“Mátame si quieres, no te tengo miedo”: las bandas armadas que usan las extorsiones para amenazar a los habitantes de Guayaquil

Una camioneta amarilla estaba aparcada frente a la casa. Si Belén y su esposo no pagaban US$5.000, matarían a su hija de 2 años.

La pareja no podía confirmar si era cierto que los vigilaban. Ambos estaban fuera de casa, en plena firma de un préstamo en el banco.

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El hombre que llamó por teléfono tenía acento colombiano. A medida que conversaban, el esposo de Belén notó que su interlocutor pronunciaba incorrectamente los nombres de otros parientes y daba información inexacta sobre la familia. Concluyó que estaba leyendo sus redes sociales.

Belén y su esposo son propietarios de una academia de repostería y una pizzería en Guayaquil, el centro económico de Ecuador.

Los perfiles de sus negocios suman más de 12.000 seguidores en redes sociales. Por ello, Belén pidió mantener a resguardo su verdadera identidad y las señas de sus propiedades para contar esta historia.

“Fuimos a denunciar a la Fiscalía y nos dijeron que no podían hacer nada, habría que esperar a que ocurriera algo más 'concreto'”, enfatizó como si dibujara las comillas con los dedos.

Los índices de violencia en Ecuador alcanzaron récords históricos en 2022.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga indicó que Ecuador se ha convertido en el tercer país donde se incautan más narcóticos en el mundo, después de Colombia y Estados Unidos.

La tasa de muertes violentas se ha incrementado de 13,89 en 2021 a 15,48 por cada 100.000 habitantes este año.

Un caso sorprendió al país en septiembre: el asesinato a tiros de Édgar Escobar, un fiscal que investigaba las redes del crimen organizado en Guayaquil.

La Fiscalía reporta que Guayaquil es la ciudad ecuatoriana con mayor cantidad de denuncias de extorsiones (474 casos hasta agosto) e intimidación (2.479 casos).

Las “vacunas”, como llaman en Ecuador a las extorsiones, constituyen una fuente de financiamiento para los grupos del crimen organizado.

Los Choneros, Lobos, Lagartos, Tiguerones y Choner Killers encabezan el mapa de unas 20 bandas investigadas por la Policía Nacional de Ecuador en todo el país, que se dedican a actividades como el microtráfico, el sicariato, el contrabando y las extorsiones.

Los explosivos son una de las formas que utilizan para atemorizar a la población. Hasta el mes de agosto se habían registrado 145 atentados con bombas en Ecuador, 72 de ellos en Guayaquil. El peor ocurrió en el barrio Cristo del Consuelo, donde fallecieron cinco personas y más de 100 resultaron afectadas por el estallido de una bomba.

El gobierno del presidente Guillermo Lasso respondió con un decreto de estado de excepción, que ha estado vigente durante los últimos dos meses, para contener los ataques.

Autoridades del gobierno ecuatoriano han atribuido el repunte de la violencia a las disputas entre bandas del crimen organizado y contra los cuerpos de seguridad del Estado por el control de territorios para traficar droga.

La prioridad es el acceso al océano Pacífico, y el lugar ideal para despachar la mercancía hacia el norte del continente es el mayor puerto marítimo del país: Guayaquil.

Meses después del primer intento de extorsión, Belén recibió otra llamada. Un hombre le ofreció dinero para invertir en su negocio.

—¿De qué banco me llama usted?— preguntó ella.

—Nada de banco, es dinero de lavado— respondió el hombre — ¿Quieres o no?

Cuando llegó a este punto, Belén dio un paso atrás y se cubrió la boca con las manos. No tenía certeza de que fuéramos periodistas, esperaba no haber mordido el anzuelo de nuevos agresores.

Le pedí que se calmara, metería la mano en mi bolso para sacar el carnet de la BBC. Mientras lo revisaba, sumergida en aquella atmósfera de miedo y desconfianza, podía creer que aquella identificación era falsa y que todo había sido una trampa para extorsionarla.

A una conocida suya, dueña de otra pizzería, le habían exigido pagar US$7.000. Si no lo hacía, volarían el negocio con una bomba.

Durante el mes de septiembre, Belén y su marido recibieron tantas llamadas que la pareja instaló en sus teléfonos la aplicación True Caller, que identifica los números denunciados por extorsiones y otros delitos. Cuando aparece una alerta de “Extorsión” en letras rojas, Belén no atiende la llamada.

Una semana antes de nuestra conversación, un cliente entró al negocio sin saludar, se quedó parado y miró las vidrieras y estantes con detenimiento. Cuando preguntó cuánto dinero hacía el negocio, ella fingió ser una empleada que desconocía esa información.

El hombre pidió un café y algo de comer, pagó con un billete de US$20. Ella lo miró a contraluz para comprobar que era verdadero. “Ese billete es de verdad. Está nuevecito, acabo de traerlo de Colombia. Puedes olerlo”, dijo.

Desde que el centro comercial donde opera su negocio apareció en las noticias por denuncias de extorsiones a otros propietarios, dejaron de recibir clientes y los estudiantes se retiraron de las clases.

Aunque no quieren marcharse de Ecuador, Belén y su esposo decidieron emigrar.

A finales de septiembre entregaron el local donde funcionaba la academia. Su esposo busca un comprador para la pizzería, mientras ella intenta hacerse a la idea de que volverá a Estados Unidos, donde vivió hace unos años.

“Te pueden matar en el semáforo o en la esquina. Le dije a mi esposo que mi mayor temor es que me roben a la niña”.

El restaurante de Francesca Ferrero recibió una llamada en julio. Era un número mexicano, y la persona aseguraba que el negocio debía hacer un depósito en una cuenta para ponerse al día con un trámite municipal.

Para reforzar la seguridad de su negocio, Ferrero mandó a bloquear los números extranjeros. “La Policía Nacional nos ha dicho que podemos denunciar a la Fiscalía, pero ahí se queda el proceso porque son números internacionales, y no hay cómo hacerles seguimiento a través de las telefonías locales”.

Mes y medio después, escribieron al número de Whatsapp del restaurante de parte de la banda Los Choneros. Si Ferrero no pagaba, atacarían su local para acabar con los empleados.

“La administradora se puso muy nerviosa. Empezaron a mandar fotos de bombas, pistolas y decapitados”. Ferrero acudió a la Policía Nacional y descubrió que otros diez locales habían recibido las mismas imágenes y los mismos mensajes aquel día.

“No hemos tenido casos en los que un establecimiento se negara a pagar y se hubiera registrado un acto de violencia. Creo que hay mucha gente que se está aprovechando de esta situación”, señaló Ferrero.

“Si una banda delincuencial desea ejecutar algo, no te va a amenazar. Va a actuar”.

Ferrero advierte que los extorsionadores no solo encuentran la información de los comercios en las redes sociales. También en el servicio tributario ecuatoriano, que es público y abierto.

Un representante de la Cámara de Turismo, que accedió a conversar bajo anonimato, dijo que no han recibido denuncias de que los hoteles y posadas de Guayaquil estén pagando extorsiones, pero sí los dueños de restaurantes. “Es algo muy extendido pero nadie quiere decirlo”.

Fernando Carrión, experto ecuatoriano en seguridad, ha recogido el testimonio de empresarios que aseguran invertir de 15% a 20% del presupuesto mensual de su empresa en medidas de seguridad, como contratar vigilancia privada, para evitar las extorsiones o el riesgo de bombas.

“El gobierno no se da cuenta de que una buena política económica requiere de una buena política de seguridad ciudadana. Si quiere reactivar la economía, tiene que detener la violencia”, dijo Carrión.

Nora se asomó al escuchar el ruido de las motos. Una mujer y dos hombres se estacionaron, y esperaron a que los vecinos se congregaran en la calle para anunciar que a partir de aquel momento, todos tendrían que pagar por su seguridad.

—No me vas a venir a cobrar nada porque no tengo plata —protestó una vecina.

La mujer se acercó a ella y le volteó la cara de una bofetada. Luego le dio un puñetazo. Después otro. Y otro.

Mientras aquella mujer la golpeaba, los vecinos entraron a sus casas y salieron armados con machetes. Observaron a los agresores en silencio hasta que retrocedieron y se marcharon.

Tres semanas antes, Nora también había sido amenazada. Un hombre le arrancó el teléfono, la apuntó con una pistola y le ordenó que lo desbloqueara.

“Mátame si quieres, no te tengo miedo”, respondió en un arrebato. Luego recordó que sus hijas estaban solas en casa. Lorena, la más pequeña, tiene 4 años.

Nora es líder barrial en Monte Sinaí, una extensa montaña de 1.300 hectáreas poblada por asentamientos informales al noroeste de Guayaquil. Pidió que no revelara su identidad ni el nombre de la comunidad donde vive para evitar represalias.

Un vecino abogó por ella y pidió que no la mataran, había ayudado a muchas personas de la comunidad. Cuando los hombres se marcharon, Nora sintió que las piernas no la sostenían. Seguramente sus vecinos la habían traicionado.

Todos sabían que ella había convocado aquella reunión para impedir que Los Choneros se apropiaran de un terreno del sector.

El activista social César Cárdenas coordina varias organizaciones que monitorean los servicios públicos y gestionan programas de ayudas en los barrios de Guayaquil. Líderes comunitarios de Monte Sinaí y otras barriadas le han contado que las bandas ya no solo cobran extorsiones a pequeños negocios, sino también a los más pobres.

“Normalmente, uno contrataba un sistema de seguridad y te ponían un letrero afuera que decía: Casa vigilada. Eso significaba que un vigilante pasaba por tu casa dándote seguridad, protegiéndote. Ahora, tener un letrero de 'Casa vigilada' significa que estás pagando para que no te roben”, explicó Cárdenas.

Al día siguiente, apenas entramos en Monte Sinaí comenzó a fallar la conexión de datos en los celulares y el mapa dejó de actualizar nuestro recorrido hacia la casa de Nora.

Entramos a una calle de tierra, donde era casi imposible superar los huecos sin que rozara la parte baja del auto. No había transeúntes, solo un hombre asomado por una ventana.

Avanzamos unos metros, y nos detuvimos frente a una casa para probar la conexión del GPS. De pronto avistamos una marca con esténcil rojo en la fachada de cemento: “Casa vigilada”.

Debíamos salir pronto de allí. Si la casa estaba vigilada, también aquel callejón de una única salida. Recordé al hombre asomado por la ventana.

Volvimos a una ruta principal, se reactivó la conexión y localizamos a Nora. Nos contó que en Monte Sinaí las bandas ajustan el cobro de “vacunas” según el estatus del extorsionado: US$2 por semana a las familias pobres, US$5 a los puestos callejeros que venden jugos y frutas, US$30 a las tiendas de víveres, US$60 a las ferreterías.

Los únicos que no pagan son los ancianos que viven solos.

“El problema de la inseguridad y la violencia en los barrios se debe a la presencia viva de las inequidades sociales, políticas y económicas”, opinó el activista César Cárdenas.

El general de la Policía Nacional, Víctor Zárate, aseguró no estar al tanto de que las bandas cobren extorsiones y marquen las casas de los habitantes pobres en Monte Sinaí. “Las extorsiones denunciadas son a negocios, farmacias, cadenas que generan recursos que pueden aportar. Pero a una familia pobre difícilmente la extorsionen”.

En una entrevista con BBC Mundo desde su despacho en Guayaquil, dijo que las pintadas en las casas pueden tener dos explicaciones: “O que hay extorsiones o que la casa dispone de un sistema de vigilancia”.

Zárate advirtió que la única forma de evitar las extorsiones es denunciar las amenazas ante la Fiscalía. “Hay que entender que si pagamos una vez, vamos a pagar siempre”.

“Sé que hay mucho temor, mucho miedo. Y sobre la base de este miedo, estas mafias se organizan y otros grupos delictivos menores se toman el nombre de estas organizaciones para hacer de las extorsiones su parte de ingresos económicos”, explicó.

Lorenzo Calvas, gobernador de la provincia de Guayas, explicó que las leyes impiden a policías, fiscales y jueces perseguir efectivamente a los extorsionadores a menos de que sean capturados en flagrancia. Por ello, su despacho trabaja en un anteproyecto de ley sobre extorsiones, que presentará ante el Parlamento.

“Lamentablemente está llegando a todo nivel este aumento (de las extorsiones) y es el gran problema que tenemos en Guayaquil en este momento”.

Nora enterró con sus propias manos los palos de caña que hoy sostienen el techo de su casa, en una calle de tierra sin alcantarillado ni tuberías, que se alumbra de noche con lámparas compradas e instaladas por los propios vecinos.

“Hace 15 días se escucharon disparos. Era como si estuviesen celebrando con tiros al aire: pó, pó, pó. Eso fue a las 2:00 a.m. y nosotros con miedo porque nuestras casitas no son de cemento. Si nos llega una bala perdida”…

Después de que los vecinos ahuyentaron a los motorizados con machetes, nadie ha regresado con la intención de cobrar “vacuna”. Sin embargo, los habitantes de otros sectores pagan para que no los asalten ni los maten.

Si Los Choneros se apoderan de la calle de Nora, no podrá llevar a su hija Lorena a la escuela. Quiere inculcarle que si estudia, cumplirá su sueño de ser enfermera.

Sin embargo, una nueva amenaza la desvela. El padre de un compañero de clases de su hija escribió por el chat de la escuela que un hombre lo había amenazado. Si no pagaba la “vacuna”, pondría una bomba en el colegio.

Como ocurrió tres semanas antes en Cristo del Consuelo.