:quality(75)/s3.amazonaws.com/arc-authors/elcomercio/93c6705a-383e-4c88-9cc8-b509a61a7170.png "Ana Cecilia Gervasi Díaz")
Resulta difícil de entender que, habiendo pasado cinco meses desde los sucesos del 7 de diciembre, los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y Colombia, Gustavo Petro, insistan en negar el golpe de Estado perpetrado por el expresidente Pedro Castillo y la sucesión constitucional en el Perú. Y que, asimismo, hayan llevado los históricos vínculos de amistad y cooperación que nos unen con ambos países a un lamentable deterioro.
La comunidad internacional en su conjunto fue categórica en denunciar y rechazar el quebrantamiento del orden constitucional del pasado 7 de diciembre. Las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenaron este hecho.
La CIDH, en su comunicado emitido el 8 de diciembre último, rechazó la decisión de Castillo Terrones por considerarla contraria al orden constitucional, al tiempo que reconoció la respuesta democrática de las instituciones del Estado Peruano. En su “Informe sobre la situación de los derechos humanos en el Perú”, presentado hace pocos días, la CIDH ha ratificado esta posición calificando dicho acto como una ruptura del orden constitucional.
No obstante, dichos mandatarios han continuado irresponsablemente con su posición de apoyo al expresidente golpista, que adicionalmente se encuentra en un proceso de investigación por graves hechos de corrupción. Ello muestra, una vez más, el sesgo ideológico con el que orientan sus posiciones, las que van en contra de los principios establecidos en la Carta de la OEA y en la Carta Democrática Interamericana, en los que los países de la región nos comprometimos a promover y defender la democracia.
El mandatario mexicano ha llevado aún más lejos esta posición al negarse a entregar a la presidenta constitucional del Perú, Dina Boluarte, la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico, que le corresponde por legítimo derecho.
Al bloquear los trabajos de la Alianza del Pacífico, sin embargo, el presidente mexicano está también bloqueando la posibilidad de que sus propios ciudadanos se beneficien de los avances de este mecanismo de integración, de lo que deberá rendir cuentas llegado el momento.
En este sentido, saludamos las recientes declaraciones del canciller de Chile, Alberto van Klaveren, que no solo ha respaldado el derecho que le corresponde a nuestro país de ejercer la presidencia pro témpore de la Alianza del Pacífico, sino que además ha destacado la importancia de preservar el bloque de integración superando las diferencias que puedan existir.
El traspaso de la presidencia de la Alianza del Pacífico no es una concesión, sino una obligación. Por ello, el Perú no renunciará a ejercer la misma de conformidad con los acuerdos vigentes y con las normas del derecho internacional.
En la actual coyuntura regional, caracterizada por múltiples y complejos problemas sociales de todo orden, resulta prioritario generar convergencias entre nuestros países a fin de enfrentar conjuntamente estos desafíos que afectan gravemente a nuestras poblaciones. Para ello se requieren liderazgos firmes y comprometidos con los valores y principios que rigen nuestra convivencia democrática y que, con una visión desideologizada de la realidad, sean capaces de priorizar las necesidades reales de la gente.
