Un nuevo amotinamiento en una importante cárcel de Ecuador dejó el martes 29 presos muertos y otros 42 heridos, agravando la crisis penitenciaria debido a enfrentamientos entre bandas del narcotráfico que ya dejaban unos 120 reclusos fallecidos en lo que va del año.
La fiscalía general señaló que “inició una investigación por la muerte de 29 personas privadas de libertad (PPL), durante los enfrentamientos registrados esta tarde en la Penitenciaría del Litoral, en #Guayaquil, que dejó, además, 42 internos heridos”.
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“Seis de los PPL fallecidos habrían sido decapitados”, añadió el ente acusador por Twitter.
En un informe previo, el organismo a cargo de las sobrepobladas prisiones indicó en un comunicado que el saldo era de 24 fallecidos y 48 heridos.
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El comandante de la Policía en el puerto de Guayaquil (suroeste), general Fausto Buenaño, reportó a su vez que las decenas de víctimas sufrieron “impacto de proyectiles de armas de fuego y también por granadas” y que hubo amotinamientos en varios pabellones.
El presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, retuiteó en su cuenta anuncios de autoridades indicando que “se ha retomado el orden en la Penitenciaría del Litoral tras los incidentes”.
La violencia ha pasado a ser permanente en los reclusorios del país, con 17,7 millones de habitantes y donde los decomisos a los detenidos incluyen fusiles y granadas de fragmentación.
“Viene una crisis carcelaria desde al año 2010, con un promedio de 25 homicidios por año, pero que se acelera significativamente a partir de 2017 hasta el pico de este año, en que debemos haber pasado ya los 160 homicidios”, expresó a la AFP el ecuatoriano Fernando Carrión, experto en seguridad y narcotráfico.
Agregó que en Ecuador se lavan al año unos 3.500 millones de dólares provenientes del narcotráfico y que “la institucionalidad pública también está siendo cooptada a través de la corrupción”, lo que es una seria amenaza para la nación.
“Alarde tecnológico”
El Servicio de Atención a Privados de la Libertad (SNAI) informó que se produjo una balacera entre internos en la cárcel 1 de Guayaquil, que es parte de un gran complejo penitenciario integrado por varias prisiones.
Apuntó que el martes por la mañana “se activó una alerta” en la cárcel “por detonaciones de armas de fuego y explosiones en varios pabellones, por enfrentamientos entre bandas delictivas”.
Hace dos semanas, la cárcel 4 de Guayaquil fue atacada con drones con explosivos en medio de “una guerra entre cárteles internacionales”, sin dejar víctimas pero sí daños materiales, de acuerdo con el SNAI.
“Eso nos muestra que ya hay un alarde tecnológico de altísimo costo, que dentro de las cárceles hay más recursos económicos que fuera”, sostuvo Carrión, catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso) de Quito.
Reclusos de organizaciones criminales
Los principales centros carcelarios de Ecuador han sido este año escenario de violentos enfrentamientos por el poder entre bandas con unos 20.000 miembros que están vinculadas a los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación.
Los choques dentro de los reclusorios dejaban más de 120 fallecidos hasta la revuelta del martes.
En febrero se registraron amotinamientos simultáneos en cuatro cárceles del país, en las que murieron 79 personas y también hubo escenas de cuerpos decapitados.
Según la Defensoría del Pueblo, en 2020 se registraron 103 asesinatos en las penitenciarías.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado la continua violencia en cárceles ecuatorianas, con capacidad para unas 30.000 personas pero que albergan a 39.000.
Carrión anotó que la tercera parte del total de reclusos “proviene de organizaciones criminales explícitas vinculadas al narcotráfico” internacional.
La semana pasada, la Policía decomisó dos pistolas, un revólver, alrededor de 500 municiones de varios calibres, armas blancas, una granada, doce tacos de dinamita y otros artefactos explosivos improvisados en una de las cárceles guayaquileñas.
Ecuador, con 65 prisiones que carecen de suficientes guardias, tiene previsto ampliar la capacidad carcelaria dentro de un plan para reestructurar el “precario” y “caótico” sistema penitenciario.
El país está entre Colombia y Perú, principales productores mundiales de cocaína, y es utilizado como tránsito para el envío de drogas a Estados Unidos y Europa.
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