Bolivia vive su quinto día de paro nacional en protesta por un paquete de leyes aprobadas por el Gobierno de Luis Arce. Ciudades como Santa Cruz, Potosí, Tarija, Cochabamba, Oruro, Trinidad, La Paz o Sucre han sido escenario de bloqueos, incidentes y enfrentamientos entre opositores a las medidas, defensores del oficialismo y fuerzas del orden.
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Hasta el momento se ha confirmado la muerte de una persona y 63 heridos en el marco de las protestas, según la Defensoría del Pueblo.
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Las manifestaciones se originaron en contra de la Ley 1386, llamada Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, pero mejor conocida como “ley madre”.
Esta norma fue aprobada en agosto y, en principio, se supone que está destinada a combatir el lavado de dinero. Sin embargo, quienes se oponen a ella denuncian que le brinda un poder indebido al Estado y vulnera el derecho de los ciudadanos, puntualmente el de secreto bancario.
En ese sentido, las protestas han sido apoyadas por un amplio abanico de grupos sociales, desde gremios y sindicatos hasta organizaciones como el Comité Nacional por la Defensa de la Democracia (Conade) o la Confederación de Cooperativas de Bolivia (Concobol), hasta hace poco un tradicional aliado del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS).
“Lo que pasa es que hay mucha gente que no se siente cómoda con la posibilidad de que se apruebe esta ley porque tiene un conjunto de medidas que restringen las libertades y le dan a ciertas entidades estatales demasiado poder para controlar las finanzas de las personas. El problema de fondo está en la muy baja confianza que tienen las instituciones del aparato judicial en Bolivia. La gente no está cómoda dándole más poder a las fiscalías porque ven que no tiene un funcionamiento independiente ni transparente”, explica a El Comercio Daniel Moreno, sociólogo, politólogo e investigador de la ONG boliviana Ciudadanía.
Cabe recordar que desde la crisis del 2019, que terminó causando la renuncia de Evo Morales a la presidencia y su huida del país luego de varias jornadas de violentas manifestaciones callejeras, la sociedad boliviana parece haber quedado fragmentada entre quienes apoyan al MAS y quienes se oponen a él.
EL PRESIDENTE PIDE APOYO
Estas nuevas protestas sociales llegan justo tras cumplirse el primer año de gobierno de Luis Arce, desnudando sus falencias en los intentos por reconciliar al país.
Según un sondeo realizado por la encuestadora boliviana Datacción en septiembre, el 47,7% de quienes votaron por Arce en el 2020 consideran que está haciendo “poco” o “nada” por buscar reunificar a la sociedad.
Este jueves 11, durante un acto celebrado en Cochabamba, bastión del MAS, Arce le pidió a sus seguidores “unidad” y apoyo para lo que califica como un intento de “golpe de Estado”.
Para el actual Gobierno, las movilizaciones son motivadas por la ultraderecha boliviana que busca sacar al MAS del poder. El líder histórico de dicho partido, Evo Morales, respaldó al mandatario y pidió a sus bases que lo protejan de los intentos golpistas.
“El Gobierno me parece que no ha hecho los intentos por negociar y coordinar la aprobación de esta ley con distintos sectores sociales, ese es el origen del conflicto. Por supuesto, también es una oportunidad tanto para el Gobierno como para la oposición, más allá de la demanda específica por la ley, para probar fuerzas. Tras un año de gobierno de Arce quieren probar cuánta fuerza tiene cada uno en la calle. Por eso los sectores sociales movilizados se acaban enfrentando con otros que han pedido la defensa del Gobierno. Se ha convertido en una pulseada para ver cuánto apoyo callejero pueden tener en estos momentos”, considera Moreno.
Para el politólogo de la Universidad Católica de Bolivia Marcelo Arequipa, el gran riesgo para el gobierno es que entre sus filas también encuentra opositores a la mentada ley.
“Las movilizaciones tienen un impacto muy negativo porque se ha abierto una grieta en su gobernabilidad, en la cual además están sus propios aliados del MAS”, asegura.
Al igual que Moreno, Arequipa señala que el problema con la ley no es el fin original de combatir al enriquecimiento ilícito, sino cómo puede llevar a que la justicia sea instrumentalizada en favor del gobierno de turno.
“La ley puede estar, en términos racionales, bastante bien sujeta al contexto mundial. Pero el problema es de percepción. Todo indica, para la gente, que cualquier medida que se quiera implementar en la justicia será una carta favorable para que quien tenga el poder pueda manipularla. La percepción es más fuerte que el argumento racional en este caso”, explica.
LOS FANTASMAS DEL 2019
Las protestas constantes, los enfrentamientos en las calles, la participación de los denominados comités cívicos que terminaron acelerando la salida de Morales en el 2019 y la poca capacidad de gestión de crisis mostrada por Arce reviven en Bolivia temores de que la situación escale hasta un punto similar al de hace dos años.
“Es posible que escalen a un nivel similar ( al del 2019). Depende mucho de la capacidad de gestión del conflicto de parte del Gobierno. Hasta el momento no han mostrado la voluntad de negociar, sino más bien de confrontar a la gente en las calles. No sé si es posible que las cosas escalen hasta la renuncia del presidente, pero me temo que sí se pueden dar distintos enfrentamientos entre ciudadanos movilizados”, remarca Moreno.
Arequipa, por su parte, más allá de compararla con la crisis del 2019, hace hincapié en el poco tiempo que Arce lleva al frente del Gobierno.
“Estamos en un punto bastante complicado, no es necesariamente lo mismo que en el 2019. Debería llamar la atención porque es su primer año de gestión y ya tiene un problema muy grande. Más que revivir lo del 2019, yo resaltaría que tenga un reto tan grande en su primer año de gestión, eso lleva a que el llamado del MAS a defender al Gobierno conduzca a niveles de tensión mucho mayores”, advierte.
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