La Policía de Brasil usará las últimas declaraciones de Bolsonaro en investigación sobre golpe de Estado

La Policía Federal de Brasil usará las declaraciones que hizo este domingo el expresidente Jair Bolsonaro durante una multitudinaria manifestación, en el marco de la investigación de una supuesta trama para organizar un golpe de Estado, informaron este lunes fuentes oficiales.

Fuentes de la Policía Federal confirmaron a la Agencia Brasil (oficial) que usarán el discurso del líder de la ultraderecha en las investigaciones.

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Este domingo, Bolsonaro congregó a decenas de miles de simpatizantes en São Paulo para defenderse de las investigaciones en su contra, que tildó de una “persecución” en su contra.

Bolsonaro rechazó tajantemente haber tramado un golpe de Estado en contra del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien lo derrotó en las elecciones de 2022 por un estrecho margen de votos.

En su discurso ante sus seguidores, el ultraderechista se refirió a una prueba incluida en la investigación policial de la supuesta trama golpista: un borrador de decreto para declarar el estado de sitio.

Sobre ese documento sin fecha y sin firma, Bolsonaro afirmó que se trata de “un mecanismo amparado por la Constitución” y recalcó que “finalmente no fue activado” por su Gobierno.

El ministro de la Presidencia, Rui Costa, dijo este lunes en declaraciones a título personal que este domingo Bolsonaro “confesó el crimen delante de una multitud”.

En su discurso, Bolsonaro también pidió al Parlamento que apruebe una ley de amnistía para favorecer a las 1.413 personas que están siendo procesadas por los actos vandálicos cometidos contra las sedes de los tres poderes el 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula.

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Por esos hechos, 59 personas ya han sido condenadas a penas de entre 3 y 17 años de cárcel por delitos como golpe de Estado, abolición del Estado democrático de derecho y daños contra el patrimonio público.

La manifestación del domingo fue convocada por el líder de extrema derecha en respuesta a la operación policial del 8 de febrero, autorizada por la Corte Suprema, en la que le retuvieron el pasaporte y le prohibieron salir del país, aunque no está imputado por ningún delito.

El jueves pasado, el exjefe de Estado fue llamado a declarar en comisaría junto a una veintena de antiguos colaboradores, pero se acogió al derecho de permanecer en silencio.