La polémica por el permiso para portar armas en Ecuador: “Significa volver casi a la ley del talión y al lejano oeste americano”

Cuando el presidente Guillermo Lasso anunció sus nuevas medidas contra la delincuencia en Ecuador, disparó el debate en torno a un pregunta tan vieja como la pólvora: ¿mejora realmente la seguridad pública si los ciudadanos se arman?

Lasso anunció el sábado que autorizaba la tenencia y porte de armas de uso civil para defensa personal, en respuesta a un aumento de los crímenes que llevó el tema de la inseguridad al tope de las preocupaciones ciudadanas en el país.

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Además indicó que guardias de seguridad privada armados apoyarán a la policía ecuatoriana y declaró el estado de excepción en la ciudad de Guayaquil y sus alrededores, tras 555 homicidios registrados allí en el primer trimestre del año.

El porte de armas en Ecuador está contemplado en la legislación, pero en 2009 fue suspendido, durante la presidencia de Rafael Correa, mientras la tenencia de armas se mantuvo bajo ciertos requisitos.

Tras los anuncios de Lasso surgieron reacciones a favor y en contra de permitir que los civiles lleven armas para defensa personal, con algunos expertos que consideran peligrosa la medida.

Luis Córdova-Alarcón, director del programa de investigación sobre orden, conflicto y violencia en la Universidad Central de Ecuador, sostiene que “el mensaje que se da a la sociedad con esta decisión es que no importa que te armes”.

“Significa volver casi a la ley del talión y al lejano oeste americano”, dice este doctor en ciencia política durante una entrevista con BBC Mundo.

Lo que sigue es un resumen del diálogo telefónico:

¿Qué opina de la decisión del gobierno de Ecuador de autorizar el porte y tenencia de armas de uso civil a nivel nacional, para defensa personal?

Es una medida que marca un retroceso en términos sociales.

La posibilidad de garantizar la seguridad no viene dada por acumular armas, tecnología o pertrechos bélicos, sino por resolver la conflictividad en las relaciones sociales.

Esa es la gran carencia conceptual de la decisión presidencial.

Según dijo el presidente Lasso, la medida se adopta para combatir a un “enemigo común” como la “delincuencia, el narcotráfico y el crimen organizado”. Con eso parece indicar que esta tarea trasciende lo que puedan hacer solamente las fuerzas de seguridad y que necesita el apoyo de la población civil. ¿Es así?

Me parece que no es real.

Si se quiere combatir al crimen organizado, lo primero que habría que hacer es fortalecer la unidad de análisis financiero y económico, que en Ecuador tiene un presupuesto anual de menos de US$50.000.

¿Cómo queremos combatir al crimen organizado si todo el dinero sucio que producen las organizaciones de narcotráfico, tala ilegal de bosques, tráfico de armas y de personas, entre otras, termina licuándose en el sistema financiero ecuatoriano o filtrándose en el sistema empresarial formal?

¿Pero cuál es el problema específico que ve con la decisión de autorizar el porte y tenencia de armas de uso civil?

El primer problema es que se va a expandir el mercado de armas, que servirán para tráfico interno también.

En Ecuador, según el índice global de crimen organizado, la segunda economía ilícita más exitosa es el tráfico de armas.

Tan grave es esto que ni la policía ni las fuerzas armadas siquiera pueden garantizar el rastrillo que manejan.

Con entidades de seguridad que no tienen la trasparencia, supervisión y rendición de cuentas adecuada, se les está ampliando su capacidad para controlar ahora no sólo las armas que poseen sino las que serán importadas para el comercio interno.

Eso significa un boquete grande para el tráfico interno de armas y para que se dé una escalada armamentística para las organizaciones delictivas.

¿Prevé una explosión de tráfico de armas a nivel de la población civil en general o de algunos grupos en particular?

Creo que va a crecer el tráfico de armas en Ecuador; es lo primero que ocurre cuando se adopta una medida como esta.

Esto pasó también con los gobiernos de El Salvador mucho antes que Bukele, cuando emprendieron su famosa guerra contra las drogas y terminaron armando a las famosas maras hasta los dientes.

Pasó algo parecido en México cuando, en el marco de la guerra contra las drogas de Felipe Calderón, se liberalizó el porte de armas incluso para sectores de defensa o autodefensa. ¿Cuál ha sido el resultado? Ahora tenemos grupos de autodefensa y paramilitares en México que luchan vis a vis con los narcotraficantes.

En Ecuador el otro peligro es que se aprovechen de esta oferta de armas que venga a satisfacer esta nueva demanda para que se articulen organizaciones armadas no estatales, en defensa propia o a veces para cumplir objetivos políticos y desarrollar asesinatos selectivos.

¿Entonces cree que en lugar de ir a una pacificación como dice el gobierno, en Ecuador va a aumentar la violencia y habrá una regresión en términos de seguridad pública?

Sin duda. El año anterior Ecuador terminó con una tasa de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes y la importación de armas subió 318%.

Entonces es evidente que si van a venir más armas este año, las muertes serán mucho mayores.

El gobierno sostiene que este porte de armas estará regulado y habrá requisitos a cumplir por cualquier civil que quiera acceder a una, como cumplir los 25 años, pasar pruebas psicológicas y toxicológicas, y recibir un certificado de destreza de uso del arma por parte del ministerio de Defensa.

Y en el mismo decreto se prevén medidas para combatir el porte, la tenencia y el tráfico ilegal de armas. ¿Le parece insuficiente esto?

Sin duda es insuficiente. El tema no solo pasa por lo que diga la ley. Tanto en el campo de la seguridad y la defensa, las brechas de implementación no se han resuelto.

Hacen falta mecanismos de supervisión externa a policías y militares para que se cumplan las reglas. Caso contrario, habrá una brecha de impunidad y arbitrariedad difícil de contener.

El control a través de permisos no garantiza el éxito de la política, porque el Estado ecuatoriano tiene deficientes capacidades para el registro, control y otorgamiento de certificados.

Es bastante riesgoso por estas razones, pero fundamentalmente porque el mensaje que se da a la sociedad con esta decisión es que no importa que te armes, más bien hazlo para prevenir que seas atacado. Lo cual significa volver casi a la ley del talión y al lejano oeste americano.

Un argumento que esgrimen los defensores de la tenencia y porte de armas es que, al restringir su acceso, ganan poder quienes consiguen armamento de forma ilegal, que suelen ser los delincuentes en vez de los ciudadanos indefensos. ¿Qué tiene de errado ese razonamiento?

Errado es el concepto de seguridad.

Si seguridad se entiende como la acumulación de armas, tecnología, riqueza y patrimonio, bastaría con que una persona en Samborondón, una de las comunidades más adineradas de Guayaquil, se apertreche, construya muros, ponga cámaras de videovigilancia y tenga seguridad privada para garantizar que no le pase nada.

Pero lo que puede ocurrir es que a la vuelta de la esquina sea secuestrado y asesinado, como ha pasado.

El otro concepto, en cambio, es que no puedo estar seguro si la sociedad en su conjunto no tiene condiciones apropiadas para la subsistencia. Desde ese punto de vista, tenemos que pensar que las armas contribuyen a incrementar la percepción de violencia y no resuelven el problema de la criminalidad.

En Ecuador el índice de violencia interpersonal es muy elevado. Tenemos uno de los índices más altos de feminicidios o enormes dosis de racismo.

En esas condiciones, cuando se quiere disminuir la violencia no puede pensarse solo en violencia criminal, sino también en violencia social y estructural, que es la que el presidente Lasso ha desatendido.

Los ciudadanos de Ecuador están siendo robados, asaltados, secuestrados, extorsionados y asesinados por delincuentes. La inseguridad es la mayor preocupación de los ecuatorianos, según encuestas recientes.

¿Por qué es más peligroso que se defiendan ellos mismos si el Estado no puede hacerlo eficazmente?

En primer lugar porque el manejo de un arma de fuego no es un recurso apto para cualquier persona sin una adecuada preparación. Incluso los policías han tenido enormes dificultades para afrontar a un delincuente con las armas.

Pensar que esa es la salida es además una mirada elitista o clasista.

Porque quien pueda adquirir un arma legal o ilegal en Ecuador será de un segmento social pudiente. En una sociedad donde más de 6 millones no tienen ni US$3 para subsistir diariamente, no hay empleo ni del 40% de la población económicamente activa y tenemos más de 800.000 jóvenes de entre 18 y 24 años que ni estudian ni trabajan, pretender que van a ir a buscar un arma para defenderse es negar la realidad.

Esta política satisface las demandas de tres sectores puntuales: los dueños de las empresas de seguridad privadas que podrán ofertar servicios con guardias bien armados.

Sectores agroindustriales y ganaderos que han planteado que para evitar el robo de ganado les permitan el libre porte de armas.

Y el sector financiero porque también comienzan a ser recurrentes los asaltos a los bancos, que buscan mayores garantías para proteger sus patrimonios.

¿Qué indica la experiencia internacional sobre el vínculo entre seguridad pública y mayor libertad de tenencia y porte de armas?

Los indicadores son abrumadores: cuanto más tenencia de armas en la población civil, mucho más altos índices de violencia interpersonal y homicidios.

En EE.UU. hay una particularidad que tiene que ver con su tradición de porte de armas y cómo se ha construido un símbolo cultural en torno a las armas.

Pero en el caso e Europa y América Latina, los ejemplos muestran claramente que a medida que se permite el flujo legal de armas hacia el país crece el tráfico ilegal de armas y por lo tanto crecen los homicidios violentos.

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, suele atribuir el descenso de los asesinatos en los últimos dos años en el país al mayor acceso a las armas que tuvo la población civil durante su gobierno…

Pero lo que Bolsonaro no dice es el incremento de los homicidios en la franja agroindustrial de la Amazonía.

Como nunca antes los homicidios a líderes sociales y a campesinos se han generado por parte de intereses agroindustriales que quieren seguir talando la Amazonía para desarrollar sus monocultivos.

Por otra parte, la disminución de homicidios por parte del crimen organizado no siempre es producto de políticas de seguridad gubernamentales adecuadas. Muchas veces es producto de pactos mafiosos entre el gobierno y esos grupos criminales.

Un ejemplo es el de Bukele: se ha hecho público el acuerdo que consiguió con las maras después de ser presidente y que significó un descenso abrumador de la tasa de homicidios en El Salvador. El pacto se rompió meses después y terminó en esta estrategia de encarcelamiento masivo.

¿Cree que Lasso está siguiendo de algún modo los pasos de Bukele en El Salvador?

No, creo que está siguiendo las recomendaciones de la embajada de EE.UU.

En noviembre de 2022 el Ministerio del Interior firmó un memorando de entendimiento con la AFT (la Dirección de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos del gobierno de EE.UU.) para poder ingresar al sistema eTrace de rastreo digital de portabilidad de armas.

Creo que estas medidas son producto de la asesoría de EE.UU. en materia de seguridad, que le están dando garantías entre comillas de que van a hacer posible el control de las armas y facilitan los recursos para que lo hagan desde las Fuerzas Armadas ecuatorianas.

¿Señala que en EE.UU. las políticas de porte legal de armas no han dado resultados?

Por supuesto. En EE.UU. la falta de regulación y control del porte de armas ha generado una epidemia de asesinatos y homicidios de la cual somos testigos cada semana o cada mes, cuando se producen estos asesinatos en escuelas o espacios públicos norteamericanos.

El presidente Lasso también ha anunciado que “los guardias de seguridad privada apoyarán a la policía nacional en las labores de vigilancia y seguridad, portando sus armas en los alrededores de sus puestos de trabajo”. ¿Cómo observa esto?

Es otra de las reformas que generan mucha preocupación. Lo que hace es abrir la puerta para que los guardias de seguridad privada se conviertan en delatores de la policía nacional. Les da la obligación de que ellos, ante cualquier acto sospechoso, deban comunicarse y denunciarlo.

En un contexto como el ecuatoriano, con sectores suburbanos y periféricos enormemente complejos y con altísima conflictividad social, esto facilitaría muchísimo el control social y la represión de los aparatos de seguridad a los sectores incómodos.

En Ecuador los accionistas del gran número de empresas de seguridad privada son oficiales de policía y de fuerzas armadas de servicio pasivo. Ellos son los que se están beneficiando directamente al tener la posibilidad de ofertar servicios de seguridad privada.

Ecuador figura en algunas estadísticas como el país de América Latina donde más crecen las muertes violentas. ¿Esto se debe a una disputa entre bandas de narcos, como ha sugerido el gobierno?

Los estudios que se han hecho demuestran que se rompió la hegemonía criminal que tenían Los Choneros, una de las pandillas más fuertes en la época del régimen de Rafael Correa. Y esto produjo lo que se conoce como el “efecto cucaracha”: se atomizaron las organizaciones y aparecieron otras a rivalizar.

Convergieron tres problemas. Uno fue el cambio geopolítico de la cocaína a partir de los acuerdos de paz en Colombia, sin que Ecuador haya tenido una política binacional adecuada para enfrentar el desplazamiento de grupos criminales en la frontera norte.

Segundo, la desinversión en el sector seguridad de los gobiernos de Lenín Moreno y Lasso, que hizo perder capacidad de control por ejemplo en las cárceles.

Tercero, las últimas denuncias demuestran que el crimen organizado no puede operar sin la participación y protección de agentes dentro del Estado.

Esto no se discute y por eso sigue una escalada de violencia sin igual.

El gobierno de Lasso también declaró el estado de excepción en la zona que incluye a Guayaquil y sus alrededores por 60 días, para enfrentar la violencia que se vive en la mayor ciudad del país. ¿Qué opina?

Es más de lo mismo y el resultado será exactamente igual. Es el sexto estado de emergencia que dicta el presidente en dos años de gobierno.

Lo que suele ocurrir es que la presencia militar en territorio hace que disminuyan por dos o tres semanas los actos de violencia, pero una vez que se va terminando el estado de excepción y los grupos criminales descodifican las lógicas de desempeño militar y policial, se desplazan los crímenes hacia otras zonas.

Por eso fenómenos como la extorsión, que hasta hace un año se veían fuertemente solo en Guayaquil, ahora son cada vez más frecuentes en Quito, en torno a Ibarra y en ciudades que son prácticamente territorio liberado para las organizaciones criminales, como Esmeraldas o San Lorenzo.