravadas por un trastorno en la sangre que la obliga a ingresar con frecuencia en el hospital.
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Cientos de miles de manifestantes tomaron las calles del país entre abril y junio de 2021 en rechazo al alza de impuestos propuesta por el gobierno para paliar la debacle de la pandemia, y que finalmente desechó ante la presión popular.
Las jornadas fueron en su mayoría pacíficas, aunque hubo bloqueos viales, destrozos y choques con la fuerza pública que, según la Defensoría del Pueblo (ombudsman), dejaron casi 60 civiles y dos uniformados muertos.
“La noche de los lápices”
La fiscalía informó de la detención como parte del estallido social de 1.925 personas, de los que 1.464 ya están libres. La entidad no precisó si los 461 restantes siguen detenidos. El Ministerio de Defensa habla de “259 capturas de criminales y delincuentes de la Primera Línea”, una facción de manifestantes encargada de repeler los ataques de la policía.
En Boyacá, los cuatro hombres y tres mujeres fueron imputados por concierto para delinquir, tenencia y tráfico de sustancias peligrosas, y violencia contra servidor público.
“El caso se parece a la película argentina ‘La noche de los lápices’”, denuncia el concejal centroizquierdista Diego Cancino. “Pasa la persecución de la protesta y, tiempo después, cuando la cosa está más calmada, cuando los ánimos están más apaciguados, ¡prum! Viene la andanada de la persecución judicial”, explica.
Colombia vive un inédito movimiento de protestas desde 2019, que periódicamente empuja a miles de personas a las calles en uno de uno los países más desiguales del mundo, en el que el 42% de sus 50 millones de habitantes vive en la pobreza.
Esta vez la represión policial avivó el descontento y provocó un llamado de atención de la ONU. Sin un liderazgo definido, jóvenes clamaron por una reforma policial y un Estado más solidario.
“Esto no nos va a amilanar. Ser defensor de derechos humanos no es un delito, protestar no es un delito”, dice la activista Juliana, a quien la fiscalía acusa de liderar el supuesto grupo que formaban los siete detenidos.
Las pruebas
Desde una estación de policía los capturados atendieron tres días de audiencias virtuales. La fiscalía presentó la declaración de un testigo e interceptaciones telefónicas en las que algunas los detenidos hablaban de “gasolina”, “pólvora” y cortes de ruta.
Estas personas no solo “crearon un grupo radical organizado, sino que en ninguna de sus convocatorias buscaban un fin legítimo, siempre la única finalidad de este grupo fue la confrontación directa. Aquí no hay ninguna lucha de un pueblo, ni una lucha social, aquí hay una lucha directa de odio y de vandalismo”, lanzó la fiscal del caso.
Videos muestran a encapuchados destrozando edificios. Aunque no se puede identificar a los imputados, la fiscal aseguró que “la convocatoria, el liderazgo y la autorización para estar allí estuvo en cabeza de este grupo”.
Un juez determinó que estos siete jóvenes son un “peligro para la sociedad” y no podrán defenderse en libertad. Los abogados apelaron la decisión.
“¿Por pensar diferente los quieran matar, los quieran encerrar, les quieran callar la boca?”, se pregunta Esperanza Ávila junto a una pila de fotografías de su hijo, Julián Barón (20), uno de los siete detenidos.
Por sus logros académicos recibió una beca universitaria en Bogotá y tenía la posibilidad de convertirse en el primer profesional de la familia, dice conmovida. Su padre es bombero y Esperanza tiene un puesto de comida rápida.
Al arresto siguió el temor constante. Detenida en casa, Juliana vive la Navidad más “dolorosa”.
“Tengo miedo todo el tiempo, incluso en este momento me están temblando las manos”, confiesa.
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Protestas contra Duque se atizan por abusos policiales en surooeste de Colombia
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