El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, denunció este martes lo que consideró “malos jueces”, anunció que presentará su queja al Consejo de la Judicatura y exigió sanciones para aquellos que, según dijo, han liberado a delincuentes, algunos relacionados con el crimen organizado.
Lasso dijo que este miércoles el Gobierno presentará su denuncia ante la Fiscalía General del Estado y la queja respectiva al Consejo de la Judicatura, en lo que consideró una acción en favor de la seguridad ciudadana.
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“La justicia justa (sic) es una necesidad para los ecuatorianos”, dijo el mandatario y reprochó que existan malos magistrados que, según él, defienden a los delincuentes en lugar de aplicar sobre ellos los mecanismos de sanción correspondientes.
Por ello, el gobernante anunció que entre las acciones que el Gobierno emprenderá se incluye también “exponer públicamente los nombres de malos jueces y sus casos”.
Así, Lasso mencionó a jueces como Ángel Lindao, que ya ha sido separado del sistema judicial, Juan Carlos Terán, Mary Quintero, José Alarcón y Emerson Curipallo.
“Cada uno de ellos es una amenaza para la justicia y la paz”, añadió el presidente tras solicitar que otras entidades se sumen a su cruzada para denunciar a eventuales malos funcionarios judiciales.
“Ahora, el resto de funciones deben sumarse a esta cruzada por la seguridad, enseguida y con acciones concretas en contra de quienes defienden a los delincuentes, los narcotraficantes, los terroristas y demás actores del crimen organizado”, añadió el mandatario.
También dijo que estas acciones deben servir de advertencia a otros jueces sobre los que se sospeche que favorecen al delito. “Nosotros seguimos vigilando, investigando, exponiendo, y actuando sin miedo a hacer justicia”, añadió.
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El anuncio de Lasso se dio dos días después de que encajara una derrota en la votación de un referendo impulsado por el Gobierno que, entre otras cosas, buscaba que se permitiera la extradición de condenados requeridos por otros países por delitos de crimen organizado, así como reforzar a la Fiscalía.
El revés en las votaciones ha debilitado al Gobierno del presidente conservador, según varios analistas que incluso advierten de que podría acortarse su mandato, que debería concluir en 2025, ya que la oposición cuenta con la mayoría en la Asamblea Nacional (Parlamento).
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