Marcha de piqueteros: Primera protesta social contra Milei se salda con una tibia convocatoria y sin mayores incidentes

El Gobierno argentino minimizó este miércoles el impacto de la primera protesta callejera contra el plan de ajuste económico del presidente Javier Milei llevada a cabo Buenos Aires y que reunió a unas 3.000 personas, según las autoridades.

En comparecencia ante los medios, poco después de que finalizara la movilización desarrollada en el centro de la capital argentina sin apenas incidentes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, consideró exitosa la aplicación del nuevo protocolo de seguridad elaborado por su departamento para evitar el colapso de las calles y carreteras por la acción de los piquetes.

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”Se terminó el vale todo”, enfatizó Bullrich en una rueda de prensa celebrada en el Departamento Central de la Policía Federal Argentina junto a varios encargados de las fuerzas de seguridad.

Los manifestantes convocados hoy por organizaciones sociales y de izquierda contra el plan económico del nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, comenzaron a desmovilizarse tras dos horas protesta en el centro de Buenos Aires en una jornada que convocó a muchos menos manifestantes de los 50.000 previstos inicialmente y que se saldó con incidentes aislados y dos detenidos.

Tras la lectura de un manifiesto titulado “Abajo el plan motosierra de ajuste de Milei y el FMI”, en el que los organizadores pidieron a las centrales sindicales -hoy ausentes- que se sumen a futuras movilizaciones y acusaron a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich de “criminalizar la protesta social”, los manifestantes fueron retirándose de la histórica Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, sede de la Presidencia.

Los primeros incidentes entre los efectivos de Gendarmería y los manifestantes convocados por el Polo Obrero (PO) y otras organizaciones sociales y de izquierdas se produjeron pasadas las 16:00 hora local (19.00 GMT) en pleno centro de la capital argentina, donde por la mañana se respiraba un ambiente de calma y normalidad.

Varios miles de personas comenzaron a marchar desde la esquina de Diagonal Norte y Avenida Belgrano en dirección hacia la emblemática Plaza de Mayo, donde se encuentra la Casa Rosada. Los manifestantes marcharon de forma pacífica, pero incumpliendo el nuevo protocolo de seguridad establecido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que prohíbe los cortes de calles durante las manifestaciones y prevé duras sanciones contra quienes lo infrinjan.

Mientras tanto, el presidente de Argentina, Javier Milei, se desplazó a la sede central de la Policía Federal Argentina, en Buenos Aires, junto con varios de sus ministros para seguir el desarrollo de la marcha, convertida en la primera prueba de fuerza entre el nuevo Gobierno, que tomó posesión hace diez días, y las organizaciones sociales y de izquierda.

“El que corta no cobra” es el mensaje desplegado en grandes pantallas en las estaciones de la capital de Argentina, un país donde el 40 % de la población es pobre. La advertencia, que ya anticipó Javier Milei el pasado día 10 durante el discurso de su investidura presidencial, tiene como objetivo de desalentar la primera protesta social que afronta el ultraliberal Javier Milei llegó al poder.

Además, hay controles policiales “preventivos” en estaciones y en algunos accesos a la capital argentina, en línea con un nuevo protocolo de seguridad que prohibe los cortes de las vías públicas, señaló en rueda de prensa el portavoz del Gobierno, Manuel Adorni.

El vocero presidencial denunció que hay organizaciones sociales que están obligando a los beneficiarios de los planes asistenciales a acudir a la marcha, amenazándolos con quitarles parte de los beneficios sociales e imponerles “algún tipo de multa”.

Hasta ahora, en Argentina, los planes sociales con recursos públicos son administrados en buena medida por estos colectivos, que hacen de intermediarios centre el Estado y la población necesitada. El nuevo Gobierno de Javier Milei ha denunciado esta práctica, que pretende erradicar.

Hasta las 10:30 hora local (13:30 GMT), el Gobierno había recibido 8.900 denuncias de trabajadores contra dirigentes locales de estas organizaciones sociales, conocidos popularmente como “punteros”, en la línea telefónica que ha habilitado con este propósito.

Las denuncias contienen “datos relevantes de nombres y organizaciones que sirven para asignar responsabilidades en términos penales”, indicó Adorni, quien adelantó que el Gobierno presentará “en breve” una acción judicial.

Las 80 organizaciones convocantes de la manifestación de este miércoles pretenden reunir alrededor de 50.000 personas en Buenos Aires y marchar desde el Congreso hasta la céntrica Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada (sede de la Presidencia), para protestar contra el severo ajuste anunciado por el mandatario ultraliberal.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó este miércoles en una entrevista en el canal de televisión TN que las personas pueden manifestarse en plazas y veredas, pero enfatizó que “las calles no se cortan”.

El protocolo del cual ella es la artífice permite la intervención de las fuerzas de seguridad para levantar los cortes de calles sin necesidad de una orden judicial, así como la identificación de los participantes en los piquetes.

La Justicia argentina desestimó el pedido de “habeas corpus preventivo” presentado por el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y otras organizaciones sociales contra el protocolo de seguridad del Gobierno de Javier Milei, que este miércoles afronta una jornada de protestas convocada contra las medidas de ajuste económico que ha anunciado.

La decisión del juez fue celebrada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien aseguró en redes sociales que el protocolo que prohíbe los cortes de calles es “completamente legal”, a pocas horas de que arranque la primera gran manifestación de la era Milei, quien asumió la presidencia hace diez días.

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“Solo quienes ignoran la ley y viven fuera de ella podían pensar lo contrario (que no es legal)”, escribió Bullrich en redes sociales.

El pedido de “habeas corpus” firmado por Pérez Esquivel buscaba dejar sin efecto el protocolo de seguridad, al considerar que afecta a “la libertad ambulatoria e integridad física” de las personas que proyectan manifestarse hoy.

La norma, presentada la semana pasada por Bullrich, prevé la intervención sin necesidad de orden judicial de fuerzas federales contra los piquetes que corten el tránsito en las vías públicas, así como la identificación de quienes participen en esas acciones.

Además, el protocolo establece que las organizaciones responsables por los cortes deberán cubrir los costos del operativo de seguridad desplegado para despejar las calles.

La medida ha recibido el rechazo de organizaciones de derechos humanos en Argentina y del relator especial de la ONU para la Libertad de Asociación, Clément Voule, quien ha dicho que la iniciativa de Bullrich, que también fue ministra de Seguridad durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), “criminaliza la protesta pacífica” y otorga “poder ilimitado” a las fuerzas de seguridad.

Las ochenta organizaciones convocantes de la manifestación de este miércoles pretenden reunir alrededor de 50.000 personas en Buenos Aires y marchar desde el Congreso hasta la céntrica Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada (sede de la Presidencia), para protestar contra el severo ajuste anunciado por el mandatario ultraliberal.

Bullrich insistió este miércoles en una entrevista en el canal de televisión TN que las personas pueden manifestarse “las veces que quieran” en plazas y veredas, pero enfatizó que “las calles no se cortan”.

Las nuevas autoridades argentinas han advertido, mediante anuncios en las estaciones de metro, que quienes interrumpan el tránsito en las vías públicas perderán su derecho a percibir recursos procedentes de los planes sociales.

En Argentina, donde existe un 40 % de pobreza, cuatro de cada diez familias recibe algún tipo de ayuda social.

Diferentes organizaciones sociales y movimientos piqueteros marcharán hoy, miércoles 20 de diciembre, por primera vez en contra del gobierno del presidente Javier Milei y sus medidas de ajuste económico para atenuar la crisis que azota a Argentina. Pese a que lleva 10 días de haber asumido la presidencia de su país, el mandatario argentino afrontará su primera gran movilización en contra por parte de diferentes organizaciones multisectoriales.

La marcha ha sido anunciada para las 16 horas (locales) desde la sede del Congreso hasta la Plaza de Mayo. Algunas de las avenidas por las que se desplazarán los manifestantes son la Avenida de Mayo, así como las Diagonales Norte y Sur.

El gobierno anunció que se les quitarán los programas de asistencia social a quienes participen en protestas con cortes de calle, en vísperas de la primera manifestación en la presidencia de Javier Milei.

“Los únicos que no van a cobrar (los programas de ayuda) son los que vayan a la marcha y corten la calle”, advirtió Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, en una alocución.

Su declaración fue hecha dos días antes de una tradicional manifestación que conmemora a los 39 muertos en las protestas del 19 y 20 de diciembre en 2001, año de la peor crisis económica, social y política que vivió el país.

Pettovello también apuntó contra los organizadores de las manifestaciones. “Informamos que todos aquellos que hayan promovido, instigado, organizado o participado de los cortes perderán el diálogo con el ministerio de Capital Humano”, un nuevo despacho que engloba los anteriores de Educación, Cultura, Trabajo y Desarrollo Social.

“El que corta no cobra”, enfatizó al repetir el enunciado de Milei en su discurso de investidura el pasado 10 de diciembre.

En Argentina existe una gran cantidad de planes de asistencia social. Algunos de estos se cobran de forma directa, en la cuenta bancaria del beneficiario. Otros se reciben a través de una organización que funciona de intermediaria entre el Estado y el ciudadano.

La ministra anunció que comenzarán a auditar a las organizaciones sociales y que se irá hacia un proceso que elimine la intermediación.

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Además, como ya lo había hecho el ministro de Economía, Luis Caputo, ratificó que se duplicará la ayuda para las familias con hijos menores de edad y aumentará un 50% el auxilio para compra de alimentos, dos asignaciones destinadas a la población más vulnerable.

Los anuncios de Pettovello se dan luego de que la semana pasada la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentara el Protocolo de Orden Público, conocido como “Protocolo Antipiquetes”, que tiene como objetivo impedir que se corte el tránsito por manifestaciones.

Además de prever el uso de la Policía Federal, la Gendarmería Nacional, la Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, el protocolo contempla que los convocantes de las manifestaciones paguen los costos del operativo.