La justicia de Uruguay condenó a 27 años y medio de cárcel al hombre procesado por el asesinato de la adolescente argentina Lola Chomnalez, ocurrido hace nueve años en un balneario uruguayo, informaron el miércoles los abogados de la familia de la víctima.
Leonardo David Sena Cabrera fue condenado por el delito de homicidio muy especialmente agravado de Chomnalez en diciembre de 2014 en Valizas, unos 270 km al este de Montevideo.
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“Constancia, trabajo en equipo y grandeza espiritual de la familia. Hoy pueden dormir con menos dolor. Se hace justicia en la condena emitida por Juan Giménez en el homicidio de Lola”, dijo en la red social X el abogado Jorge Barrera.
Lola Luna Chomnalez Belmonte tenía 15 años cuando desapareció el 28 de diciembre de 2014 mientras estaba de vacaciones en casa de su madrina en Valizas.
Dos días después, tras una intensa búsqueda desplegada en el lugar, su cuerpo sin vida fue hallado semienterrado en la arena cerca de donde había sido vista por última vez.
La autopsia determinó que la causa de su muerte fue asfixia por sofocación y tenía cortes de arma blanca en varias partes del cuerpo.
En mayo de 2022, Sena, que cuando desapareció Chomnalez trabajaba en la zona de Valizas, fue detenido en la ciudad uruguaya de Chuy, ubicada a unos 90 km del balneario y fronteriza con Brasil. Tenía antecedentes por lesiones personales, en 2003, y violación, en 2009.
Su arresto fue posible por pruebas de ADN que permitieron vincularlo con el crimen, al coincidir con material genético hallado en la mochila de la adolescente.
Por la muerte de Chomnalez otro uruguayo, Ángel Eduardo Moreira Martínez, está preso por el delito de encubrimiento, en un caso que llegó hasta la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
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Apodado “El Cachila”, Moreira, un cuidador de autos en Valizas, había sido detenido al comienzo de la investigación y luego liberado porque su ADN no coincidía con el encontrado entre las pertenencias de la víctima.
En 2019, fue procesado con prisión preventiva acusado como coautor del asesinato, pero en junio de 2022 fue absuelto por falta de pruebas. La Fiscalía apeló la decisión, y en febrero de 2023 un tribunal de apelaciones lo condenó a ocho años de cárcel por encubrimiento.
La defensa de Moreira impugnó el fallo ante la SCJ, que lo ratificó en febrero pasado.
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