“Ahora nos matan en cualquier parte”: la barbarie del crimen organizado que mantiene en vilo a Guayaquil

Jeremy dormía en una habitación que miraba hacia la Calle 8, donde la música del bailadero más cercano se filtraba a través de las ventanas a las 3:00 de la mañana, como cualquier otra madrugada de domingo en el barrio Cristo del Consuelo, al sureste de Guayaquil.

Tras escuchar una ráfaga de disparos, su madre Roxana lo llamó a gritos para prevenirlo.

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El niño de 7 años se levantó de un salto y se dejó guiar por Roxana para abandonar la casa familiar ubicada en los márgenes del Estero Salado, un brazo de mar proveniente del océano Pacífico, en la costa suroeste de Ecuador.

Voces de la calle presagiaban una bomba.

Mientras bajaban por las escaleras, un estruendo sacudió la casa. Luego Jeremy divisó el fuego.

Cuando recobró la consciencia, se descubrió sobre el techo de un auto. Envuelto en la oscuridad, no logró distinguir quiénes lo cargaban y lo llevaban al suelo. Quizás se había quedado sordo, no podía escuchar lo que decían.

Cuando Nayelis llegó media hora después, descubrió que el fuego consumía la fachada de la casa donde vivía con su hija, su madre, su abuela y su hermano Jeremy.

Mientras corría en dirección opuesta a las personas que escapaban de la explosión, la joven de 21 años encontró a Roxana tirada en el suelo.

“Mami, levántese”, dijo mientras la sacudía. El rostro de Roxana estaba impregnado de sangre. “¡Llamen a una ambulancia!”, gritó a los agentes de la Policía Nacional que custodiaban el lugar, aunque sabía que su madre estaba muerta.

Rodeada por heridos y escombros, Nayelis avistó a Jeremy en una esquina. Aturdida por el temor de perderlo también, lo revisó cuidadosamente para evitar causarle más daño.

Jeremy tenía la cara cubierta de sangre, un hueco en la cabeza y otro en el brazo.

“Estaba como traumado. Yo le hablaba pero no me escuchaba, hacía como si no me conociera”, contó Nayelis a BBC Mundo tres semanas después del estallido. “Perdí a mi mami y mi casa por la bomba. Si hubiese dormido allí esa noche, quizás estaría muerta”.

El Ministerio del Interior y la Policía Nacional han registrado 145 atentados con explosivos en Ecuador entre enero y agosto de este año, un récord en la historia del país. Setenta y dos de ellos, casi la mitad, han ocurrido en Guayaquil. El de Cristo del Consuelo es el primero que ocasiona muertes.

Las autoridades ecuatorianas reportaron 5 fallecidos, 17 heridos y 117 personas afectadas por el estallido de Cristo del Consuelo, un barrio conocido por sus discotecas clandestinas, los caldos de salchicha para prevenir la resaca, y las procesiones religiosas de Semana Santa.

A las 8:30 de la mañana de aquel domingo 14 de agosto de 2022, cinco horas después de la explosión, el ministro del Interior, Patricio Carrillo, afirmó por Twitter que el ataque constituía “una declaración de guerra al Estado” por parte de “mercenarios del crimen organizado”.

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El presidente Guillermo Lasso declaró estado de excepción durante un mes en los cantones de Guayaquil, Durán y Samborondón, para contener la violencia y facilitar el despliegue de policías y militares en las calles.

Los explosivos más comunes usados en los ataques de este año han sido dinamita y dinamita en gel, granadas y pentolita, un compuesto que se emplea para fabricar armamento militar como las ojivas.

Sin embargo, el ministro del Interior aseguró que la bomba del Cristo del Consuelo, que alcanzó una onda expansiva de 70 metros, se habría confeccionado con una mezcla de sustancias químicas de fabricación casera, disponibles comercialmente como acetona.

“Lo que más nos preocupa es cómo van llegando a estas capacidades para cometer toda esta barbarie”, dijo Carrillo en una entrevista con el canal local Teleamazonas.

Cumplidos los 30 días del estado de excepción, el gobierno ecuatoriano renovó el decreto hasta mediados de octubre. El lunes 19 de septiembre, mientras estaba en vigencia la medida, fue asesinado a tiros el fiscal de la Unidad de Personas y Garantías de Guayaquil, Édgar Escobar, quien investigaba a organizaciones del crimen organizado relacionadas con el narcotráfico.

Mónica Medina, la madre de Roxana, construyó la planta baja de la casa familiar hace más de 30 años. Comenzó con paredes de caña, y poco a poco juntó el dinero para reemplazarlas por vigas y cemento. Roxana levantó el segundo piso con madera y techo de zinc.

Apenas ocurrió la explosión, una vecina levantó a Mónica del suelo y la llevó al hospital, con vidrios y escombros incrustados en el rostro y el pecho. Aunque intentaba abrir los párpados, todo estaba oscuro. El dolor le hizo suponer que sus ojos se habían desprendido del rostro.

Testigos reportaron a la policía haber visto a dos hombres, a bordo de una moto, cuando descargaron una ráfaga de disparos y luego soltaron el bolso que contenía la bomba frente a la casa de Mónica.

La explosión arrasó el techo, las paredes, la fachada y todo lo que había dentro de la casa de Mónica. También la de sus vecinos. Quedó un hueco en el asfalto que permite ver las aguas del Estero Salado detrás de las viviendas.

Las autoridades hicieron un censo para repartir ayudas a los afectados, pero no entrevistaron a Mónica. “En esa explosión perdí a mi única hija y mi casa. Me quedé sola y ahora no tengo dónde vivir”.

La Policía Nacional instaló un patrullaje permanente en la esquina que da acceso a la Calle 8, parcialmente cerrada por una reja donde cuelga un aviso que dice “Queremos solución!”, en referencia a las viviendas perjudicadas por la explosión.

La casa de Leida Guerrero, vecina pared con pared de Mónica y Roxana, acabó fracturada tras el estallido. “Las paredes están rajadas, el piso está colapsado y los pilares se movieron. Mi casa en cualquier momento se puede venir abajo”.

Leida es la única habitante de la Calle 8 que accedió a revelar su identidad para esta historia. Los transehúntes se mostraban dispuestos a contar dónde estaban cuando explotó la bomba o qué lesiones tuvieron sus familiares —la mayoría en la vista o los oídos—, pero se retiraban con una despedida cortés al preguntarles sobre posibles responsables o la seguridad en el barrio.

Al menos una decena coincidió en que el estallido de una bomba era inimaginable en Cristo del Consuelo. Aunque las fiestas solían prolongarse desde los viernes hasta los domingos, el fin de semana que BBC Mundo visitó el barrio estaba sumido en el silencio.

Todos temen que ocurra otra explosión.

El Ministerio del Interior inició la investigación a partir de dos hipótesis: el ataque era una represalia por parte de bandas del crimen organizado contra las autoridades por el decomiso de 250 kilos de drogas dos días antes, o se trataba de una revancha contra alias “Cucaracha”, quien “aparentemente tenía en zozobra” a los habitantes del Cristo del Consuelo, dijo el ministro Carrillo.

Los vecinos de la Calle 8 contaron que “Cucaracha” es propietario de un bailadero, un hombre a quien todos conocen y que también resultó herido en el ataque. Algunos sospechaban que la bomba era un castigo por haberse negado a “pagar vacuna”, un término que los ecuatorianos usan para referirse a las extorsiones.

“Cucaracha” pidió no ser identificado con nombre y apellido y negó haber sido víctima de extorsiones. Aunque dijo que no quería responder mi llamada para evitar exponerse, le pregunté por qué las autoridades suponían que él era el objetivo del ataque. “No lo sé. Gracias a Dios yo no ando metido en cosas malas y no tengo por qué meterme en cosas que no me incumben”, respondió.

Lamentó que el ministro lo hubiera involucrado en la explosión sin siquiera conocerlo. “Quiero que algún día él salga y diga que se confundió, pero nunca lo hará”.

Mientras tomábamos imágenes de las viviendas afectadas, se acercaron agentes de la Policía Nacional.

Uno de ellos aseguró que no podía identificarse, y bajó la voz para afirmar que las fiestas de madrugada en la Calle 8 encubrían el traslado y embarque de droga en lanchas que zarpan del Estero Salado hacia aguas abiertas, donde la mercancía se introduce en buques que la llevan a puertos internacionales.

El gobernador de la provincia de Guayas, Lorenzo Calvas, le explicó a BBC Mundo que la conexión de Guayaquil con el océano Pacífico, así como el puerto marítimo y el puerto de aguas profundas de Posorja, convierten a la ciudad en un “sitio ideal” para la exportación de sustancias ilícitas.

Los policías que vigilaban la Calle 8 se mantuvieron cerca hasta que nos marchamos de Cristo del Consuelo.

Ecuador se encuentra entre Colombia y Perú, los dos mayores productores de cocaína del mundo, por lo cual ha sido un país de tránsito en el tráfico de narcóticos.

En 2022, figura como el tercer país donde se incauta más cocaína después de Colombia y Estados Unidos, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga.

Las autoridades ecuatorianas confiscaron 18 toneladas de drogas en 2010. Diez años más tarde fueron 128 toneladas. Un año después, en 2021, se decomisaron 201 toneladas, la mayor cifra de incautación en la historia de Ecuador.

Guayaquil, el mayor puerto marítimo del país, también es el principal puerto de salida de la droga que navega por el Pacífico hacia el norte del continente americano.

La Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos de Estados Unidos ha definido a la ciudad ecuatoriana como el mayor hub para la cocaína que va a Europa y al resto del mundo.

Las autoridades de Guayaquil confiscaron 46 toneladas de droga entre enero y agosto de 2021. Los decomisos escalaron a 78 toneladas para el mismo período este año, precisó el gobernador de Guayas.

Añadió que ocho de cada diez muertes violentas en Guayaquil derivan del narcotráfico.

“Guayaquil es el lugar de exportación, consumo, lavado de dinero y producción de cocaína más significativo de Ecuador”, explicó el experto ecuatoriano en seguridad Fernando Carrión. En ese contexto, “un 75% de los homicidios en la ciudad son ocasionados por bandas, mafias y carteles vinculados al narcotráfico”.

El economista Uriel Castillo nació en el norte de Esmeraldas, una provincia ecuatoriana fronteriza con Colombia, permeable durante décadas a las actividades de las guerrillas colombianas y de organizaciones del narcotráfico.

Su familia se instaló en Cristo del Consuelo cuando emigró a Guayaquil hace más de 40 años, al igual que la mayoría de los habitantes de este barrio que nació como un asentamiento de los pobladores de comunidades afroecuatorianas.

Castillo recuerda que Cristo del Consuelo era una barriada segura a principios de los 90. Sin embargo, asegura que en las últimas décadas se ha creado en Guayaquil un “cinturón de marginalidad, en el que se fusiona la delincuencia, la precariedad social y las bandas organizadas”.

Una semana antes de que estallara la bomba en Cristo del Consuelo, las autoridades encontraron seis cuerpos en una fosa común en el Guasmo, una zona de manglares al sur de Guayaquil.

Tres semanas después de la explosión se ordenó la militarización de la barriada guayaquileña Socio Vivienda II, luego de que bandas se enfrentaran a tiros con armas de guerra, y la balacera quedara registrada en videos que circularon por las redes sociales.

Esa semana, el domingo 4 de septiembre, fui a almorzar al centro de Guayaquil. Al llegar a la turística calle Panamá, me topé con una mujer que lloraba mientras contaba a un grupo de agentes de la Policía Nacional que dos hombres en moto acababan de apuntarla con un arma para arrancarle la cartera.

“Esto se jodió. Ya no tenemos paz, ahora nos matan en cualquier parte”, dijo un empleado del restaurante de la esquina que presenció el asalto.

Cristo del Consuelo forma parte de la zona 8, cuya seguridad es coordinada por el general de la Policía Nacional Víctor Zárate.

Después de 34 años en el oficio, Zárate considera que el tráfico de drogas es la mayor amenaza de seguridad que afronta Ecuador.

“El peor momento de inseguridad puede ser ahora. El tema más grave es el microtráfico. He pasado 20 años de mi vida en grupos especiales, he trabajado en el tema de delincuencia organizada, secuestro y narcotráfico. Hoy estamos en un punto crucial porque todo se ha elevado”, dijo en una entrevista desde su despacho en Guayaquil.

Añadió que la ola de violencia también se debe “a la incautación de drogas y a la pugna de estas organizaciones por ganar espacios de territorio”.

Indicó que la policía investiga si la bomba en Cristo del Consuelo fue producto del enfrentamiento entre Los Choneros y Tiguerones, dos de las bandas armadas más temidas en Ecuador.

La Fiscalía ecuatoriana confirmó a BBC Mundo que investiga los delitos de terrorismo, asesinato y tráfico ilícito de armas de fuego en el caso de Cristo del Consuelo. Ordenó la detención de Darío Arturo C. S., alias “Morado”, como uno de los sospechosos de participar en la fabricación y activación del explosivo.

Cuando fue capturado, “Morado” tenía en su poder “una pistola marca Glock con su respectiva alimentadora, 17 cartuchos sin percutir, un fusil calibre 5,56, con 30 cartuchos del mismo calibre; cuatro teléfonos celulares, una laptop, una tablet, droga en pequeñas cantidades y dinero en efectivo”, informó la Fiscalía.

Zárate cuestionó que “Morado” haya estado libre antes del ataque, dado que era investigado por tráfico y tenencia de armas de fuego y tentativa de asesinato, luego de verse involucrado en un ataque que ocasionó siete heridos en el Distrito Sur.

El sospechoso “estaba con grillete electrónico y medidas sustitutivas o alternativas a la pena”, precisó.

El general de la Policía Nacional lamentó que el sistema judicial no procese a los sospechosos de delitos, aunque existan evidencias que los incriminen.

“Como policía entregamos los insumos necesarios para que reciban la sanción correspondiente a través de los jueces, impulsados por Fiscalía. Pero muchos de ellos no valoran las pruebas y los ponen en libertad, a pesar de haber sido encontrados con armas o en posesión de drogas”.

Un “rey” de los Latin King, una de las bandas armadas más conocidas en Ecuador, explicó a BBC Mundo que la policía y los miembros de otras organizaciones armadas son los principales enemigos de las personas que integran el crimen organizado.

“Todo el mundo sabe quién manda en dónde. Nadie se atreve a meterse en el territorio de otro, pero si eso ocurre no se perdona”, afirmó desde un barrio de Guayaquil bajo la condición de mantenerse anónimo.

Aunque dijo que nunca ha asesinado a nadie, aseguró que matar no causa remordimiento. “Si el otro tiene familia, yo también. Es él o yo, es un asunto de sobrevivencia”.

Después de perder a su madre y su casa en la explosión, Jeremy se mudó con su abuela paterna. Elvia Cacao Zambrano cuenta que su nieto se ha vuelto más retraído desde la muerte de Roxana. “Ahora quiere que lo abrace todo el tiempo. Antes no hacía eso”.

“Sé que mi nieto nunca podrá olvidar lo que pasó, pero sí me gustaría que pudiera pasar página y seguir adelante”, dijo Elvia en la sala de su casa, desde otra orilla del Estero Salado.

La psicóloga clínica Paola Cercado se ofreció a brindarle asistencia a Jeremy, luego de que Mónica trabajara para ella durante seis años como empleada doméstica.

Cercado vio crecer a Jeremy dentro de su casa como un miembro más de la familia.

La psicóloga se reunió con Jeremy hace pocos días. Parecía tranquilo, aunque la abuela contó que cuando el niño se llena de coraje golpea las almohadas.

“Hay que hacer un trabajo psicológico porque a Jeremy le mataron a su mamá. Esa herida tiene que sanar para que en el futuro no busque venganza”, afirmó.

Cuando le pregunté por su madre, a Jeremy le tembló la mandíbula y se le humedecieron los ojos. Evitó mirarme, se contuvo y no lloró. Su padre le ha dicho que es mejor no hablar de la explosión.

Jeremy quiere ser policía cuando sea grande.

Le gusta el uniforme.

Y las armas.