Argentina decretó este lunes la emergencia energética “en los segmentos de generación, transporte y distribución” hasta el 31 de diciembre de 2024, con la intención de intervenir en los entes reguladores e iniciar la adecuación de las tarifas de luz y gas.
“Declárese la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural”, según se publicó en el Boletín Oficial.
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El decreto del Ejecutivo instruyó a la Secretaría de Energía, bajo la órbita del Ministerio de Economía, a establecer un programa para acomodar los costos de los servicios en “términos reales a los niveles de ingresos” para cubrir la inversión y garantizar la prestación continua de los servicios.
A tono con las medidas económicas de ajuste fiscal, el Gobierno del libertario Javier Milei dio inicio a la corrección de las tarifas en la electricidad y el gas natural, así como la intervención de los entes reguladores de ambos servicios.
Además, los interventores designados por el Ministerio deberán revisar las tarifas y hasta que estén definidas podrán “aprobarse adecuaciones transitorias y ajustes periódicos, propendiendo a la continuidad y normal prestación de los servicios públicos involucrados, a cuenta de lo que resulte de la revisión tarifaria”.
La decisión del Gobierno se hizo efectiva mientras ocurren cortes en el suministro de energía eléctrica, con cientos de miles de afectados, a raíz del temporal que sacudió este fin de semana la provincia y la Ciudad de Buenos Aires, dejando hasta el momento 14 fallecidos.
“Resulta imperioso encauzar la prestación de los mencionados servicios públicos bajo la plena vigencia de los marcos regulatorios respectivos (...) de no adoptarse medidas urgentes, se profundizará la deficiente calidad de servicio descrita en perjuicio de los usuarios”, indicó el documento.
Por último, la Secretaría de Energía invitó a las administraciones de las provincias de Argentina a coordinar las acciones de emergencia necesarias para asegurar la prestación de los servicios de distribución de electricidad que correspondan a su jurisdicción.
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