El expresidente de Bolivia Evo Morales insistió este jueves en que el plan de la “derecha boliviana y peruana” es detenerlo y perseguirlo para “ocultar masacres” en Perú, tras volver a ignorar una citación a declarar dentro de una investigación que se le sigue en ese país por supuesto “atentado contra la integridad nacional”.
Morales (2006-2019) sostuvo en sus redes sociales que “gracias a las publicaciones de algunos medios y periodistas” que, a su juicio, “apoyaron e incluso fueron parte” del Gobierno transitorio de Jeanine Áñez pudo confirmar que “el plan de la derecha peruana y boliviana es detener a Evo”, como detuvieron al exmandatario de Perú Pedro Castillo.
“Persecución para ocultar masacres”, señaló el también presidente del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS).
“Nunca nos vamos a rendir ni callar ante la violencia y abusos de un gobierno ilegítimo que para no responder por sus crímenes de lesa humanidad contra el hermano pueblo peruano nos persigue políticamente”, agregó.
Morales debía presentarse el miércoles a través de la plataforma virtual Google Meet a una citación de la Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Puno, ciudad del sureste peruano, pero no lo hizo.
Es la segunda vez que el exmandatario boliviano no se presenta a declarar, pues en marzo pasado la Fiscalía peruana ya lo convocó y como no acudió, su declaración se reprogramó para este 10 de mayo.
A fines de abril, Morales señaló en sus redes sociales que se presentará ante cualquier autoridad peruana “cuando exista un gobierno democrático legal, legítimo y respetuoso de la vida” y una “justicia liberada de la opresión externa”.
El expresidente boliviano mantuvo una activa presencia en Perú, sobre todo en regiones del sur del país, durante el Gobierno de Pedro Castillo con el objetivo de incentivar la integración de regiones como Puno al proyecto Runasur, la plataforma internacional de movimientos sociales e indígenas que impulsa.
También estuvo activo en las redes sociales con opiniones sobre la crisis en Perú y mensajes para defender a Castillo desde su destitución por el Congreso tras intentar dar un autogolpe de Estado, el pasado 7 de diciembre.
El pasado 9 de enero, el Gobierno de Perú le prohibió el ingreso al país junto a otros ocho ciudadanos bolivianos, a los que acusa de haber efectuado “actividades de índole política proselitistas” que afectaron la “seguridad nacional” y el Congreso de ese país le declaró “persona non grata”.
El mismo mes, el Congreso peruano le declaró persona non grata “por sus constantes incitaciones en la política nacional” que, a juicio del Parlamento, buscan “desequilibrar el orden interno del país”.
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