El excomandante paramilitar Salvatore Mancuso reconoció este martes ante el tribunal de paz de Colombia que los escuadrones de ultraderecha que dirigía a finales de los 1990 tenían orden de asesinar al entonces líder de izquierda y ahora presidente Gustavo Petro.
Desmovilizados en 2006 bajo un acuerdo con el gobierno del derechista Álvaro Uribe (2002-2010), estos sangrientos ejércitos sembraron terror en su lucha a sangre y fuego contra las guerrillas izquierdistas y operaban con apoyo de algunos miembros de la fuerza pública.
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Petro, un exrebelde del M-19 que depuso las armas en 1990, y otros líderes de izquierda “fueron parte de los objetivos militares” de las llamadas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), admitió Mancuso en su último de cuatro días de comparecencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), un tribunal encargado de investigar los peores crímenes del conflicto colombiano.
Por videoconferencia desde una prisión de Estados Unidos, el exjefe paramilitar aseguró que un directivo del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), la unidad de inteligencia de la época, fue quien les dio la orden de asesinar al hoy mandatario.
Mancuso fue extraditado en 2008 cuando estaba dando su versión sobre los crímenes cometidos en el marco del proceso de paz con las AUC. El excomandante colombo-italiano fue condenado en EE.UU. a más de 15 años de prisión y ahora busca acogerse a la JEP con miras a obtener beneficios como penas alternativas a la cárcel en su eventual regreso a Colombia.
El presidente Petro reaccionó a sus declaraciones en Twitter.
“Según Mancuso, José Miguel Narvaéz desde el DAS ordenó asesinarme. El DAS ponía mis escoltas. De las operaciones en mi contra logramos información previa sin ayuda de los gobiernos y logramos frenarlas”, aseguró el primer mandatario de izquierda de Colombia.
El DAS se disolvió en 2011 por un escándalo de espionaje a jueces, opositores y defensores de derechos humanos bajo el gobierno Uribe.
Mancuso, de 58 años, terminó este martes su comparecencia ante la JEP, y antes del 30 de junio debe presentar pruebas que respalden su versión. El tribunal surgido del acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC en 2016, decidirá luego si el exparamilitar es elegible o no para acogerse esa justicia especial.
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Para ello la JEP le exigía a Mancuso “demostrar que actuó como ‘bisagra’ o punto de conexión entre los paramilitares y la fuerza pública” durante el conflicto interno.
El excomandante insistió en la complicidad de la Policía, el Ejército, la clase política y un sector de la prensa en los crímenes de las AUC.
Unos 30.000 paramilitares depusieron los fusiles en 2006. Según el Centro de Memoria Histórica son responsables de más de 94.000 muertes durante en la prolongada guerra interna en Colombia.
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