El Gobierno de Bolivia investiga las denuncias de presuntas vacunaciones irregulares contra la covid-19 en cuatro de las nueve regiones del país a personas a las que todavía no les corresponde ser inmunizadas.
Las denuncias surgieron en las regiones de La Paz, Santa Cruz, Tarija y Chuquisaca, precisó este viernes a Efe el viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva.
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Las denuncias en La Paz y Santa Cruz ya están “comprobadas” y con procesos penales en marcha, mientras que las de Tarija y Chuquisaca están “en proceso de verificación”, explicó.
El caso de La Paz se refiere a la vacunación irregular de un militar y tres administrativos de la Corporación del Seguro Social Militar (Cossmil), que se investiga desde hace dos días a instancias del Ministerio de Defensa y con respaldo del viceministerio de Silva.
El de Santa Cruz fue denunciado penalmente en esta jornada por el Servicio Departamental de Salud (Sedes), cuyo director, Marcelo Ríos, explicó a los medios que se refiere a una funcionaria que incluyó en un listado para la vacunación a dos personas que no pertenecen al personal de salud.
En Tarija se denunció que dos personas presuntamente recibieron la vacuna de forma irregular en el hospital San Antonio, mientras que en Chuquisaca se habla de un número aún no determinado de supuestos familiares del personal de la Gobernación regional que se beneficiaron con la inmunización.
Silva indicó que la próxima semana viajará a ambas regiones para hacer la verificación en persona, aunque en Tarija ya ha solicitado un reporte al Sedes.
El personal encargado de la vacunación que dé prioridad a sus amigos o familiares, o se deje “intimidar por algún cargo, grado, presión política o de poder económico” estaría cometiendo un delito de incumplimiento de deberes, según el viceministro.
Mientras que quienes se beneficien ilegalmente con la vacuna incurren en el delito de tráfico de influencias, precisó.
Por ello, los implicados en estos hechos irregulares serán imputados “mínimamente por estos dos delitos, sin descartar otros”, explicó Silva.
PLAN DE VACUNACIÓN
La autoridad manifestó que “al final toda la población se va a vacunar” y el Gobierno prevé completar este proceso hasta septiembre próximo, pero “existe un plan y ese plan tiene un cronograma con etapas” que se deben cumplir.
Silva recordó que las primeras vacunas recibidas están destinadas al personal de la salud que trabaja en primera línea con las personas contagiadas con la covid-19 porque “están arriesgando su salud y su vida”.
Luego están las personas con enfermedades crónicas y de base, para continuar posteriormente con la vacunación masiva “destinada a toda la población”, sostuvo.
“En esta primera etapa, desviar la vacuna a otras personas que no están comprendidas en la primera línea es poner en riesgo la vida de médicos y enfermeras que requieren inmunizarse para seguir salvando vidas”, remarcó Silva.
Si las personas que deben vacunarse al final lo hacen primero, “entonces el plan va a fallar”, alertó.
El proceso de vacunación comenzó a fines de enero con la aplicación de 20.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V al personal médico de primera línea, mientras que la vacunación masiva propiamente se activó la semana pasada tras la llegada de la vacuna china Sinopharm.
Bolivia se encuentra en proceso de “desescalada” de contagios tras la segunda ola que inició a fines de diciembre pasado con reportes de más de 2.000 casos diarios y varias jornadas con más de 50 muertos.
Según el último reporte del Ministerio de Salud, el país acumula 11.761 decesos y 252.360 casos confirmados de covid-19 desde los primeros contagios reportados en marzo de 2020.
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