Centenares de personas se congregaron este sábado en varias ciudades de Chile para protestar por la muerte de un malabarista que recibió disparos supuestamente de un agente en la tarde del viernes en el sur del país, un episodio que desató una nueva ola de críticas contra la Policía.
Incidentes y enfrentamientos entre uniformados y manifestantes se registraron en la tarde de este sábado en el capitalino barrio de Ñuñoa y en la ciudad de Concepción, en la sureña región del Bíobio, donde un grupo de artistas callejeros se reunieron para protestar contra la Policía y el Gobierno chileno.
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Un grupo de agentes policiales abordó en la tarde del viernes a un artista callejero, Francisco Martínez, para realizar un control de identidad, en la localidad de Panguipulli, en la sureña región de Los Ríos, 800 kilómetros al sur de la capital.
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Según muestran imágenes difundidas en de redes sociales, tras una discusión, uno de los agentes apunta con un arma de fuego a la víctima, quien arremete y desenvaina dos largos cuchillos de su espectáculo artístico, lo que provoca la reacción del uniformado que percuta cinco disparos que causan la muerte del malabarista.
Según informaron las autoridades, el uniformado, un agente del cuerpo policial de Carabineros, fue detenido horas después de los hechos y será formalizado el próximo lunes, 8 de febrero.
Las manifestaciones de este sábado fueron disuadidas por un gran contingente policial, botes de gas lacrimógeno y carros lanza-aguas y dejaron un saldo de 6 detenidos, todos ellos en la sureña localidad de Concepción.
En la víspera también se produjeron graves incidentes en Panguipulli, donde grupos de manifestantes levantaron barricadas al tiempo que fueron incendiados un total de diez edificios de instituciones públicas, entre ellos el ayuntamiento, que fue consumido por las llamas.
El alcalde de Panguipulli, Rodrigo Valdivia, denunció una “negligencia” por parte de Carabineros e insistió en que la víctima era una persona “pacífica y respetuosa” conocida en la localidad.
El cuerpo de Carabineros, cuestionado por la brutalidad con la que reprimió las protestas de 2019 contra la desigualdad, indicó en una declaración que los agentes actuaron en “legítima defensa propia”.
Este episodio desató una ola de críticas hacia esta institución policial por parte de la oposición y de las organizaciones de derechos humanos, que reiteraron la “urgencia” de refundar el cuerpo policial e hicieron un llamado a hacer un uso de la fuerza “racional y proporcional”.
Chile vivió a finales de 2019 la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con una treintena de muertos y miles de heridos, además de señalamientos por violaciones a los derechos humanos hacia las fuerzas de seguridad.
Las críticas contra el cuerpo policial, otrora bien valorado por la ciudadanía, se intensificaron el pasado octubre, a pocos días del primer aniversario del estallido social, cuando un agente lanzó a un menor al cauce de un río durante una protesta.
OLA DE CRÍTICAS
Los hechos despertaron una ola de críticas en la oposición y en las organizaciones de derechos humanos, que reiteraron la “urgencia” de refundar el cuerpo policial, al tiempo que en las redes sociales las etiquetas #PacosAsesinos (nombre despectivo y popular con el que se conoce a los Carabineros) y #NuevaPolicíaParaChile fueron dos de las más compartidas.
”Dijimos que Carabineros actúa con intención de dañar, eso debe detenerse. Que se debe romper la tradición de impunidad, incluyendo toda la línea de mando. Que es necesaria una reforma profunda y estructural. Lo de Panguipulli muestra una vez más que teníamos razón”, indicó en Twitter la directora en Chile de la ONG Amnistía Internacional, Ana Piquer.
El autónomo Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) manifestó agregó que “es de suma importancia que el uso de la fuerza sea racional y proporcional”.
Chile vivió a finales de 2019 la crisis social más grave desde el fin de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con una treintena de muertos y miles de heridos, además de señalamientos por violaciones a los derechos humanos hacia las fuerzas de seguridad.
Las críticas contra el cuerpo policial, otrora bien valorado por la ciudadanía, se intensificaron el pasado octubre, a pocos días del primer aniversario del estallido social, cuando un agente lanzó a un menor al cauce de un río durante una protesta.
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