La Corte Suprema de Brasil dio este lunes un plazo de 48 horas para que el Gobierno del presidente Jair Bolsonaro explique su negativa a imponer la obligatoriedad del certificado de vacunación contra la covid-19 a los pasajeros procedentes del exterior.
El ultimátum fue impuesto por el magistrado Luis Roberto Barroso, uno de los once miembros del Supremo Tribunal Federal (STF) y quien debe pronunciarse sobre un recurso presentado por el partido Red de Sostenibilidad en el que se exige la imposición de esa restricción como herramienta para evitar una mayor propagación del coronavirus.
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La adopción de la restricción también es recomendada por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), la Defensoría Pública y el Tribunal de Cuentas de la Unión (un órgano consultor del Congreso), especialmente tras la aparición de la ómicron, una nueva variante de la covid al parecer más contagiosa.
En su recomendación al Gobierno, la Anvisa alertó que la política de fronteras tiene que ser revisada y que, además de restringir vuelos procedentes de países en los que circula libremente la ómicron, es necesario exigir el certificado de vacunación de quienes desembarquen en Brasil, además del diagnóstico negativo para covid.
Los ministros responsables de la gestión de la pandemia tenían previsto reunirse este lunes con técnicos de la Anvisa para analizar la medida pero cancelaron la cita a última hora sin dar explicaciones.
Pese a las recomendaciones, Bolsonaro afirmó la semana pasada que su Gobierno no tiene previsto implantar el llamado “pasaporte sanitario” pues, en su opinión, la “libertad está por encima de todo” y cada ciudadano puede decidir si se vacuna o no.
Ante la petición de la Red de Sostenibilidad, la demora del Gobierno en pronunciarse sobre la recomendación y el inicio la próxima semana del receso judicial, el magistrado Barroso estableció un plazo para que el Gobierno se pronuncie sobre el asunto para que él, como instructor del proceso, pueda dar una sentencia sobre el asunto.
Según Barroso, la Red de Sostenibilidad pidió que la obligatoriedad sea impuesta por la Justicia “ante la inercia del Gobierno en revisar su política y el riesgo inminente de diseminación de la nueva cepa cuando se acerca el período de vacaciones y de grandes eventos turísticos (como el carnaval)”.
El certificado de vacunación ya es exigido en al menos 19 capitales regionales, como Sao Paulo y Río de Janeiro, para acceder a lugares como teatros, edificaciones gubernamentales o atracciones turísticas. En Río de Janeiro es necesario también para ingresar a hoteles, restaurantes y bares.
El negacionismo de Bolsonaro frente a la gravedad de la pandemia llevó la semana pasada a la Corte Suprema a abrirle una nueva investigación por una declaración en la que vinculó la vacuna de la covid con el sida en las personas vacunadas.
Se trata de la quinta investigación que enfrenta Bolsonaro en el alto tribunal desde que asumió el poder, en enero de 2019, por diversos asuntos, desde presuntas injerencias políticas en la Policía Federal hasta posibles irregularidades en las negociaciones para comprar vacunas, pasando por la difusión de noticias falsas.
Una comisión del Senado que investigó las omisiones del Gobierno en la gestión frente a la covid formuló en su informe final nueve cargos contra el presidente, entre ellos “crímenes contra la humanidad”, por su errático manejo de la covid, enfermedad que ya ha matado a más de 615.700 brasileños y contagiado a 22,1 millones.
Esos números convierten a Brasil en el segundo país del mundo con más fallecidos por coronavirus, después de Estados Unidos, y el tercero con más casos confirmados, detrás de EE.UU. e India.
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