El caso de una niña de 11 años violada que interrumpió un proceso de aborto por intervención de la Iglesia católica y genera debate en Bolivia

Conmoción, tristeza, enojo e indignación.

Son algunos de los sentimientos que han surgido en algunos sectores de la sociedad boliviana a raíz del caso de una niña de 11 años que quedó embarazada debido a los continuos abusos sexuales cometidos por un hombre de 60 años.

“Niñas, no madres” y “Salven las dos vidas” son algunas de las consignas que han utilizado en los últimos días, tanto en las redes sociales como en manifestaciones en las calles, los que defienden que la menor pueda interrumpir su embarazo amparada por la ley y los que creen que la gestación debe seguir su curso.

El caso, que sucedió en el municipio de Yapacaní —en el departamento de Santa Cruz, en el este del país—, ha tenido una fuerte repercusión en todo Bolivia en la última semana.

Durante más de cinco meses, la niña fue víctima de abusos sexuales por parte del padre de la actual pareja de su madre. El embarazo se descubrió después de que la menor “sintiera movimientos extraños” en su vientre y se lo contara a sus familiares. Tras una primera revisión médica, se dio a conocer que tenía 21 semanas de gestación.

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Una tía de la pequeña presentó una denuncia contra el presunto agresor, que aguarda su proceso judicial en una cárcel de máxima seguridad.

Al mismo tiempo, se presentó una solicitud de interrupción legal del embarazo (ILE) para la niña.

En Bolivia, desde 2014, gracias a una sentencia constitucional, una mujer puede acceder a un aborto legal y seguro en los casos en los que el embarazo sea producto de violación, incesto, estupro (cuando la víctima es menor de edad) o si como resultado de la gestación su vida o salud corren peligro.

Tan solo es necesario presentar una denuncia de violación y el consentimiento de la víctima, eliminándose el requisito de una autorización judicial que figura en el Código Penal boliviano para la realización de un aborto no punible.

La ILE de la niña comenzó el viernes pasado. Según dio a conocer la Casa de la Mujer, institución que dio apoyo a la Defensoría de la Niñez de Yapacaní al inicio del caso, la pequeña recibió una primera medicación para interrumpir la gestación.

Pero tras la mediatización del caso, que distintos sectores atribuyen a una cobertura “irresponsable” por parte de los medios locales y a que no se respetó la privacidad de la menor, la Iglesia católica y grupos denominados “provida” ejercieron presión sobre la niña y su madre para que cambiaran de opinión y desistieran de continuar con la interrupción del embarazo, según le dijo a BBC Mundo la Defensora del Pueblo de Bolivia, Nadia Cruz.

El sábado 23 de octubre, con una carta escrita a mano firmada por ella, la niña desistió de proseguir con la interrupción del embarazo.

Fue dada de alta del hospital el pasado martes y pasó, junto a su madre, a un centro de acogida dirigido por la Iglesia católica, institución que se comprometió a hacerse cargo de la menor y de su nonato.

Nadia Cruz considera que la madre no debería tener voz en la toma de decisiones en este caso, ya que los abusos sexuales ocurrieron mientras la pequeña se encontraba en “absoluta soledad e indefensión”.

“De acuerdo con los informes a los que accedimos, la forma en la que fue presionada y arrinconada por miembros de la Iglesia, que se han identificado como del Arzobispado, le ha generado dudas y miedo a la menor para que retroceda en su decisión de interrumpir legalmente el embarazo”, asegura la Defensora del Pueblo.

“Ella decidió hacerse una ILE tomando en cuenta su proyecto de vida. Ella misma señaló ‘yo quiero estudiar, yo quiero una vida para mí’. Las otras dos formas de intervención [de la madre y de la Iglesia] son parte de la grave vulneración de derechos de los cuales ha sido víctima la menor”, afirma Cruz.

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Según datos dados a conocer por la directora de la Casa de la Mujer, Ana Paola García, en 2020 se reportaron 39.999 embarazos de menores de 18 años en Bolivia, lo que supone que de media 104 niñas quedan embarazadas por día en el país, de las cuales 6 son menores de 13 años.

Desde la oficina de asesoría legal de la Secretaría Municipal de Desarrollo Humano de Santa Cruz, a cargo de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del mismo municipio, explican a BBC Mundo que se trata de un caso que está “al límite de la legislación”.

Si bien la sentencia constitucional de 2014 no especifica un límite temporal para la interrupción del embarazo, el Ministerio de Salud boliviano regula este aspecto basándose en lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que establece el límite de viabilidad del feto en las 22 semanas para la interrupción del embarazo.

En este caso, dicen las mismas fuentes, la niña está en el límite temporal y señalan que cuando un médico diagnostica el tiempo de embarazo “siempre existe un margen de error”.

Asimismo, señalan que si bien el caso de la niña cumple con tres de las causales tipificadas en la sentencia constitucional, el proceso de interrupción del embarazo debería realizarse en 24 horas. Además, ponen en tela de juicio la decisión de una niña de 11 años, ya que esa edad, afirman desde la instancia legal, no se tiene la capacidad ni para hacer el más mínimo contrato ante cualquier institución.

Ante este escenario, ven una “contradicción jurídica” en la capacidad que otorga la sentencia de 2014: “Se le está dando una potestad tomar una decisión de matar o no matar a un ser con tan solo 11 años”.

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“Nadie más puede decidir sobre ella, ni el Estado, ni un hospital, ni un comité de médicos, ni la Iglesia católica. Esa capacidad jurídica la ponemos en tela de juicio porque se trata de una niña, pero la doctrina dice que ella tiene el derecho de decidir y ha decidido seguir con el embarazo”, agregan desde la oficina de asesoría legal del municipio de Santa Cruz.

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La posición de la Iglesia boliviana ha sido, desde que se dio a conocer el caso, la de “salvar, cuidar y apoyar con amor a las dos vidas”. En un comunicado, fuentes eclesiásticas afirmaron que “es ya una criatura bastante formada y por tanto goza, sin duda, de la protección que emana de las leyes y la Constitución Política del Estado”.

“Un “crimen no se soluciona con otro crimen. El aborto no remedia la violación, ni da tranquilidad a las conciencias. Por el contrario, deja heridas psicológicas más graves y para largo tiempo”, agregaron.

Iblin Moscoso, obstetra y ginecóloga de la clínica CIES de Santa Cruz, asegura en conversación con BBC Mundo que desde el punto de vista médico, el de esta niña “es un embarazo de muy alto riesgo” por todas las complicaciones que puede tener.

La menor inició el proceso de interrupción del embarazo tomando una pastilla. Sin embargo, la especialista afirma que se necesitan varias dosis para lograr el efecto de la expulsión para después hacer una aspiración manual endouterina.

“Con una dosis nomás no logramos una respuesta. Ahora, que eso pueda tener consecuencias después o pueda tener algún efecto retardado, dependerá de la respuesta del organismo de la niña”, señala la facultativa.

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La médica que trabaja en una clínica que tiene como objetivo contribuir al ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, dice que durante el embarazo de una niña de tan solo 11 años, pueden haber complicaciones como la preeclampsia (caracterizada por presión arterial alta y signos de daños en otro sistema de órganos, más frecuentemente el hígado y los riñones), un parto prematuro, desnutrición o riesgo de una hemorragia durante el parto o postparto, “porque su organismo no está preparado”.

“Si hablamos de la parte psicológica, es mucho más complicado por la implicancia que tiene. La niña no va a estar preparada para ser madre. Tal vez no pueda aceptar a este bebé después de que nazca, no solo por haber quedado embarazada a una edad en la que no está preparada para ser madre, sino también porque es resultado de una violación”, agrega la especialista.

Moscoso considera que en la interrupción legal del embarazo en Bolivia sigue siendo un obstáculo el temor de algunos médicos a aplicar la sentencia constitucional por la presión social que sienten. “Mientras no se manejen los casos con la confidencialidad que se necesita, tanto para la paciente como para el personal que participará en una intervención, los médicos no podrán actuar sin temor de ser juzgados por la sociedad”, añade Moscoso.

Un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo con apoyo de Ipas Bolivia, revela que solo el 8% de 277 prestadores en salud en 44 centros a nivel nacional que fueron consultados, conocía en qué casos procede la Interrupción Legal del Embarazo, lo que deriva en vulneraciones de los derechos de mujeres, niñas y adolescentes.

El documento, publicado en septiembre del pasado año, asegura que las usuarias que acuden a un establecimiento de salud en estado de gestación producto de una violación sexual y solicitan la interrupción legal del embarazo, son sometidas una y otra vez a cuestionamientos por parte del personal médico sobre su decisión.

“Se identificó que, en la mayoría de los casos, el personal de salud trata de persuadirlas para que se continúen con un embarazo no deseado o se les niega el derecho de interrumpirlo, situaciones que provocan angustia, dolor, sufrimiento y re victimización en las mujeres, niñas o adolescentes víctimas de violación”, asegura el informe.

Esta semana, representantes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Bolivia se pronunciaron sobre este caso, señalando que someter a una niña a un embarazo forzado “está calificado como tortura”.

“El embarazo de una niña no solo pone en riesgo su vida, su salud y su proyecto de vida, sino que también atenta contra su salud mental y emocional, su autonomía corporal, alentando y reforzando las desigualdades, el ciclo de la pobreza y la discriminación”, dijo la ONU en un comunicado.

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